Reforma laboral: la CGT pidió apartar a los camaristas que restablecieron la vigencia de la nueva ley
También solicitó la nulidad de la resolución de la Cámara que restableció la vigencia de 83 artículos que habían sido suspendidos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió apartar a los camaristas del fuero laboral que suspendieron la medida cautelar que frenó gran parte de los artículos de la reforma laboral. También pidió la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que restableció la vigencia de la nueva ley. “Estamos ante un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”, aseveraron respecto de uno de los magistrados.
La central obrera recusó a los jueces de la Sala VIII del tribunal, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, en el expediente originado en la presentación de la CGT contra el Estado Nacional.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió la semana pasada modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa en la que la CGT pidió la inconstitucionalidad de la reforma. Así el tribunal de apelaciones restableció la vigencia de 83 artículos que habían sido frenados por el juez Raúl Ojeda.
El camarista Pesino recibió el viernes una buena noticia: el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender la permanencia del camarista que estaba a punto de cumplir 75 años, por cinco años más. En otro escrito, la CGT pidió la nulidad de la resolución de la Cámara.
El Estado había apelado la decisión del juez Ojeda que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma. El recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación.
Frente a ello, el Estado interpuso la queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo, a lo que accedió la Cámara.
La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado.
Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales.
Los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones.
Los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello, al frente de la disputa judicial contra la reforma laboral.
Al plantear la recusación, la CGT advirtió sobre el beneficio que recibió uno de los jueces de la Cámara. “Asociación de beneficios mutuos” entre un magistrado y el Poder Ejecutivo, manifestó la central obrera en un duro escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusó a integrantes de la Sala VIII, pidió la nulidad de una resolución clave y, en subsidio, solicitó su revocatoria.
El planteo apunta directamente contra la decisión que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado nacional contra una medida cautelar que había frenado aspectos de la reforma laboral.
En el escrito, la central obrera sostiene que el pronunciamiento cuestionado “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia y sobre la base de manifiestos yerros”, lo que —según advierte— genera un “gravamen irreparable” para los trabajadores.
Uno de los ejes del planteo es la recusación del juez Víctor Arturo Pesino. La CGT afirma que su intervención está “viciada por haber recibido un beneficio de importancia por el Estado Nacional”, en alusión al impulso oficial para extender su permanencia en el cargo tras cumplir 75 años.
En ese sentido, el escrito es categórico: la situación “no solo constituye una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento”, y advierte sobre una posible “asociación de beneficios mutuos” entre el magistrado y el Poder Ejecutivo. “Estamos ante un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”, aseveraron.
La central también cuestiona a la vocal María Dora González, a quien junto con Pesino acusa de haber “prejuzgado” sobre el fondo del asunto al resolver sobre la cautelar antes de que el expediente llegara formalmente a su conocimiento.
Otro de los puntos centrales es el pedido de nulidad absoluta de la resolución dictada el 23 de abril. Según la CGT, la Sala VIII carecía de competencia para intervenir, ya que la causa debía tramitar ante otra sala por aplicación del principio de prevención.
“El acto es nulo de nulidad absoluta”, sostiene el escrito, al tiempo que remarca que la decisión fue adoptada “sin correr traslado” a la parte actora, lo que vulneró el derecho de defensa.
En esa línea, la organización sindical denuncia una “manifiesta parcialidad hacia el Estado Nacional” y cuestiona la “premura” con la que se dictó la resolución.
La CGT también apunta contra los fundamentos de la decisión judicial. En particular, rechaza que se haya otorgado efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que dejó sin efecto práctico la medida cautelar que protegía derechos laborales.
“Nos cuesta imaginar por qué razón estos jueces consideran que los trabajadores no son socialmente vulnerables”, señala el escrito, en referencia a la interpretación de la ley de medidas cautelares contra el Estado.
Además, advierte que el criterio adoptado “haría desaparecer la justicia cautelar”, al permitir que una apelación paralice automáticamente cualquier medida de protección urgente.
El trasfondo del conflicto es la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según la CGT, la aplicación inmediata de esas normas genera “daños tangibles” al afectar derechos constitucionales, como la protección contra el despido, la libertad sindical y el derecho de huelga.
El escrito detalla que la reforma introduce modificaciones regresivas, como la reducción de indemnizaciones, limitaciones a la acción sindical y restricciones a la negociación colectiva.
Finalmente, la central obrera dejó planteado el caso federal para acudir a la Corte Suprema y anticipó que podría recurrir a organismos internacionales.
En ese marco, advirtió que están en juego “derechos de máxima raigambre constitucional”, entre ellos la tutela judicial efectiva, la libertad sindical y el debido proceso.
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