La ignorancia investida: lecciones desde Columbia University

Las democracias contemporáneas han discutido casi todo, salvo una cuestión decisiva. Si quienes legislan o deliberan sobre asuntos complejos comprenden verdaderamente aquello sobre lo que deciden. Se debate sobre representación, legitimidad, liderazgo, eficacia y comunicación. Pero raramente se formula la pregunta previa a todas ellas. Qué ocurre cuando ese poder se ejerce sin la densidad conceptual, la prudencia y la formación que exigen los problemas del presente.

Mi reciente convocatoria académica como profesor visitante en Columbia University, donde dicté jornadas intensivas sobre bioética y ética en políticas públicas, me permitió comprobar que los problemas vinculados con la calidad del juicio público, la responsabilidad epistémica y los límites del poder han dejado de ser discusiones periféricas para convertirse en materia de reflexión en universidades de referencia global. Que una institución de la gravitación de Columbia haya abierto este espacio no sólo honra mi trabajo académico; también revela hasta qué punto estas cuestiones han pasado a ser estratégicas para pensar la formación de dirigentes, el diseño institucional y la toma de decisiones en contextos de alta complejidad. La distancia entre la sofisticación de los problemas contemporáneos y la precariedad intelectual con que suelen ser abordados normativamente en la esfera pública, se ha vuelto demasiado evidente como para seguir considerándola marginal.

El problema no consiste sólo en la dificultad de los desafíos actuales, sino en que son difíciles de un modo nuevo. Exigen comprender simultáneamente dimensiones multidisciplinarias. La regulación de la IA en la esfera pública, su impacto en la educación y en lo laboral, la asignación normativa de recursos escasos, la protección de datos, la omnipresente vigilancia digital, las biotecnologías y la tutela de la dignidad humana en entornos crecientemente mediados por algoritmos ya no admiten improvisaciones ni declamaciones basadas en reflejos políticos. Y, sin embargo, son esas respuestas las que todavía predominan en los ámbitos legislativos.

Durante demasiado tiempo se ha tolerado la ficción de que la legitimidad democrática de origen basta para suplir cualquier insuficiencia de comprensión. Como si el voto, siendo indispensable, confiriera por sí solo competencia para decidir sobre toda materia. Como si la representación político-legislativa, por sí sola, eximiera de la obligación de estudiar, entender, ponderar y justificar. Pero elegir no equivale a saber, y ser investido no equivale a comprender.

Ese fue uno de los núcleos de mi exposición en Columbia. La bioética, lejos de ser una especialidad periférica, se ha convertido en uno de los lenguajes más rigurosos para examinar la legitimidad de las decisiones públicas. Allí donde la política se precipita hacia la urgencia, la bioética obliga a detenerse. Allí donde la técnica empuja a hacer, la bioética pregunta si debe hacerse. Allí donde la legalidad pretende clausurar la discusión, la bioética reabre la cuestión respecto de los criterios, las razones y los límites bajo los cuales una decisión puede ser considerada justa.

En ese marco, he llamado “ignorancia investida” a una de las deformaciones más características de nuestro tiempo. No me refiero al desconocimiento honesto de quien reconoce sus límites y por eso consulta, escucha o aprende, siendo de hecho el comienzo de la prudencia. Me refiero a la ignorancia revestida de cargo público electivo, amparada por la solemnidad de la función y protegida por la ilusión de que la legitimidad formal o autoridad vuelve innecesaria la comprensión sustantiva.

Su peligrosidad no reside sólo en el desconocimiento, sino en la impunidad simbólica con que ese desconocimiento opera. La ignorancia investida no se presenta como carencia, sino como suficiencia. No pide ayuda, sentencia. No delibera, simplifica. No reconoce la complejidad, la reemplaza por una consigna moralmente tranquilizadora o políticamente rentable. Así, la potestad legislativa, entre otras, deja de ser una responsabilidad ejercida con conciencia del límite y se convierte en validación institucional de juicios superficiales.

