América Latina no debe abrirle la puerta a Emposat: la señal de alarma que llega desde Irán

Durante años, muchos gobiernos de América Latina y el Caribe trataron las estaciones terrestres satelitales chinas como infraestructura comercial, casi técnica, casi inocua. Esa comodidad se volvió insostenible esta semana. Según una investigación del Financial Times, Irán habría adquirido en 2024 un satélite espía chino y habría recibido acceso a estaciones terrestres operadas por Emposat para vigilar bases de Estados Unidos en Oriente Medio durante la guerra regional. El gobierno de China negó la versión, y la propia empresa aseguró que nunca otorgó acceso alguno al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero incluso con esas negativas, la advertencia estratégica ya está delante de nosotros: una red “comercial” de apoyo satelital puede convertirse en un multiplicador de inteligencia militar.

El problema no es solo el episodio iraní. De acuerdo con su propio sitio, Emposat ofrece servicios de telemetría, seguimiento y comando, manejo de satélites en órbita, recepción de datos y soluciones integrales de estaciones terrestres; además, afirma haber construido una red global con más de 60 estaciones, haber prestado servicios a más de 370 satélites y cohetes, y contar con sucursales incluso en Sudamérica.

Por eso el caso de Irán debe entenderse como una advertencia para el hemisferio occidental. Si una empresa de este perfil aparece ligada —aunque sea de manera disputada— a una arquitectura de vigilancia empleada por un actor hostil para observar activos militares, la discusión en América Latina ya no puede limitarse a si un proyecto genera empleos, antenas o “conectividad”. Debe centrarse en si esa infraestructura puede servir mañana para recopilar inteligencia, transferir datos sensibles o dar apoyo técnico a una red estratégica más amplia de Beijing. Eso es exactamente lo que varios informes oficiales y de inteligencia vienen señalando sobre la expansión espacial china en el extranjero.

Tampoco sería la primera vez que la creciente proyección espacial china aparece rozando conflictos armados. En abril de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la firma china Chang Guang Satellite Technology estaba apoyando ataques hutíes contra intereses estadounidenses mediante imágenes satelitales. Y en África, una amplia investigación de Reuters documentó que China no solo dona satélites, telescopios y estaciones, sino que además mantiene acceso a datos e imágenes recolectados por esa infraestructura y presencia permanente de personal chino en las instalaciones que construye.

Ese patrón encaja con la ambición nacional declarada de China. El libro blanco oficial de 2021 de su programa espacial afirma que la industria espacial es un “elemento crítico” de la estrategia nacional y destaca entre las áreas prioritarias los sitios de lanzamiento y las capacidades de telemetría, seguimiento y comando. Más recientemente, Reuters informó que la gran contratista estatal CASC se ha fijado la meta de convertir a China en una “potencia espacial líder mundial” para 2045; el país mantiene además la meta de llevar astronautas a la Luna antes de 2030 y avanzar en una base lunar permanente en la década de 2030. Emposat debe leerse dentro de esa arquitectura mayor: no como una anomalía comercial, sino como una herramienta de una estrategia nacional de largo plazo.

Aún más revelador es que, en 2025, la Administración Espacial Nacional de China aprobara un plan para acelerar el desarrollo del sector comercial espacial y poner a disposición de empresas privadas instalaciones estatales de prueba, calibración y telemetría, integrando de forma explícita el vuelo espacial comercial dentro del marco general del desarrollo espacial nacional. Ese mismo año, la nueva política china hacia América Latina y el Caribe prometió profundizar el intercambio militar, la cooperación en ciberseguridad y otros mecanismos de seguridad con la región. Vista en conjunto, esta documentación oficial deja muy poco espacio para la ingenuidad: las fronteras entre lo comercial, lo estatal y lo estratégico están siendo deliberadamente borradas por Beijing.

Para entender por qué Emposat importa, hay que recordar algo elemental: un satélite vale poco sin una red terrestre que lo controle, reciba sus datos y mantenga el enlace con él. Las estaciones de telemetría, seguimiento y comando no son accesorios; son la condición de posibilidad de la operación satelital. La propia empresa se presenta como proveedora internacional de servicios de estaciones terrestres, transmisión y procesamiento de datos, además de hardware y software vinculados al segmento terrestre. Eso convierte a sus instalaciones en infraestructura crítica, no en simple equipamiento civil.

Ese es precisamente el punto central del informe publicado en febrero de 2026 por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino. La investigación concluye que Beijing usa infraestructura espacial ostensiblemente civil y comercial en América Latina para avanzar la “conciencia del dominio espacial” del Ejército Popular de Liberación y fortalecer sus capacidades futuras de combate. El informe identifica al menos once instalaciones vinculadas a China en la región —entre estaciones terrestres, radiotelescopios y sitios de medición láser— repartidas entre Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Cuando una red regional es descrita oficialmente en esos términos, el estándar de prueba para aceptar nuevos nodos chinos debería elevarse, no relajarse.

