La autoridad monetizable
En América Latina, el desarrollo suele pensarse en grande, pero se construye en pequeño. Se discute en términos nacionales, pero se ejecuta en el ámbito municipal. Ahí ocurre la economía real.
No en los anuncios faraónicos de gobiernos estatales, sino en decisiones concretas en una ciudad: una licencia de construcción, un permiso industrial, una autorización para abrir un negocio o detonar cualquier actividad productiva. Ese es el punto donde el Estado se vuelve acción. Y sigue siendo el más subestimado.
Durante décadas, los gobiernos municipales han sido tratados como ejecutores dependientes, mientras los niveles estatales y nacionales concentran recursos bajo inercias centralistas. En sus formas más rígidas o caprichosas, como las que vive Nuevo León, en México, esa lógica se acerca más a una visión patrimonial del poder que a un federalismo moderno con gobernantes que operan bajo la máxima de “L’État, ¡c’est moi!”.
El problema es simple: el desarrollo no se decreta. Se habilita y se habilita desde el ayuntamiento. Y esa operación ocurre a través de la autoridad municipal para otorgar permisos, licencias y autorizaciones.
Aquí está el punto central, los actos regulatorios de un ayuntamiento no son trámites. Son capacidad económica. Son actos de autoridad que pueden convertirse en ingresos legítimos. Son, en esencia, una autoridad monetizable.
Cada autorización bien gestionada habilita inversión y genera recursos. No como cobro aislado, sino como parte de un sistema donde la regulación eficiente produce desarrollo y el desarrollo amplía la base fiscal.
La teoría es clara. Douglass North explicó que el crecimiento depende de instituciones que reduzcan incertidumbre. Hernando de Soto mostró que formalizar y simplificar permisos libera capital y multiplica actividad. El Banco Mundial documentó que la facilidad para obtener permisos impulsa inversión. La OCDE y la CEPAL han insistido en que, sin gobernanza local sólida, no hay desarrollo territorial sostenible.
Todo converge en lo mismo: la capacidad regulatoria local es una variable económica central.
Sin embargo, hay una condición vital: integridad. Sin combate a la corrupción, esta autoridad se distorsiona. La discrecionalidad rompe la confianza, eleva costos y frena la inversión. Por eso, combatir la corrupción no es accesorio. Es estructural.
La digitalización lo vuelve posible. Sistemas automatizados, trazables y con reglas claras eliminan la arbitrariedad y generan confianza. Como ha demostrado la experiencia internacional y la propia en Escobedo: la mejor política anticorrupción es sustituir decisiones individuales por procesos verificables.
Y la confianza genera inversión. El Banco Interamericano de Desarrollo ha señalado que reducir costos regulatorios a nivel local incrementa directamente la inversión privada. Más aún en un contexto de nearshoring, donde la decisión clave es simple: rapidez, certeza y claridad.
Porque el inversionista no llega a un país y menos a un estado; el inversionista llega a una ciudad. Y decide en función de qué tan fácil es obtener un permiso en esa unidad político/geográfica. Así de claro: el gobernador puede dar discursos, hacer viajes y tomar fotos, pero las cosas no ocurren en el vacío estatal, ocurren en territorio municipal.
Hoy, la oportunidad global es enorme, pero su ejecución es local. Sin embargo, persiste la contradicción: más responsabilidades para los municipios, pero menos autonomía real. Ese desbalance es ineficiente y urge romperlo.
Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para monetizar su autoridad regulatoria no es un ajuste técnico. Es una estrategia de desarrollo. Permite generar ingresos sin aumentar impuestos, financiar infraestructura y sostener crecimiento.
Es cambiar el modelo: de administrar escasez de dinero federal o estatal (real o por capricho político) para habilitar la expansión.
Porque el desarrollo no es un dato macroeconómico. Es una suma de decisiones locales que sí funcionan. Y el desarrollo nacional no termina en lo municipal. Empieza ahí.
