Una reforma electoral insuficiente para retomar la iniciativa política
El tuit de Manuel Adorni fue terminante: “La reforma electoral, tantas veces postergada, será finalmente tratada en el Congreso de la Nación Argentina. Fin”. El presidente Milei lo había adelantado por el mismo medio al final de su visita a Israel. El Gobierno intenta romper la inercia autodestructiva en la que está inserto desde comienzos de marzo con un proyecto de ley que generará un fuerte debate dentro del acotado mundillo de la política y que, por sus características y si se aprobara, tendrá un impacto duradero en algunas de las reglas del juego más importantes para el sistema democrático: las electorales.
No se trata de una reforma política en un sentido amplio, como había sido originalmente presentada, ya que no contempla resortes institucionales relevantes que regulan e influyen en el funcionamiento institucional del país. Tampoco propone cambios en el sistema electoral con la incorporación de distritos uninominales, como había trascendido a partir de borradores preliminares elaborados por el oficialismo. Esto hubiera desatado polémica, sobre todo por la enorme dificultad que implica la definición geográfica de los distritos electorales (lo que en la política norteamericana se conoce como gerrymandering, que sigue generando controversias hasta la actualidad, con cambios recientes en Virginia que favorecen a los demócratas).
Una conclusión tentativa es que el proyecto no es ambicioso, aun cuando incluye aspectos medulares como la eliminación de las PASO y del financiamiento público de las campañas (que durarán solo 60 días), la posibilidad de votar la lista completa en la boleta única de papel, elevar los requisitos para formar partidos y la “ficha limpia” (que el oficialismo boicoteó el año pasado). Para un gobierno que se proponía (y que discursivamente aún pretende) poco menos que reinventar la Argentina, esto ratifica el perfil más bien moderado e hipergradualista que caracteriza a la agenda de LLA desde el fracaso de la Ley Bases I.
¿Podrá la administración Milei retomar la iniciativa luego de 45 días de parálisis y reponerse de esta sucesión casi tragicómica de errores no forzados, incluidos el affaire Adorni, las internas salvajes y un contexto económico que, a pesar del crecimiento de las exportaciones, es percibido por la mayoría de la opinión pública como negativo? Según el Monitor de Humor Social mensual de D’Alessio-IROL/Berensztein, dos tercios de los argentinos consideran que su situación económica está peor que el año pasado y la incertidumbre respecto de este punto lidera el ranking en términos de preocupaciones.
En contraste, ningún sondeo sugiere que sea prioritario o relevante modificar el régimen electoral: una esfera de nuestro acervo institucional que funciona relativamente bien desde 1983. No hubo una sola elección con resultados cuestionados, como ocurrió incluso en Estados Unidos durante los comicios de 2020 (el director del FBI, el polémico Kash Patel, aseguró que pronto hará una serie de escandalosas denuncias penales al respecto). El recuento de votos es rápido, en contraste con, por ejemplo, Perú, donde hasta dentro de un par de semanas no sabremos el resultado de los comicios presidenciales que tuvieron lugar hace casi 15 días. El sistema no es perfecto y siempre hay cosas para mejorar. Pero el proyecto enviado al Congreso no puede considerarse una mejora muy significativa.
Había otras alternativas más alineadas con las prioridades de la opinión pública, incluido el votante potencial del oficialismo, y potencialmente más efectivas para recuperar con bríos la iniciativa política, en particular la agenda de reformas estructurales tantas veces anunciada y por ahora limitada a una modificación de la legislación laboral. “Nadie quedó entusiasmado con lo que se votó”, reconoció un importante CEO de una empresa energética, que simpatiza con el rumbo de la política económica. El Presidente reiteró durante su reciente periplo por Medio Oriente que en su mandato ya se realizaron 14.000 reformas estructurales (el número tiende a oscilar sin demasiada lógica de acuerdo con el lugar y las circunstancias). En la muy amplia literatura académica y técnica sobre la cuestión, basada en los más diversos casos de estudio de todo el mundo, a lo sumo una docena de aspectos medulares son reconocidos como modificaciones de fondo que merecen el adjetivo “estructural”.
¿Cuántas “estructuras” tiene un edificio? ¿Cuántos “esqueletos” tiene el cuerpo humano? ¿Cuál es “la base” o “columna vertebral” de un equipo de fútbol? Así, se consideran “estructurales” aspectos como el tributario, el monetario (incluida la independencia del Banco Central), el financiero, el previsional, las eventuales privatizaciones, la regulación de bienes y servicios públicos, la descentralización de funciones a partir de criterios de subsidiariedad y la mejora en el acceso y la calidad de los bienes públicos esenciales como seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura física y cuidado del medio ambiente. Estas son las reglas fundamentales que un país necesita mejorar para ganar en competitividad, productividad y previsibilidad.
La lógica de la implementación y los imprescindibles ajustes y correcciones de todo marco legal puesto en práctica requieren de decretos, resoluciones y decisiones de política pública de naturaleza complementaria. Pero denominar “reforma estructural” a iniciativas de alcance mucho más acotado, aunque en la visión del gobierno sean importantes, constituye un error semántico, cuando no conceptual. Sobran los ejemplos. Una buena “ley de glaciares” es vital para el desarrollo minero. La mejora en la regulación del mercado aerocomercial es clave para la movilidad en un país con el tamaño y las características del nuestro. La desburocratización y agilización del registro automotor aliviará a muchísima gente. La ley “hojarasca” eliminará cuestiones absurdas que en algunos casos nunca fueron aplicadas. Pero ninguna de ellas puede ser considerada “estructural”.
Esta reforma electoral, que ignora capítulos de evidente trascendencia, tampoco lo es. Nuestro sistema democrático necesita una muy buena y rigurosa ley de lobby (¡Justo ahora que debe debatirse la cuestión de las patentes!), que transparente y regule la inevitable gestión de intereses. Y nuestra calidad institucional mejoraría con mecanismos de transparencia, comenzando con la jerarquización y la autarquía de una agencia dedicada a esta materia, que de ningún modo puede depender del ministro de Justicia como ocurre en la actualidad. Bienvenida la “ficha limpia”, pero mucho mejor es disuadir la corrupción con mejores controles ex ante. Incluso, el sistema de representación se fortalecería con una modificación del esquema electoral siguiendo los lineamientos del alemán, que contempla una mixtura entre el actual (representación proporcional) y los distritos uninominales, como propusimos con Marcos Buscaglia en el libro Por qué fracasan todos los gobiernos (Editorial Ateneo, 2018).
De aprobarse tal cual está concebida, no habrá una mejora en la calidad institucional ni le asegurará al Gobierno que puede obstaculizar la conformación de una coalición opositora competitiva sin el recurso de las PASO. Los primos Menem podrían recordarles a los hermanos Milei que su tío Carlos fue candidato en 1989 gracias a una elección interna ejemplar. Cuando la sociedad necesita alternativas y la demanda de cambio es dominante, los agentes políticos reaccionan y se acomodan para satisfacerla, contribuyendo a la alternancia en el poder. Recordemos 1973: no hay diseño político que pueda limitar ni contener la voluntad popular.
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