Aquí entra en juego el concepto más importante de toda esta discusión: la fusión militar-civil. Informes del CSIS, de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China y del propio Departamento de Defensa estadounidense coinciden en que la estrategia china de fusión militar-civil borra las líneas entre actividades civiles y militares en el espacio. Eso significa que empresas nominalmente privadas pueden desarrollar, probar y operar tecnologías de doble uso que terminen integradas en la ventaja estratégica del EPL. En un entorno así, la defensa de que Emposat es “solamente una empresa comercial” deja de ser tranquilizadora. Pasa a ser, en el mejor de los casos, incompleta.

Además, la preocupación no descansa únicamente en teorías generales. La cobertura internacional del caso iraní ha subrayado que el fundador de Emposat, Richard Zhao, pasó quince años en la Academia China de Tecnología Espacial, parte central del complejo aeroespacial estatal chino. Y el informe del Comité Selecto sobre la presencia espacial de China en América Latina sostiene que personal de Emposat puede ser rastreado hasta las Bases 25 y 26 de la Fuerza Aeroespacial del EPL, centros de mando de lanzamientos satelitales chinos. Dicho de otra manera: las dudas sobre la empresa no nacen de prejuicios ideológicos, sino de vínculos institucionales y trayectorias profesionales concretas.

El caso más contundente fuera del hemisferio es el de la República Checa. En una advertencia oficial de 2025, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Seguridad de la Información checa recordó expresamente que el gobierno checo prohibió a Emposat operar una estación satelital terrestre en Vlkoš debido a la preocupación de que la República Popular China pudiera usar esa instalación para espionaje. La misma advertencia califica la amenaza como alta y la vincula a la capacidad del Estado chino para presionar a empresas formalmente privadas a cooperar con sus intereses de seguridad. Ese no es un comentario periodístico. Es una evaluación oficial de riesgo hecha por un Estado europeo.

También en Francia afloraron sospechas serias, aunque en este caso a través de investigaciones periodísticas especializadas. Reportes de Intelligence Online y de Futura-Sciences señalaron que la filial europea SATHD Europe, vinculada a Emposat, fue observada por servicios franceses de seguridad en el contexto de una presunta operación de escucha cerca de instalaciones relacionadas con Airbus Defence and Space, Thales y centros terrestres franceses. Estas informaciones deben citarse con prudencia, porque describen sospechas e investigaciones, no condenas judiciales; pero refuerzan una conclusión incómoda: donde Emposat intenta expandirse, la conversación de seguridad aparece rápidamente.

En Argentina, la bandera roja no es menor. El informe del Comité Selecto de la Cámara estadounidense describe la estación de Río Gallegos como una asociación comercial entre la firma local Ascentio y Emposat, autorizada como instalación civil en 2021, pero vinculada —según la investigación— a personal rastreable hasta bases de lanzamiento del EPL. El mismo informe afirma que la estación cuenta con entre cuatro y seis antenas en bandas X y C y que esas capacidades pueden proporcionar las comunicaciones seguras necesarias para la guerra electrónica moderna. Lo importante aquí no es aceptar sin más cada inferencia del informe, sino entender que un proyecto presentado durante años como civil ya es evaluado por un órgano oficial extranjero en términos estratégica y militarmente sensibles.

La información pública verificable sobre proyectos específicos de Emposat en el hemisferio occidental es, paradójicamente, limitada. Y ese dato importa. Un proyecto que toca infraestructura estratégica no debería ser opaco. Lo que sí puede documentarse con claridad es que el gobierno de Santa Cruz promovió desde 2021 la instalación en Río Gallegos de una estación terrena para satélites de órbita polar, con una inversión prevista para seis antenas, servicios TT&C y un centro de aplicaciones satelitales; el propio ministerio provincial celebró el avance del proyecto y el traslado desde China de la primera antena.

Cinco años después, el proyecto no desapareció de la discusión pública; al contrario, volvió al centro del debate por razones de seguridad. La investigación legislativa estadounidense de febrero de 2026 incluyó a la estación de Río Gallegos dentro de la red china de uso dual en América Latina, acompañó esa evaluación con imágenes satelitales y volvió a subrayar los vínculos de Emposat con estructuras del aparato aeroespacial y militar chino. La prensa de Santa Cruz recogió el informe y lo presentó como una señal de alarma sobre cómo Beijing usa infraestructura “civil” para fortalecer sus capacidades de inteligencia y guerra espacial. No es una teoría futura. Es un proyecto ya existente sobre el cual la controversia estratégica es presente.

