SIRA: la Justicia habría detectado el pago de coimas para importar en el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa

En octubre de 2022, el Gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía y Guillermo Michel en la Aduana y Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, anunció un nuevo mecanismo de autorización para habilitar importaciones y, en consecuencia, acceso al dólar oficial. Las "SIRA", decían, buscaban evitar "avivadas" por parte de ciertas empresas que buscan hacer negocio con la brecha cambiaria de 100% entre el dólar oficial "barato" al que traían los productos y los dólares alternativos.

Pero la medida que buscaba generar más transparencia se fue cubriendo de sospechas. Ahora una causa judicial en el juzgado de Ariel Lijo, con Franco Picardi como fiscal, podría dar un giro. Según difundió este miércoles el diario La Nación, en el caso, que ya lleva varios meses, pero tiene secreto de sumario hasta este jueves, se identificaron al menos cuatro empresarios que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar. La investigación imputó hasta ahora a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central.

Fuentes que siguen la causa afirman que el fiscal habría detectado a los empresarios que habrían aceptado pagar los porcentajes y los montos de las operaciones, que superan los 3,5 millones de dólares. Serían coimas para realizar importaciones concretas (no simuladas).

El fiscal, tras pedir informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central y solicitar que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas, realizó casi 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los funcionarios imputados, que son cinco, del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión, y Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales de Supervisión, según publica La Nación.

Todos ellos entregaron sus teléfonos y claves a la Justicia, excepto García, que no suministró la clave de acceso a su celular.

Los otros imputados son dueños de casas de cambio: Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

Además, según fuentes de la causa habría auditores externos del Banco Central que también trabajan en estudios contables que asesoran a empresas, lo que ofrecería indicios de un posible tráfico de influencias para gestionar los controvertidos permisos de importación a cambio de dinero.

Este verano, La Nación había publicado un chat entre dos importadores que refería exactamente un 15% “en billete” a cambio de que la operación saliera en un lapso de 48 horas, exigencia que coincide además con un aviso publicado en las redes sociales y cuyo remitente, “Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina”, fijaba un 13% del valor para bienes (SIRA) y un 15% para los servicios (Sirase). Aquella información fue uno de los indicadores más precisos de una operatoria que era un secreto a voces durante la gestión del equipo de Massa en Economía.

Los montos totales sobre los cuales se habrían cobrado las supuestas comisiones ilegales son multimillonarios. Sólo en 2023, bajo el cepo y con varios sectores con serias dificultades para acceder al dólar oficial, la Argentina importó por casi 75.000 millones de dólares. Sólo el 1% de esa suma representa unos 750 millones. Y la investigación rastrea pagos ilegales diez veces más altos.

Inicialmente, el fiscal Picardi investigaba a Piccirillo, acusado por Hauque de haberle plantado una prueba para no pagarle una deuda de US$ 6 millones. De ahí se derivó la investigación de las SIRA.

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