Esto no constituye una objeción elitista, sino una cuestión central para la salud democrática. Cuando asuntos irreversibles o de alto impacto humano son abordados por cuerpos legislativos que no alcanzan a advertir plenamente sus implicancias, el daño excede el error técnico resintiendo la legitimidad del proceso decisorio. Una sociedad democrática puede tolerar desacuerdos e incluso desaciertos; lo que no puede naturalizar sin pagar un alto precio es la banalización del juicio.

Mayormente la confusión contemporánea proviene de identificar capacidad con legitimidad. Si algo puede hacerse, la cuestión consiste simplemente en determinar cómo implementarlo eficientemente. Pero la factibilidad no resuelve el problema normativo. No todo lo técnicamente posible es moralmente justificable. No todo lo legalmente habilitado es políticamente sabio. No todo lo electoralmente respaldado es éticamente defendible. La civilización no comienza cuando el poder descubre todo lo que puede hacer, sino cuando reconoce aquello que no debe hacer, aun cuando podría.

Esa convicción es central en lo que he desarrollado como la “Ética del Límite”. No se trata de una ética de la inhibición, sino de una teoría de la legitimidad. El límite no aparece como obstáculo externo al poder, sino como condición interna de su justificación. Sólo cuando el poder se autolimita, cuando reconoce aquello que no le pertenece y no debe instrumentalizar, comienza a adquirir espesor moral. Sin límite, la decisión es mero deseo y sin autolimitación, la autoridad deviene en arbitrariedad, aun cuando conserve formas legales y respaldo coyuntural.

Su relevancia se encuentra en sociedades donde el debate público oscila entre dos extremos igualmente empobrecedores: la tecnocracia sin humanidad y la improvisación sin estudio. La primera reduce los problemas humanos a variables de gestión; la segunda, la complejidad a consigna. Entre ambas, la bioética ofrece una vía más exigente. Pensar la decisión pública como un acto que debe ser al mismo tiempo eficaz, justificable y consciente de sus límites.

No estamos, por tanto, ante una simple crisis de información. Nunca hubo tantos datos disponibles, expertos accesibles, informes e indicadores al alcance de todos. Y, sin embargo, pocas veces fue tan manifiesta la dificultad para traducir ese caudal en decisiones jurídicamente responsables, éticamente defendibles e institucionalmente justificables. El déficit de nuestro tiempo no es informativo, sino de juicio. Sobran opiniones; escasea criterio.

Por eso, la pregunta de fondo que comienza a ganar espacio en universidades de élite ya no es sólo qué políticas resultan más eficaces. La pregunta es qué tipo de inteligencia institucional necesitan las democracias para no degradarse frente a la velocidad del cambio; qué exigencias de formación y prudencia deberían pesar sobre quienes legislan o regulan acerca de bienes humanos fundamentales; y qué relación debe establecer la sociedad entre representación político-legislativa y formación sustantiva.

No se trata de sustituir la política por expertos ni de abolir principios democráticos en nombre de una aristocracia del saber. Sino de recordar que una democracia se fortalece elevando sus exigencias intelectuales, no rebajándolas. No se dignifica renunciando al juicio, sino honrándolo. Y eso demanda, al menos, volver vinculante la preparación, capacitación, solvencia e idoneidad, la consulta y juicio fundado, más la prudencia institucional en la deliberación y producción normativa sobre bienes humanos fundamentales.

Así, uno de los desafíos contemporáneos más urgentes consiste en volver a unir lo que nunca debió separarse: poder y comprensión, autoridad y prudencia, decisión y límite. Porque una democracia puede sobrevivir a la escasez material, al conflicto e incluso a la mediocridad. Lo que difícilmente pueda soportar indefinidamente es la normalización de legislar sin entender. Y cuando la sociedad deja de escandalizarse ante eso, el problema ya no es sólo de sus representantes, sino de su cultura.