A eso se suma un segundo dato poco tranquilizador: la propia Emposat afirma tener sucursales o presencia en Sudamérica, y Reuters, al resumir la investigación sobre Irán, describió a la compañía como proveedora de control y datos satelitales con una red extendida por Asia, América Latina y otras regiones. Es decir, la huella regional del grupo es más amplia que el único proyecto latinoamericano plenamente identificable en fuentes abiertas. Cuando una empresa reconoce presencia en Sudamérica pero los detalles públicos de sus nodos, clientes y acuerdos son difusos, los gobiernos anfitriones no deberían asumir neutralidad. Deberían exigir transparencia completa.

Y, sobre todo, Emposat no aterrizaría en un vacío. Se insertaría en un hemisferio donde ya existe una red más amplia de infraestructura espacial vinculada a China. El informe del Comité Selecto enumera instalaciones en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil; describe, por ejemplo, nodos de control terrestre en Venezuela y Bolivia, el avance de proyectos astronómicos y de procesamiento de datos en Chile, y un nuevo laboratorio conjunto de radioastronomía en Brasil. De hecho, la propia experiencia chilena es instructiva: un proyecto espacial chino fue suspendido para revisión y luego cancelado por preocupaciones de seguridad, mientras que Brasil siguió profundizando su cooperación con actores chinos en materia espacial. La lección para América Latina es simple: donde algunos gobiernos corrigieron a tiempo, otros todavía están abriendo puertas estratégicas sin respuestas suficientes.

La primera recomendación es la más importante: los países de América Latina y el Caribe deberían suspender o negar nuevas autorizaciones para instalaciones de Emposat mientras no exista una evaluación de seguridad nacional integral, pública y técnicamente seria. No hay ninguna obligación de aceptar como inocuo un activo que ya fue vetado por un gobierno europeo por riesgo de espionaje, que aparece en un caso de alto impacto geopolítico como el de Irán y que figura en una investigación oficial del Congreso estadounidense como parte de una red dual de apoyo a las capacidades espaciales del EPL en la región. La pregunta correcta no es si el riesgo está probado al ciento por ciento. La pregunta correcta es si el riesgo es aceptable. Y no lo es.

La segunda es institucional: la región necesita mecanismos de revisión de inversión extranjera y de infraestructura crítica que combinen defensa, inteligencia, telecomunicaciones, cancillería, ciberseguridad y autoridades espaciales. Las evaluaciones deben exigir transparencia sobre propiedad real, vínculos con el Partido Comunista Chino, historial del personal directivo, flujos de datos, acceso remoto, mantenimiento de hardware, cadena de suministro y uso potencial de doble propósito. La advertencia oficial checa es especialmente útil aquí porque identifica dos variables concretas de riesgo: la transferencia de datos a la República Popular China y la administración remota de activos técnicos desde territorio chino. Esas dos preguntas deberían convertirse en una prueba básica para cualquier proyecto espacial en la región.

La tercera es soberana: si un país decidiera, pese a todo, examinar un proyecto espacial extranjero, debería imponer condiciones que hoy parecen obvias y sin embargo a menudo no existen. Todo control operativo, claves de cifrado, almacenamiento primario de datos, auditoría de software, inspección física y supervisión permanente debe quedar del lado del Estado anfitrión. No debe haber cajas negras, inmunidades impropias, zonas vedadas a inspectores nacionales ni mantenimiento remoto no verificable desde la República Popular China. Reuters documentó en África que China mantiene presencia de largo plazo y acceso a datos en instalaciones que construye. América Latina no puede fingir que ese precedente no existe.

La cuarta es estratégica: en lugar de aceptar la falsa dicotomía entre “plata china” o “nada”, la región debe construir alternativas. Eso implica cooperación entre universidades, agencias espaciales, socios democráticos, bancos multilaterales y empresas confiables para financiar estaciones terrestres, observación de la Tierra, conectividad y procesamiento de datos bajo reglas transparentes. No se trata de bloquear el desarrollo espacial latinoamericano; se trata de impedir que ese desarrollo quede subordinado a una potencia que ya declara sin ambigüedades sus ambiciones militares, cibernéticas y geopolíticas en la región y que concibe el espacio comercial como parte de su estrategia nacional.

No se trata, en fin, de demonizar toda cooperación con China ni de convertir a la política espacial en una cruzada ideológica. Se trata de defender algo mucho más básico: la soberanía. El caso iraní demostró, al menos, que la infraestructura espacial “comercial” china puede aparecer en el centro de una controversia militar de primer orden. La experiencia checa demostró que un Estado serio puede decir no. La controversia argentina demostró que el problema ya está en nuestro vecindario. Y la propia documentación china demuestra que Beijing ve el espacio, la ciberseguridad y la cooperación militar como piezas conectadas de una misma estrategia. Frente a ese cuadro, permitir que Emposat se expanda por América Latina y el Caribe no sería una apuesta al desarrollo. Sería una renuncia preventiva a la prudencia.

*El autor es experto geopolítico en temas China-América Latina, y fundador/ CEO de Lazarus Consulting. Sirvió como diplomático estadounidense, y oficial en el Departamento de Guerra de EEUU.