Anacronismo y subordinación: los costos de una política exterior a la deriva

Caracterizar la política exterior libertaria como subordinada, entreguista, dependiente e incluso frívola —a la luz de las decenas de viajes presidenciales destinados a la “recepción de premios” otorgados por la ultraderecha internacional— se ha convertido en un punto de coincidencia cada vez más extendido entre los analistas del país. Sin embargo, también sobresale otro rasgo, en apariencia paradójico para un espacio que se reivindica “moderno” en sus principios y su relato: un anacronismo persistente que se expresa en una mirada anclada tres décadas atrás.

Desde esa extemporaneidad, Milei parece pensar el mundo como si aún estuviésemos en 1991, en los albores del unipolarismo y bajo el recetario neoliberal propio de aquella época: apertura comercial irrestricta, desregulación financiera, remate de activos públicos y un amplio conjunto de políticas cuyos resultados fueron, allí donde se aplicaron, ampliamente negativos. No hace falta subrayar que el escenario global ha cambiado de manera drástica; ni siquiera quienes impulsaron aquel orden sostienen hoy su vigencia. Pero debemos advertir que este accionar, disociado de los tiempos actuales y guiado por anteojeras ideológicas estrafalarias, no es inocuo: le está haciendo perder a la República Argentina un tiempo demasiado valioso y, sobre todo, nos deja en una posición desventajosa y vulnerable frente al resto del mundo.

La comparación intertemporal permite iluminar este punto. En materia de comercio internacional, los años noventa estaban cargados de promesas: la liberalización sería la regla, los aranceles caerían y las barreras tenderían a desaparecer. Mal que le pese a Milei y a su política comercial externa paracolonial, en 2026 el paisaje es muy distinto. La OMC registra desde hace años un aumento sostenido de los aranceles y el valor del comercio alcanzado por estas medidas de protección equivale hoy al 19,4% de las importaciones mundiales, el nivel más alto de la serie histórica. Lejos de presentarse como un terreno neutro, el comercio internacional ha vuelto a ser —de manera abierta— un espacio de disputa. El propio Estados Unidos, que en su momento impulsaba el ALCA como zona de libre comercio en las Américas, hoy protege su industria, impone aranceles en forma unilateral y exige concesiones leoninas para acceder a su mercado.

La demonización de la política industrial también se consolidó en aquella década: había que desmantelar los estados desarrollistas y dar paso a la desregulación, el aperturismo y la privatización; y la mejor política industrial era, en rigor, “no tener ninguna”. En 2026, sin embargo, el mundo atestigua cómo los países centrales y emergentes hacen exactamente lo contrario. El FMI identificó recientemente más de 2.500 intervenciones de política industrial en un solo año, concentradas en energía, manufacturas avanzadas y tecnologías críticas. Incluso la OCDE habla sin rodeos del retorno de estas políticas, mientras las principales economías del mundo no dudan en subsidiar sectores, proteger capacidades y orientar recursos hacia el desarrollo industrial. La discusión ya no gira en torno a si intervenir o no, sino a la escala, la velocidad y la eficacia de esa intervención. En la Argentina, a contramano de estas tendencias, Milei impulsa un industricidio mientras ahoga, al compás, al sistema científico-tecnológico, afectando con este doble movimiento las condiciones de vida de nuestro pueblo y las perspectivas de desarrollo nacional.

En los años noventa también se asumía que la infraestructura debía quedar en manos del mercado. El Estado debía retirarse de ese ámbito y, en buena parte de América Latina, ello se tradujo en un desplome de la inversión pública. Esa retracción no fue gratuita: desarticuló capacidades, frenó obras y dejó a la región con déficits estructurales que aún persisten. En la actualidad, la infraestructura vuelve a organizarse en todo el planeta sobre otras bases. En Europa, la inversión en el sector recupera niveles próximos a los máximos previos a la crisis financiera, en torno al 1,9% del PBI, mientras que en el ámbito de los BRICS su financiamiento gana centralidad a través de los nuevos bancos de desarrollo, que en 2024 aprobaron 4.500 millones de dólares para proyectos de transporte, energía, agua y saneamiento. En esa misma línea se inscribe Brasil, que en 2023 relanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), con foco en transporte, energía y conectividad, y avanzó en acuerdos de financiamiento por cerca de 3.000 millones de dólares para sostener esa agenda. En Argentina, los resultados hablan por sí mismos: asistimos al mayor freno de la obra pública en décadas, lo cual, además de afectar la calidad de los servicios, impacta directamente sobre la competitividad de nuestra economía.

En dichos años también circulaba la idea de que, en mercados abiertos, los recursos naturales fluirían en libertad a través de las fronteras, bajo el imperio de los precios y de acuerdo con las ventajas comparativas. Ese supuesto se fue erosionando a medida que los Estados comenzaron a intervenir de forma directa en las cadenas de suministro. En los últimos años, de hecho, las restricciones a la exportación se multiplicaron por cinco con respecto a fines de la década del 2000, y entre 2020 y 2022 alcanzaron aproximadamente al 13% del comercio global de esos bienes. Se trata de un movimiento orientado a asegurar el abastecimiento, sostener las industrias domésticas y capturar valor en origen. En estas latitudes, haciendo oídos sordos a las experiencias de otros países y sus intentos de procesar, transformar y retener valor a partir de los recursos naturales, Milei promueve un saqueo a plena luz del día.

