El Gobierno cruzó a Geuna por los videos en la Rosada: "Mintieron, grabaron a escondidas y violaron el reglamento"
El conflicto entre la Casa Rosada y la prensa alcanzó un punto de ebullición inédito. El Gobierno lanzó un contraataque brutal contra la periodista Luciana Geuna, acusándola de mentir públicamente y de orquestar una grabación clandestina dentro del palacio presidencial. Lejos de calmar las aguas, la respuesta oficial desarmó punto por punto la defensa de la conductora de TN y justificó la polémica decisión de prohibirle el ingreso a todos los acreditados.
A través de la cuenta "Oficina de Respuesta Oficial", el Ejecutivo publicó un comunicado que enumeró cinco motivos para refutar la versión periodística. El dardo principal apuntó a la metodología de espionaje utilizada por el equipo de noticias: los funcionarios cuestionaron por qué, si realmente contaban con el permiso que dicen tener, los cronistas eligieron grabar con anteojos inteligentes ocultos para esconder lo que estaban haciendo.
El texto gubernamental aclaró que cualquier habilitación para filmar el interior de la Casa Rosada requiere obligatoriamente una nota escrita por vía formal.. Además, apuntaron directamente contra Ignacio Salerno, el periodista que caminó por los pasillos, recordando que al presentar el material en vivo admitió que "asumieron un riesgo", dejando en evidencia que conocían las reglas y las posibles consecuencias.
Otro punto crítico del descargo se enfocó en los espacios vulnerados durante el recorrido. Según las autoridades, las imágenes difundidas corresponden a áreas restringidas del edificio y no a sectores de libre tránsito. Como agravante, desde el oficialismo alertaron que Geuna presentó el segmento como "Capítulo I" y reconoció tener más material en su poder, lo que demuestra que no se trató de un hecho aislado.
Para respaldar la ofensiva, el Gobierno difundió los artículos exactos del Reglamento Interno que los propios periodistas firmaron al recibir sus credenciales. El documento estipula como "falta grave" el registro de videos o fotografías en espacios no autorizados, y advierte claramente que la acumulación de estas infracciones o cualquier conducta temeraria es causal suficiente para revocar el acceso y la acreditación.
La estructura comunicacional del oficialismo fue categórica en su cierre: afirmaron que no hubo ninguna autorización formal y que los involucrados violaron deliberadamente las normas pactadas. Con este fuerte argumento, la Casa Rosada avaló su embestida judicial y blindó la decisión de clausurar el ingreso de los cronistas.
El contragolpe oficial llegó apenas horas después de que Geuna rompiera el silencio en su programa ¿Y mañana qué?. En un intento por bajarle el tono a la polémica, la periodista aseguró que buscaron armar un informe "inocente" sobre la interna política y negó cualquier carácter clandestino. Se defendió diciendo que avisaron previamente a los funcionarios de Prensa y que las imágenes mostraban lugares de circulación común, visibles hasta en Google Street View.
Sin embargo, el oficialismo no compró esa versión y subió la apuesta. La diputada Lilia Lemoine tildó de “mentira” la supuesta autorización y acusó al canal de querer ensuciar a un funcionario. En paralelo, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para replicar y avalar mensajes que denunciaban un acto de "espionaje" y exigían mantener la sala de prensa cerrada por cuestiones de estricta seguridad nacional.
Ahora, el escándalo ya se instaló en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia penal, impulsada bajo la órbita de la Casa Militar por exponer información estratégica, recayó en el juzgado de Ariel Lijo. La causa vincula a los comunicadores con la supuesta divulgación de secretos políticos y militares, llevando el nivel de fricción entre el Poder Ejecutivo y los medios a un escenario judicial sin precedentes.
