Bajas notas en derechos humanos y libertad de expresión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2025. El diagnóstico sobre Argentina es crítico: advierte un deterioro de la institucionalidad en derechos humanos, con impacto directo en los sectores más vulnerables.
El informe señala “desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos, frente al cierre o reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica, pueblos indígenas e iniciativas legales que agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad".
En materia de género, el documento describe la eliminación de múltiples programas federales destinados a la prevención y asistencia frente a violencias, entre ellos el Programa de Apoyo Urgente ante Violencias Extremas.
El informe habla del proyecto sobre "falsas denuncias" presentado en el Congreso por la senadora Carolina Losada. La CIDH advierte que, de avanzar, “representaría un grave retroceso en la protección y garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, ya que podría desalentar la denuncia en un contexto donde la violencia de género “se mantiene en niveles alarmantes”.
Los femicidios, subraya la CIDH, continúan sin descender y en algunos casos presentan “niveles extremos de crueldad”, con antecedentes de desapariciones, torturas y violencia sexual.
A esto se suma el deterioro en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. La CIDH resalta que el acceso a anticonceptivos fue “severamente limitado” tras los recortes al Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), mientras que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enfrenta “obstáculos, demoras y prácticas disuasivas” en el sistema de salud.
El informe marca retrocesos en otras áreas sensibles, como la reducción de políticas para personas mayores, con discapacidad, pueblos indígenas y víctimas de trata.
También habla de las denuncias de represión en protestas pacíficas, que va de jubilados a trabajadores de prensa. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya había expresado su preocupación por el "deterioro acelerado" del trabajo periodístico en Argentina desde fines de 2023, destacando discursos estigmatizantes y ataques a la prensa.
El gobierno de Javier Milei prohibió a todos los periodistas acreditados el ingreso a la Casa Rosada, una decisión que no tiene antecedentes en la democracia ni durante la última dictadura militar.
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