Qué está cambiando en la deuda pública

En los últimos meses, buena parte de la discusión sobre la deuda argentina, sobre si el país está o no en condiciones de volver a construir el acceso al mercado, se concentró en diferentes planos que van más allá del mero tamaño del pasivo.

Mientras la mirada general suele enfocarse en el volumen de la deuda, la composición del stock, tanto en dólares como en pesos, recibe mucha menos atención, aunque en ella pueden estar ocurriendo transformaciones estructurales de peso.

A primera vista, la dinámica de la deuda no explicaría por sí sola los niveles de índice de riesgo país elevado que hoy reflejan los precios. El stock bruto aumentó 7,7%, desde USD 453.000 millones en diciembre de 2025 hasta USD 488.000 millones en marzo de 2026, pero, medido como porcentaje del PBI, incluso mostró una leve mejora.

La deuda bruta se ubicaría en torno al 77,2% del PBI, por debajo del 78,1% de diciembre. Si se excluyen las tenencias intra sector público, como las que mantienen el Banco Central de la República Argentina y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la deuda neta en manos privadas se reduce a 42,3% del PBI.

En este contexto, surge una paradoja: si bien los indicadores de deuda argentinos no lucen desalineados frente a otros emisores que sí conservan acceso al financiamiento, Argentina continúa operando con un índice de riesgo país alto y sin una ventana plena para regresar a los mercados internacionales de deuda.

Una hipótesis es que esa prima de riesgo no responde solo a los fundamentals cuantitativos, sino también a una persistente brecha de credibilidad. Así, el mercado no valora únicamente cuánto debe Argentina, sino cuán sostenible considera ese esquema a futuro. Esa distinción explica por qué, aun con números que parecen mejorar, el acceso permanece restringido.

Una revisión integral de la sostenibilidad de la deuda implica analizar tanto la porción en moneda extranjera como el segmento en pesos. Es en esta última donde empiezan a observarse movimientos en la estructura de financiamiento que llaman la atención. Al enfocar en la deuda en moneda local, el debate deja de centrarse tanto en el volumen de vencimientos, que parecen gestionables, y pone énfasis en los cambios en la composición del financiamiento.

Se destaca una variable clave: la extensión de la vida promedio del stock de deuda en pesos. Esto supone desplazar vencimientos hacia adelante, disminuyendo la concentración de pagos en el corto plazo y bajando las vulnerabilidades de rollover. El resultado es una posición financiera más saludable, mientras que no hacerlo obliga a refinanciar montos crecientes en lapsos muy breves, debilitando el esquema.

Aunque la vida promedio del stock de deuda cayó con fuerza en 2025 y se acercó a 1,5 años, paralelamente se observa una mejora en la desindexación del stock. La proporción de deuda indexada, que llegó a representar cerca de 99% al inicio de la actual administración, habría descendido hacia 56% a fines de enero. Este movimiento reduce la sensibilidad a choques de inflación o variaciones abruptas en el tipo de cambio, aporta previsibilidad y fortalece la sostenibilidad del esquema.

Las últimas licitaciones indican un intento por combinar ambos objetivos: volver a extender duration sin resignar la mejora en la composición. Parte de la estrategia admite una recomposición parcial del componente indexado para estirar plazos, procurando un equilibrio entre rollover, duration e indexación. Así, en las dos últimas subastas del Ministerio de Economía, no se ofrecieron instrumentos de corto plazo, ni siquiera aquellos ajustados por inflación.

En cambio, sí se incluyeron bonos CER de mayor duration, con vencimientos en 2027 y 2028; en esos instrumentos se convalidó un premio frente a los precios del mercado secundario, y participaron de modo relevante en las colocaciones: representaron 23% de la primera licitación de abril y 54% de la última subasta de marzo.