La pobreza: su medición, sus causas y cómo reducirla
El 3 de abril pasado, el Washington Post en un editorial denominado “Nuevos datos de la Argentina revelan la verdadera respuesta a la pobreza”, destaca la caída de la pobreza como asociada a las políticas de liberación económica y ajuste antiinflacionario del actual gobierno. Sin duda, al igual que la mayoría de los argentinos, cabe celebrar la disminución de la pobreza en nuestro país. Sin embargo, el editorial malinterpreta los datos y las políticas implementadas y, por consiguiente, los remedios propuestos para seguir reduciendo la pobreza constituyen una confusión ideológica.
En primer lugar, los datos. Debemos recordar que la pobreza se estima comparando: a) el costo de la canasta básica de bienes y servicios que las personas deben consumir en ese país para evitar caer en la pobreza; con b) los ingresos efectivos de los que disponen dichas personas. Si el valor de b) es inferior al de a), se considera que las personas son pobres. El editorial señala, citando datos oficiales, que la pobreza disminuyó del 53 por ciento al 28 por ciento en el lapso de dos años. Esta disminución refleja, en parte, un componente genuino derivado de una menor inflación (lo cual reduce el costo del componente a) y de un aumento en las transferencias provenientes de programas de protección social dirigidos a los sectores más vulnerables (lo cual incrementa el componente b). Pero también refleja –tal como indica el análisis del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina– una mejora en la captación de las fuentes de ingresos. Esto eleva el nivel de ingresos identificados (punto b), reduciendo así el número estimado de personas que viven en situación de pobreza.
Asimismo, tras la liberalización de las tarifas y precios de los servicios públicos (electricidad, agua, gas, transporte, etc.) introducida por el gobierno de Milei, el peso de estos elementos dentro de la canasta de consumo real aumentó significativamente. Sin embargo, este cambio en la composición del componente (a) –el cual afectó el consumo de alimentos, educación, vivienda y salud– aún no se ve reflejado en los cálculos. Por consiguiente, la subestimación previa de los ingresos, sumada a la actual subestimación del impacto de los servicios públicos, hace que las últimas cifras reportadas no resulten comparables con las estimaciones anteriores: si se aplican metodologías similares, la pobreza se mantiene por encima de los niveles de 2018 y más próxima a las cifras registradas entre 2021 y 2022 (en torno al 35-38 por ciento).
Por otra parte, otro punto a no perder de vista es que la elevada tasa de pobreza del 53 por ciento fue, en gran medida, resultado de la extraordinaria devaluación del peso que el presidente Milei implementó tras asumir el cargo en diciembre de 2023 (comparable a la explosión de la crisis de 2002): la inflación mensual se disparó al 27 por ciento solo en diciembre de 2023, y a un 20 por ciento adicional en enero de 2024, lo cual elevó el costo de la canasta básica de bienes y servicios, así como el número de personas en situación de pobreza. En comparación, durante los últimos cuatro o cinco meses de la administración anterior, la inflación rondó el 12 por ciento mensual –una cifra elevada, ciertamente, pero inferior al incremento de la inflación (y de la pobreza) generado por las políticas iniciales del gobierno de Milei–.
En resumen, la reducción de la pobreza –si bien posee un componente real que merece ser celebrado– es inferior a las estimaciones del Gobierno (cuando se emplean metodologías equivalentes) y se compara con un nivel que, en parte, fue generado inicialmente por el propio gobierno actual.
¿Qué hay que hacer ahora para seguir bajando la pobreza? El editorial destaca acertadamente la relevancia del crecimiento económico y el papel crucial del sector privado, la contribución potencial de las iniciativas desregulatorias del Gobierno y la importancia de sanear las cuentas fiscales (aunque, respecto a este último punto, el editorial afirma que Argentina no había registrado un superávit fiscal en 123 años; de hecho, según datos del FMI, el país obtuvo superávits anuales de aproximadamente el 1,9 por ciento del PIB entre 2003 y 2008, mientras que el promedio proyectado para el período 2024-2026 se sitúa en torno al 0,9 por ciento). El editorial también señala que la tasa de desempleo está aumentando hasta alcanzar el 7,5 por ciento (cifra superior al promedio del 6,5 por ciento registrado en los dos años previos a la llegada del gobierno actual). Sin embargo, atribuye erróneamente este incremento a una reducción de los empleos en el sector público, cuando los datos oficiales revelan que la casi totalidad de los cerca de 400 mil puestos de trabajo perdidos desde la asunción de Milei corresponden, en realidad, al sector privado.
Más bien, la causa del aumento del desempleo reside en una política macroeconómica inconsistente: tasas de interés excesivamente elevadas para sostener un tipo de cambio fuera de equilibrio, y una liberalización comercial implementada sin tomar en cuenta las prácticas comerciales de otros países, los que contravienen las normativas de la OMC. Medidas todas ellas orientadas a contener la inflación, pero que, simultáneamente, están llevando a la quiebra a importantes sectores de la actividad productiva. Los datos oficiales muestran que el crecimiento del PIB para el año completo 2025 (y no el crecimiento de mitad de año citado por el editorial) fue del 1,3 por ciento (y de solo el 0,6 por ciento si se excluye el sector financiero). La desaceleración del crecimiento y la pérdida de empleos están comenzando a revertir la disminución previa de la pobreza, tal como lo evidencia el leve aumento registrado hacia finales de 2025.
Las políticas macroeconómicas inconsistentes (cambiaria, monetaria, fiscal y comercial) –y no un debate abstracto sobre socialismo frente a capitalismo, como plantea la editorial– han sido la causa de las recurrentes crisis económicas en Argentina. Si bien el gobierno actual ha logrado avances en algunas de esas dimensiones, las políticas macroeconómicas siguen siendo, cuando menos, subóptimas para permitir que el sector privado impulse el crecimiento de la economía, genere empleos y, por consiguiente, continúe reduciendo la pobreza.
