Cuadernos: empresarios ligados al kirchnerismo negaron pagos y apuntaron contra la familia Eskenazi
Indagados este jueves en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, los empresarios ligados al kirchnerismo Cristóbal López y Carlos Fabián de Sousa, dueños y directivos del Grupo Indalo, negaron haber pagado sobornos y cargaron contra el grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
“Sacaron a quien habían imputado el primer día, que era el Grupo Petersen, para ponernos a nosotros”, arremetió De Sousa. “Era mucho más fácil ponernos a nosotros que al grupo Petersen”, completó.
Minutos antes y en la misma línea, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal 7, declaró su socio López. “Sacaron a los Eskenazi y me metieron a mí y a mis socios”, sostuvo, aunque sin dar mayores explicaciones.
Sobre ellos y Osvaldo Manuel de Sousa, hermano y socio de Fabián, que también declaró hoy, pesa la acusación fiscal de haber realizado al menos seis pagos irregulares, entre agosto de 2011 y agosto de 2012, por un total de 12 millones de pesos.
La acusación tiene por base un señalamiento del financista Ernesto Clarens, apuntado como nexo entre algunos empresarios y la cúpula del kirchnerismo.
“Doy certezas -dijo Fabián de Sousa- que mi empresa, CPC, mis socios y mis funcionarios, jamás le pagaron al Gobierno, jamás le pagaron a funcionarios públicos, jamás le pagamos dinero a interpósitas personas, como era Clarens”.
Los empresarios sostuvieron que la causa estaba “armada” y moldeada por “presiones mediáticas”; hablaron también de “aprietes” durante las declaraciones e “inconsistencias” en las acusaciones.
En su defensa, López intentó apuntar contra una supuesta serie de contradicciones en las declaraciones de Clarens, quien dijo no conocer a López durante una de sus primeras declaraciones en la causa, porque este “tenía línea directa” con el poder.
“En el nuevo acuerdo -marcó López- el señor Clarens mete 6 anexos, con importes y nombres. Y en el anexo 6 aparece mágicamente CPC [S.A], que es la empresa constructora del Grupo Indalo. Hasta ese día éramos desconocidos por Clarens, porque teníamos línea directa, pero ahí aparecemos en un escrito”.
El empresario reconoció luego cuán estrecho era su vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner: “Es cierto, yo tenía [línea] directa, yo me podía sentar con la Presidenta y decirle ‘doctora me están pidiendo plata’, [pero] nunca me pidieron”.
Acusada de ser la cabeza de un sistema de recaudación ilegal, Cristina Kirchner es la principal apuntada en el juicio de los Cuadernos, nacido tras una investigación de LA NACION. Está acusada de ser jefa de una presunta asociación ilícita y de cohecho pasivo, es decir, de haber recibido coimas durante el tiempo en que estuvo al frente del Poder Ejecutivo.
La expresidenta, que cumple una condena de seis años por corrupción en la causa Vialidad, ya fue indagada en los Cuadernos a mediados de marzo. En su descargo, intentó desacreditar el proceso y cargó en duros términos contra el fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli, y el Poder Judicial en general.
Los ataques contra el modo en que el juez Claudio Bonadio y el fiscal Stornelli llevaron la instrucción fueron una de las principales líneas en la estrategia de defensa de empresarios y funcionarios. A ella se plegaron hoy López y los hermanos De Sousa. “Esta causa, en lo que a mí se refiere, y a CPC, es totalmente falsa y armada por el fiscal Stornelli y el juez Bonadio”, sostuvo López.
El empresario afirmó que él y sus socios fueron incorporados al expediente por una presunta “deuda” que, a criterio de López, el juez Bonadio mantenía con Sebastián Eskenazi, hijo de Enrique Eskenazi, quien fuera la cabeza del grupo Petersen.
“Bonadio mantenía una relación de amistad y algo más con la familia Eskenazi, especialmente con Sebastián Eskenazi”, dijo, y afirmó que el hijo del juez -Mariano Bonadio, que es músico y productor- fue sobreseído en una causa luego de justificar un millón de dólares mediante dos préstamos: uno de Sebastián Eskenazi, de 600 mil dólares; y otro de 400 mil dólares, del empresario Mario Montoto.
Más adelante, la defensa del empresario Carlos Wagner volvió sobre este punto y pidió al Tribunal impulsar medidas para acreditar esos dichos, un planteo que recogió adhesiones en otras defensas. “Esto debía haber provocado el apartamiento del juez Bonadio”, sostuvo.
Luego fue el turno de la fiscal Fabiana León, que no se opuso abiertamente al pedido, pero marcó que este no estaría orientado a probar los hechos bajo revisión en el juicio, sino a impulsar una supuesta “recusación” contra el fallecido juez Bonadio. “La recusación durante el juicio es de los jueces del juicio”, afirmó.
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