En medio una nueva ronda de ajuste, aumentó la cantidad de pagos atrasados del Gobierno y pone presión al superávit

En un contexto de ajuste del gasto reforzado en todos los ministerios ante la caída de la recaudación, el Gobierno tuvo en el último mes un salto pronunciado en la cantidad de pagos "pisados". Es una deuda "invisible" que se acumula por la diferencia entre el gasto comprometido y el que efectivamente termina por pagar el Estado nacional.

Es un dato oficial que informa, de manera mensual, la Tesorería General de la Nación. La última información es de marzo y reflejó una deuda flotante —tal como se la conoce en la contabilidad presupuestaria— de 4 billones de pesos. Un mes antes, esa cifra orillaba los $ 2 billones.

Ese salto tuvo lugar en un mes como marzo, en el que los ingresos tributarios experimentaron otra caída en términos reales, aunque el gasto primario también fue recortado, tal como mostró la Secretaría de Hacienda. Esa combinación le hizo sostener al Ministerio de Economía el superávit primario en ese tercer mes del año.

Pero hubo una parte del gasto relevante que fue devengado, pero no concretado. Esto significa que la administración nacional emitió compromisos de pago -por ejemplo, a proveedores- pero no concretó a lo largo de ese mes el desembolso presupuestario.

Es una práctica común: la deuda flotante llegó a ser incluso, a valores de hoy, superior a los 12 billones de pesos en cierto momento de 2018 y de 2021, según estimaciones del economista Salvador Vitelli.

En el momento del cambio de gobierno, a fines de 2023, rondaba los $10 billlones. Vitelli aclaró que los números de deuda flotante suelen tener estacionalidad, por lo que la suba mensual con esa salvedad fue en marzo de 28%.

El hecho de que la deuda flotante haya aumentado 2 billones de pesos en un solo mes no implicaría, de manera lineal, que el superávit primario que registró el sector público nacional en marzo ($930.000 millones) quede anulado.

Eso se explica en que el dato de superávit contempla todo el sector público y el número de deuda flotante, solo la administración central, que es una subdivisión.

"El superávit de la Administración Central explicó 42% del superávit del Sector Público Nacional No Financiero ($ 0,39 billones sobre $ 0,93 billones). No se puede afirmar que exista un déficit 'ajustado' ya que no se conoce la deuda flotante del resto de las partes del sector público, aunque sí podría ser un proxy de un potencial achicamiento del superávit primario base caja", planteó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

"El ancla fiscal vuelve a quedar bajo la lupa", continuó. "Con ingresos más castigados y parte del ajuste apoyado en gastos postergados, la discusión pasa de la foto al flujo y a la sostenibilidad hacia adelante", consideró PPI.

Desde la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) definieron a la deuda flotante como "un pasivo del Estado, en la medida que representa obligaciones ciertas pendientes de pago". "No obstante, según la normativa argentina, no forma parte de la deuda pública, que es deuda instrumentada a través de la emisión de títulos y la obtención de préstamos", explicó.

Además, aseveró que tiene consecuencias en la economía en general: aumenta los costos de provisión del gobierno porque proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público; lleva al Gobierno a tener condiciones de contratación menos favorables y desincentiva la participación en concursos y licitaciones públicas.

A nivel macro, planteó la OPC, puede repercutir sobre la liquidez de firmas proveedoras o contratistas o incluso llevarlos a retrasar pagos de impuestos. "Estos efectos atentan contra la eficiencia del gasto público y contribuyen a elevar el nivel de precios de la economía", concluyeron.

La deuda flotante suele ser un número observado por los técnicos del FMI para tener un panorama completo sobre la situación de las cuentas públicas. En programas recientes con la Argentina llegó a estipular, incluso, topes obligatorios de este tipo de pasivos contingentes.

Para el acuerdo vigente, el techo permitido de deuda flotante es de 8 billones de pesos, lejos del número dado a conocer por la Tesorería. De todas formas, el staff y el Gobierno acordaron una medición ad hoc de esa cifra -a través de promedios trimestrales- que hacen poco comparables a los números oficiales.

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