Democracia en peligro: el modelo económico que alimenta al autoritarismo
SÃO PAULO— El recientemente concluido encuentro de la Movilización Progresista Global en Barcelona reunió a líderes políticos, legisladores y activistas de todo el mundo, unidos por una preocupación común: la democracia está bajo ataque. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo describió como un esfuerzo colectivo para enfrentar el ascenso global del autoritarismo, mientras que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a reconstruir el multilateralismo y “volver a poner la justicia social en el centro de la agenda global”.
Más allá de estas declaraciones, la reunión señaló un consenso emergente de que defender la democracia liberal requiere repensar sus cimientos económicos. Como observó Lula, la democracia no puede sobrevivir a menos que mejore el nivel de vida de las personas.
Detrás de ese sentimiento está el reconocimiento de que nuestro sistema económico actual —basado en el libre mercado, la intervención gubernamental limitada y la primacía de la elección individual— ha fracasado en ofrecer una prosperidad compartida o en sostener la gobernanza democrática. Cada vez más, su supervivencia depende de la coerción y de prácticas autoritarias. Por lo tanto, un discurso prodemocracia que busque preservar el statu quo corre el riesgo de profundizar la crisis.
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El modelo económico predominante ha erosionado el empleo estable, ha debilitado las protecciones laborales y ha privatizado servicios públicos esenciales, dejando a grandes segmentos de la sociedad expuestos y vulnerables. Para muchos, esto ha significado trabajo precario, aumento del coste de la vida y una disminución de las perspectivas de futuro. El resultado no ha sido solo penurias económicas, sino también un profundo sentimiento de abandono y resentimiento.
Este descontento económico ha tenido consecuencias políticas de gran alcance. Cuando la democracia liberal no logra proporcionar bienestar material, protecciones sociales y un sentido de equidad, las fuerzas antidemocráticas canalizan la frustración y la ira popular hacia los migrantes, las minorías y enemigos imaginarios. Al mismo tiempo, los movimientos autoritarios se presentan como vehículos para impulsar agendas económicas que ya no dependen del consentimiento de los trabajadores, sino de la coacción.
En el corazón de este modelo fallido reside el poderoso mito de que los mercados son árbitros neutrales del mérito, que recompensan a los individuos según su esfuerzo y talento. La desigualdad no se trata como un problema, sino como un motor de eficiencia e innovación. Sin embargo, a medida que las disparidades de ingresos y riqueza se ensanchan y las oportunidades se reducen, el relato empieza a desmoronarse y la gente cuestiona cada vez más cómo se reparten las recompensas económicas y pierde la confianza en la imparcialidad de las reglas del juego.
Para defender la democracia, debemos ir más allá de tratar los síntomas y abordar las causas subyacentes de la crisis actual. Durante su presidencia del G20, Sudáfrica ha dado un paso importante en esta dirección al convocar al Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global, presidido por el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz. Tratando la desigualdad como un riesgo sistémico tanto para la estabilidad económica como para la democracia, el Comité ha propuesto la creación de un organismo internacional permanente para apoyar una acción global coordinada.
Siguiendo el modelo de instituciones como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, dicho organismo podría consolidar pruebas, rastrear tendencias globales y dar forma a los debates políticos. También podría servir como plataforma de coordinación entre gobiernos y organizaciones internacionales, complementada por paneles nacionales de desigualdad que traduzcan los conocimientos globales en estrategias específicas para cada país. Estos esfuerzos deberían incluir evaluaciones sistemáticas del impacto distributivo de las políticas públicas, una vigilancia estrecha de la dinámica del mercado laboral y la presentación periódica de informes públicos.
Cumplir con esta agenda requiere un cambio estructural hacia mercados laborales justos e inclusivos. Los salarios mínimos sólidos, el empleo estable y la negociación colectiva no son meros instrumentos políticos; son instituciones democráticas que garantizan la seguridad y la capacidad de acción del individuo. En términos más generales, reconstruir la democracia exige restaurar el papel del Estado en la provisión de bienes públicos esenciales como la educación, la salud y la vivienda. Estas inversiones pueden financiarse mediante una reforma fiscal, que sigue siendo una de las herramientas más poderosas para reducir la desigualdad.
La transición hacia una economía justa exige un nuevo modelo de desarrollo que alinee el progreso económico con la inclusión social y las prioridades ambientales. Durante demasiado tiempo, la idea de la planificación económica ha sido descartada como algo anticuado. Pero el desarrollo es un proyecto político deliberado, no el resultado inevitable de unos mercados que funcionan bien. La inversión pública y la política industrial son fundamentales para dar forma a economías sostenibles y dirigir los recursos hacia objetivos colectivos en lugar de hacia estrechos intereses privados.
Al presentar una alternativa clara y convincente a las prioridades políticas actuales, la Movilización Progresista Global ofrece una oportunidad única para avanzar hacia un modelo económico que reduzca la desigualdad, proteja el planeta y fortalezca las instituciones públicas. La respuesta al resurgimiento del autoritarismo no es remendar un sistema roto, sino adoptar una visión progresista audaz y unificadora.
La democracia no puede sobrevivir solo mediante procedimientos. Necesita una base de igualdad, seguridad y prosperidad compartida. De lo contrario, acabaremos donde estamos ahora.
Pedro Rossi es vicepresidente y economista jefe del Global Fund for a New Economy.
