El fin del modelo: por qué la economía debe ser social para salvar la democracia
El reciente encuentro de la Movilización Progresista Global en Barcelona reunió a líderes políticos, responsables de políticas y activistas de todo el mundo, unidos por una preocupación compartida: la democracia está bajo ataque. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo describió como un esfuerzo colectivo para enfrentar el auge global del autoritarismo, mientras que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió reconstruir el multilateralismo y "volver a situar la justicia social en el centro de la agenda global".
Más allá de estas declaraciones, la reunión señaló un consenso emergente de que defender la democracia liberal requiere repensar sus fundamentos económicos. Como observó Lula, la democracia no puede sobrevivir a menos que mejore el nivel de vida de las personas.
Bajo ese sentimiento subyace el reconocimiento de que nuestro sistema económico actual —basado en el libre mercado, la intervención gubernamental limitada y la primacía de la elección individual— ha fracasado en generar prosperidad compartida o sostener la gobernanza democrática. Cada vez más, su supervivencia depende de la coerción y las prácticas autoritarias. Por lo tanto, un discurso pro-democracia que busque preservar el statu quo corre el riesgo de profundizar la crisis.
El modelo económico prevaleciente ha erosionado el empleo estable, debilitado las protecciones laborales y privatizado servicios públicos esenciales, dejando a grandes sectores de la sociedad expuestos y vulnerables. Para muchos, esto ha significado trabajo precario, aumento del costo de vida y disminución de perspectivas. El resultado no ha sido solo penuria económica, sino también un profundo sentimiento de abandono y resentimiento.
Este descontento económico ha tenido consecuencias políticas de gran alcance. Cuando la democracia liberal no logra proporcionar bienestar material, protecciones sociales y un sentido de justicia, las fuerzas antidemocráticas, particularmente en la extrema derecha, canalizan la frustración y la ira popular hacia los migrantes, las minorías y enemigos imaginarios. Al mismo tiempo, los movimientos autoritarios se presentan como vehículos para impulsar agendas económicas que ya no dependen del consentimiento de los trabajadores, sino de la coerción.
En el corazón de este modelo fallido se encuentra el poderoso mito de que los mercados son árbitros neutrales del mérito, que recompensan a los individuos según su esfuerzo y talento. La desigualdad no se trata como un problema, sino como un motor de eficiencia e innovación. Sin embargo, a medida que las disparidades de ingresos y riqueza aumentan y las oportunidades se reducen, la narrativa comienza a desmoronarse, y la gente cuestiona cada vez más cómo se dividen las recompensas económicas y pierde la confianza en la equidad de las reglas del juego.
Para defender la democracia, debemos dejar de tratar los síntomas y abordar las causas subyacentes de la crisis actual. Durante su presidencia del G20, Sudáfrica ha dado un paso importante en esta dirección al convocar al Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global, presidido por el economista premio Nobel Joseph Stiglitz. Tratando la desigualdad como un riesgo sistémico tanto para la estabilidad económica como para la democracia, el Comité ha propuesto la creación de un organismo internacional permanente para apoyar una acción global coordinada.
Siguiendo el modelo de instituciones como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, un organismo de este tipo podría consolidar evidencia, rastrear tendencias globales y dar forma a los debates sobre políticas. También podría servir como plataforma de coordinación entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, complementada por paneles nacionales de desigualdad que traduzcan los conocimientos globales en estrategias específicas para cada país. Estos esfuerzos deberían incluir evaluaciones sistemáticas del impacto distributivo de las políticas públicas y un seguimiento cercano de la dinámica del mercado laboral.
La era del desorden global: por qué las viejas reglas del juego ya no funcionan en un mundo en crisis
Cumplir con esta agenda requiere un cambio estructural hacia mercados laborales justos e inclusivos. Los salarios mínimos sólidos, el empleo estable y la negociación colectiva no son meros instrumentos de política; son instituciones democráticas que garantizan la seguridad y la agencia individual. En términos más amplios, reconstruir la democracia requiere restaurar el papel del Estado en la provisión de bienes públicos esenciales como la educación, la salud y la vivienda.
La transición hacia una economía justa exige un nuevo modelo de desarrollo que alinee el progreso económico con la inclusión social y las prioridades ambientales. Durante demasiado tiempo, la idea de la planificación económica ha sido descartada por considerarse obsoleta. Pero el desarrollo es un proyecto político deliberado, no el resultado inevitable de mercados que funcionan bien. La inversión pública y la política industrial son fundamentales para configurar economías sostenibles y dirigir los recursos hacia objetivos colectivos.
Al promover una alternativa clara y convincente a las prioridades políticas prevalecientes, la Movilización Progresista Global ofrece una oportunidad única para ir más allá de la retórica y promover un modelo económico que reduzca la desigualdad, proteja el planeta y fortalezca las instituciones públicas. La respuesta al resurgimiento actual del autoritarismo no es remendar un sistema roto, sino abrazar una visión progresista audaz y unificadora.
La democracia no puede sobrevivir solo mediante procedimientos. Necesita una base de igualdad, seguridad y prosperidad compartida. De lo contrario, terminaremos donde estamos ahora.
(*) Pedro Rossi es vicepresidente y economista jefe del Global Fund for a New Economy.
