Abrieron el concurso preventivo de Peabody: cómo sigue el proceso judicial y cuál será el futuro de la empresa

En un escenario marcado por tensiones en el sector de electrodomésticos y dificultades para sostener la operatoria, la empresa Goldmund, responsable de la marca Peabody, ingresó formalmente esta semana en concurso preventivo, un proceso judicial que permitirá ordenar sus deudas y avanzar hacia un esquema de negociación con los acreedores bajo supervisión del juzgado.

La compañía, que dirige Dante Choi Do Sun, había hecho el pedido de la apertura del proceso el 2 de marzo y este martes el Juzgado Comercial N° 21, a cargo del juez Germán Páez Castañeda, lo habilitó. A partir de esta resolución, se activó un cronograma de etapas que marcarán el rumbo del expediente.

Uno de los primeros hitos será la audiencia de sorteo del síndico, prevista para el 29 de abril a las 10. Una vez designado, comenzará a intervenir en el control y análisis de la situación económica de la compañía. Tal como lo prevé la Ley de Concursos y Quiebras, deberá elaborar primero un informe individual y luego uno general en el que expondrá las causas del desequilibrio económico, la composición del pasivo, el detalle de los activos y otros aspectos vinculados al funcionamiento de la firma.

Este conjunto de informes resulta clave, ya que servirá como base para las decisiones posteriores dentro del expediente. En paralelo, se abrirá una instancia determinante para los acreedores. Desde la apertura del concurso, todos las facturas impagas con fecha anterior al 2 de marzo deben canalizarse dentro del proceso. Para ello, los acreedores deberán presentarse ante la sindicatura y solicitar la verificación de sus créditos.

El síndico analizará la documentación presentada por cada acreedor y emitirá una recomendación al juez sobre la validez de los reclamos. En función de ese trabajo, el magistrado dictará una resolución en la que definirá qué créditos se reconocen y en qué condiciones.

Según indicaron fuentes legales de la empresa a Infobae, el universo de acreedores asciende a aproximadamente 450, distribuidos en distintas categorías: acreedores financieros (principalmente bancos); acreedores laborales, vinculados a indemnizaciones y acuerdos de retiros voluntarios; acreedores comerciales, asociados a proveedores; y acreedores fiscales. Dentro de ese esquema, la mayor parte de la deuda corresponde a entidades financieras, lo que refleja el peso de ese segmento en la estructura del pasivo.

Los créditos laborales cuentan con un tratamiento diferencial. La normativa establece que tienen carácter alimentario, por lo que se encuadran dentro del régimen de pronto pago. Esto implica que deben resolverse en plazos más cortos que el resto de las obligaciones. Sucede que en el último tiempo, en el marco de este proceso y del fin de la etapa productiva, hubo desvinculaciones y acuerdos que no pudieron pagarse completamente. De todas formas, esos compromisos forman parte del grupo de pagos prioritarios y deberán cumplirse en un plazo máximo de un mes, dijeron las fuentes.

Luego de que el juez emite la resolución general con el detalle de cada uno de los créditos, comenzará un período de exclusividad, instancia en la cual la empresa concursada presentará propuestas de pago a sus acreedores. De acuerdo con lo indicado por la compañía, esas propuestas —con excepción de las obligaciones laborales— contemplarán quitas y pagos en cuotas, un esquema habitual en este tipo de procesos. La respuesta de los acreedores a esas ofertas será determinante para la continuidad del concurso.

Mientras avanza el concurso preventivo, desde la empresa sostienen que el objetivo central es seguir operando y reorganizar su funcionamiento en paralelo al desarrollo del expediente judicial. En ese sentido, aseguran que trabajan en distintos frentes para sostener la actividad y redefinir su modelo de negocios.

Las fuentes consultadas indicaron que existe una preocupación concreta por cuidar las fuentes de trabajo, en un contexto en el que la firma avanza hacia un cambio estructural: el pasaje de un esquema productivo a uno más enfocado en la importación y comercialización de productos. Esa transición forma parte de la estrategia que la empresa comenzó a delinear para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Actualmente, cuenta con más de 100 trabajadores.

En paralelo, el área comercial impulsa nuevos planes con el objetivo de sostener las ventas y reforzar el vínculo con clientes y distribuidores. Dentro de esa estrategia, la empresa trabaja, por ejemplo, en la ampliación de la garantía legal de sus productos como herramienta de fidelización. Actualmente, la normativa exige un plazo mínimo de seis meses, pero la compañía ya ofrecía una cobertura superior; y ahora busca extenderla a dos años para todos los productos adquiridos a partir del 1° de abril.

La empresa reconoce que la reestructuración financiera implicará también una reestructuración empresarial, un proceso que demandará tiempo y ajustes en distintas áreas. Mientras tanto, la continuidad operativa y la implementación de nuevas estrategias comerciales aparecen como ejes centrales para atravesar esta etapa. “La empresa está comprometida y quiere seguir operando. Estamos pensando cómo se puede avanzar. Comercial está llevando adelante nuevos planes. A la empresa le preocupa mucho cuidar las fuentes de trabajo teniendo en cuenta que estamos rotando de un modelo productivo a otro importador", dijo la fuente de la firma.

La apertura del concurso se produjo en un contexto de dificultades que la empresa comenzó a exponer a partir de la decisión de reestructurar sus pasivos y poner en orden la empresa.

En una entrevista reciente con Infobae, Dante Choi repasó los factores que, según su visión, destruyeron la competitividad de la industria local y llevaron a su compañía a una situación límite. Responsable de una marca con más de veinte años de historia, relató que la asfixia impositiva, la presión regulatoria, la apertura de importaciones y el avance de la economía informal se combinaron para dejar a la firma al borde del colapso.

Afirmó que “es ingrato ser empresario en la Argentina” y advirtió que “la ilegalidad tomó el mercado”, en referencia a lo que describió como condiciones de competencia que afectan a las compañías del rubro de electrodomésticos. En ese sentido, sostuvo que ese contexto impacta de manera directa en la actividad y en la posibilidad de sostener estructuras productivas. Choi se refirió a la subfacturación de las importaciones con gran preocupación y dijo que constituye uno de los principales problemas del sector. Según afirmó, este tipo de maniobras permite el ingreso de productos a valores artificialmente bajos, lo que genera una competencia desigual para las empresas que operan dentro de las reglas formales y presiona sobre los precios del mercado.