Los periodistas en libertad condicional
La feroz escalada del Gobierno contra los periodistas profesionales no es solo la reacción emocional de un Presidente destemplado. Estamos ante una estrategia fríamente calculada. Nada nuevo.
La aversión a los profesionales de la información fue una constante durante los gobiernos kirchneristas. Se expresó con desplantes, ninguneo y retaceo de datos para degradar los contenidos periodísticos.
El conflicto del campo, en 2008, aceleró el proceso de polarización y aumentó el voltaje de las hostilidades contra la prensa. El debate de la Ley de Medios en 2009 fue un punto álgido en la relación entre los medios y el kirchnerismo.
Néstor Kirchner fue refractario al contacto con la prensa en general y Cristina Fernández hizo un culto de la “desintermediación”.
Un recurso conocido fue el vaciamiento de entrevistados a los medios que no fueran cien por ciento afines. Sostenida en el tiempo, esta constante fue acorralando a periodistas, medios y comunicadores a los dos lados de la grieta, terminando de cuajo con los debates abiertos entre posiciones diferentes.
La disrupción tecnológica en el ecosistema digital hizo el resto. Los algoritmos terminaron arrastrando a las audiencias hacia la confirmación de los sesgos.
La llegada de Javier Milei al poder profundizó la beligerancia y aportó sofisticación a la estrategia antiprensa.
El poder se resguarda de los riesgos que implica el acceso a la verdad de los hechos.
La arremetida es directamente proporcional al estado de las denuncias e investigaciones que comprometen al poder.
NOLSALP (“No odiamos lo suficiente a los periodistas”), la consigna que sacraliza Javier Milei y que inspira a las patotas digitales del oficialismo, oficializa el sostenido empeño por demoler la credibilidad de los periodistas.
El recurso del odio se aplica de manera cotidiana en la conversación pública que baja desde el poder. La cancelación de la profesión aparece como un desafío central de la batalla cultural.
El efecto inmediato no es silenciar medios, sino degradar su autoridad simbólica, debilitar su ponderación frente a la audiencia.
Diluir la voz de los periodistas profesionales en la marea de contenidos que circula en redes y plataformas les hace perder peso y diluirse en la degradación.
El jefe de Estado y su coro digital se dedican a insultar, estigmatizar, señalar y quitar legitimidad. El objetivo de fondo es instalar la idea de que el periodismo es el enemigo político.
La diatriba gubernamental, que va de la vulgaridad a la violencia, ejerce un efecto disciplinador.
Un estudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), basado en el análisis de 113.649 tuits y retuits presidenciales publicados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, examinó el uso del insulto como estrategia política y mostró la centralidad de ese estilo comunicacional.
La decisión de cerrar el ingreso de los periodistas a la Sala de Prensa de la Casa Rosada se inscribe en ese contexto.
El argumento que aporta un cronista acreditado registrando con lentes inteligentes áreas comunes de la Casa de Gobierno no alcanza para justificar la exclusión de todos los acreditados ni el cierre por tiempo indefinido de la sala de prensa.
Si existiera una eventual transgresión individual, corresponde que sea investigada y, en su caso, sancionada conforme a las responsabilidades personales que determine la Justicia. La adopción de medidas generales que afectan a todo el cuerpo de periodistas acreditados constituye una reacción desproporcionada frente a un hecho puntual y resulta difícil de justificar desde criterios de razonabilidad institucional.
La represalia articulada por el Gobierno, con el argumento de resguardar la seguridad presidencial, aparece así como desproporcionada y solo puede entenderse como una escaramuza más de la guerra santa declarada por el Presidente libertario contra los periodistas.
La restricción del alcance efectivo del acceso a la información pública es otra de las herramientas a las que recurre el oficialismo. Al acoso económico a los medios locales o más pequeños se suma la violencia digital ejecutada mediante campañas basadas en desinformación y manipulación de contenidos.
En un ecosistema comunicacional intervenido por nuevos y disruptivos actores, en el que cada vez resulta más difícil discriminar lo verdadero de lo falso, la supervivencia del periodismo profesional es vivida como una amenaza para el poder de turno atrapado en el fuego cruzado de una interna feroz.
El disciplinamiento no es solo agresión. También es vaciamiento de condiciones materiales para hacer periodismo.
La censura del siglo XXI no siempre se impone con prohibiciones explícitas. Muchas veces opera por desgaste, por intimidación y por la administración del miedo.
No calla de golpe: erosiona lentamente las condiciones necesarias para ejercer el oficio.
Las democracias no se deterioran solo cuando se cierran medios o se prohíben publicaciones. También se debilitan cuando el poder convierte al periodismo en enemigo y normaliza la agresión como método político.
Gobernar no implica disciplinar a quienes informan ni castigar a quienes preguntan. Implica aceptar que el control público y la crítica forman parte esencial del sistema democrático.
El Gobierno debe entender que respetar la libertad de expresión no es un gesto de tolerancia: es una obligación que define la legitimidad de su ejercicio del poder.