También cambió, entre los años noventa y la actualidad, la forma en que los Estados utilizan su propia demanda como vector de desarrollo. En aquella década, el recetario ortodoxo impulsó la apertura de licitaciones públicas a proveedores externos. Hoy, en cambio, los gobiernos vuelven a privilegiar proveedores locales, direccionan la demanda, utilizan el poder de compra estatal para desarrollar capacidades industriales y tecnológicas y resguardan desarrollos sensibles dentro de su órbita. En la Argentina, el contraste se expresa en decisiones como el desmantelamiento del CAREM o la privatización de IMPSA.

Esa misma lectura desfasada también se proyecta en el plano geopolítico. El Gobierno actúa como si el mundo continuara organizado bajo las coordenadas de la posguerra fría. Sin embargo, incluso a comienzos de esa década —y en el marco de la primera Guerra del Golfo— la intervención contra Irak contó con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las acciones recientes de Estados Unidos e Israel contra Irán, en cambio, se llevaron adelante sin mandato multilateral alguno. Pese a ello, la Argentina se montó de manera temeraria en una retórica beligerante, como si fuese parte del conflicto. A este cuadro se suma otro desvarío: la reedición de la hipótesis según la cual, por alinearse de manera irrestricta con los designios de Estados Unidos, Washington terminaría terciando a favor de la Argentina en la cuestión Malvinas. Esa apuesta, además, viene acompañada de una dilapidación sistemática de apoyos diplomáticos clave —en particular de países caribeños, africanos y árabes— a la posición argentina en el ámbito de las Naciones Unidas.

En suma, el presidente mira el mundo bajo una óptica añeja, que tiene tres décadas y media de retraso. Pero ese mismo mundo le devuelve, a diario, señales contrarias a su visión anacrónica. La evidencia está a la vista: decenas de miles de PyMES han cerrado sus persianas, cae el empleo industrial, se deteriora el sector comercial, se disparan las importaciones de bienes de consumo en detrimento de la producción local, no hay obra pública ni políticas que amortigüen los shocks internacionales, y el desempeño en materia de inversión extranjera resulta, además, un verdadero fracaso. Nada de esto es casual. Mientras el mundo compite por construir capacidades y proteger sus sectores productivos, la Argentina de Milei está inmersa en una carrera autodestructiva, impulsada por un gobierno mediocre que desprecia el propio país que conduce.

Frente a este escenario, la tarea es clara. Hay que combatir la resignación y volver a poner en valor el lugar de la Argentina en el mundo, construyendo una alternativa nacional. Hoy, la Argentina es un país mucho más débil, con menos capacidades, aislado de los principales foros regionales y multilaterales y sin presencia en los espacios donde se discuten y se definen agendas y reglas del juego. Es, además, un país atado de manera precaria al devenir electoral de un mandatario extranjero como Donald Trump, cuya visión proyecta un mundo violento y desesperanzador. Esta deriva nos aleja del cuidado de la ‘casa común’ que proponía el papa Francisco: un proyecto de desarrollo integral y solidario que, lejos de excluir, garantice dignidad para todos y todas.

En ese marco, uno de los desafíos centrales es dotar a la Argentina de una política exterior acorde a los tiempos que corren. Ello implica, en primer lugar, reconstruir la capacidad de acción diplomática bilateral, comenzando por América del Sur, mediante el impulso de agendas de integración productiva, física, energética y minera; el desarrollo de corredores bioceánicos; la cooperación científica y tecnológica; la soberanía digital; y la cooperación en defensa, entre otras prioridades. Supone, asimismo, abandonar la lógica de subordinación y avanzar hacia una estrategia de diversificación de vínculos, fortaleciendo relaciones con la región, el bloque BRICS, Asia-Pacífico, la Unión Africana y la Unión Europea. En un mundo de multilateralismo debilitado y creciente disputa entre potencias, la política exterior debe ampliar los márgenes de maniobra, no restringirlos.

Adicionalmente, la política exterior debe volver a operar como vector del desarrollo. Esto requiere una agenda activa de negociación de acuerdos económico-comerciales con economías complementarias, orientada a sostener y expandir mercados para la producción industrial y agroindustrial, junto con la recuperación del financiamiento internacional para el desarrollo y su canalización hacia infraestructura de transporte, energía y conectividad, en lugar de destinar esos recursos a esquemas de valorización financiera que benefician a una ínfima minoría en detrimento de las mayorías.

En esa misma línea, una política industrial activa con proyección internacional resulta clave para promover la industrialización de los recursos estratégicos —incluidos los minerales críticos— mediante acuerdos que aseguren transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades locales y generación de empleo de calidad. Se trata de participar en la reorganización de las cadenas globales de suministro desde una posición que no reduzca al país al rol de proveedor de materias primas. Ello implica, además, utilizar de manera estratégica las herramientas del Estado para impulsar sectores de punta a través de compras públicas orientadas al desarrollo de proveedores locales, en áreas como la tecnología nuclear, espacial y satelital, la biotecnología, la industria para la defensa, la naval y la aeronáutica, donde la Argentina cuenta con capacidades acumuladas durante décadas que hoy se encuentran en riesgo.

En este escenario se juega el futuro del país. O vamos definitivamente hacia un país que liquida su base industrial, destruye empleo, se subordina, se aísla, se descapitaliza, se primariza, desarma su aparato científico y tecnológico, pierde capacidades estratégicas, entrega sus recursos sin agregarles valor, expulsa talento, se vuelve irrelevante y resigna su lugar en el sistema internacional; o, por el contrario, tomamos la decisión de ser un país que defiende su soberanía, que produce, que investiga, que reindustrializa su matriz productiva, que transforma sus recursos, que forma y retiene talento, que amplía su infraestructura, que desarrolla su ciencia y su tecnología, que protege a su pueblo, que negocia en función de sus intereses y que decide por sí mismo su lugar en el mundo.