La ilusión "iliberal"

La caída del régimen político impuesto por Viktor Orban en las recientes elecciones en Hungría, tiene interés en cuanto a la experiencia de un modelo que fuera presentado más de una década atrás como sustitutivo de la democracia liberal en la Unión Europea. En ese marco de interpelación al régimen democrático se focalizan las reflexiones críticas siguientes.

En los últimos años se ha vuelto casi un lugar común afirmar que la democracia atraviesa una crisis. Sin embargo, más que un colapso inmediato de la democracia, lo que puede observarse parece más bien una transformación profunda de sus condiciones de funcionamiento.

Las instituciones de la democracia representativa —partidos, parlamentos, sistemas de mediación— se presentan cada vez menos capaces de canalizar las demandas sociales que son más urgentes, más fragmentadas y, en muchos casos, más radicalizadas. En este contexto han emergido experiencias políticas que, sin abandonar del todo las elecciones, presentan cuestionamientos a los principios clásicos del Estado de Derecho.

Por ejemplo, las experiencias en países como Hungría o El Salvador suelen ser citadas en la bibliografía política como ejemplos de lo que algunos autores denominan “democracias iliberales”: es decir, sistemas políticos que combinan legitimación electoral con concentración del poder, debilitamiento de la justicia independiente y presión sobre los medios de comunicación y la libertad de expresión.

El atractivo de estas experiencias no es difícil de entender. En sociedades que perciben a sus gobiernos como ineficaces o desconectados de las demandas de sus gobernados, la promesa de decisión rápida, liderazgo fuerte y resultados visibles tiene un peso considerable en la adhesión de quienes aspiran a un cambio. Allí es donde la política aparece como un espacio de bloqueo y la simplificación del poder se presenta como una solución. Así, donde la deliberación es vista como parálisis, la inmediatez del pragmatismo de la decisión sin deliberación encuentra legitimidad.

El problema de fondo no es sólo institucional o normativo, sino también estructural. Son diversos los factores que inciden en este sentido. Mencionemos algunos, sabiendo que no se agotan en ellos. Por un lado, la globalización ha reducido la capacidad efectiva de los Estados para responder a la multiplicidad de las demandas internas, con frecuencia contradictorias. Asimismo, la fragmentación social ha debilitado los vínculos colectivos e identidades sobre los cuales se sustentaba la representación política. A esos fenómenos se agrega, más recientemente, la digitalización del espacio público que ha transformado radicalmente la comunicación política, favoreciendo la inmediatez, la polarización y el vínculo directo entre líderes y ciudadanía.

A lo anterior se suma un fenómeno menos visible, pero no menos indiferente y decisivo: la creciente tendencia a la automatización de decisiones públicas mediante sistemas algorítmicos. Estas tecnologías prometen eficiencia, pero introducen un problema central: generan decisiones cada vez más importantes, pero simultáneamente más opacas, difíciles de explicar y de comprender, por lo tanto, también difíciles de controlar democráticamente. En este escenario, la sensación de pérdida de control no es sólo política, sino también cognitiva.

Las democracias iliberales se presentan así como una respuesta a este conjunto de tensiones que recaen sobre las instituciones tradicionales. Prometen recuperar la capacidad de decisión, restablecer la soberanía política y acercar el poder a la ciudadanía. Pero lo hacen desde un desplazamiento que resulta problemático: tal decisionismo reduce la legitimidad democrática refiriéndola exclusivamente a una voluntad mayoritarista, con frecuencia instrumentada solamente en base a la eficacia inmediata de la decisión.

Ese desplazamiento decisionista no es sin costos y tiene consecuencias profundas. La democracia moderna no se define sólo por elecciones, sino por la combinación de procedimientos, límites al poder y garantías de derechos. Cuando estos elementos se debilitan, lo que se erosiona no es un aspecto secundario del sistema, sino su propia condición de posibilidad.

Los casos concretos lo muestran con claridad. En Hungría, el fortalecimiento del poder ejecutivo ha ido acompañado de una progresiva subordinación de los mecanismos de control. En Turquía, la concentración del poder ha transformado el equilibrio institucional. En El Salvador, la eficacia en políticas de seguridad coexiste con un debilitamiento significativo de la independencia judicial que plantea interrogantes acerca de la razonabilidad de su desempeño.

Estos procesos parecen tener en común un rasgo central: producen resultados visibles en el corto plazo, pero al costo de debilitar los mecanismos que permiten corregir errores, procesar conflictos y sostener la legitimidad en el tiempo. La eficacia inmediata se logra, en estos casos, sacrificando con frecuencia la capacidad futura del sistema.

Otros casos permiten observar los extremos de esta lógica. En Rusia, la concentración del poder ha derivado en un régimen que conserva formas electorales, pero ha perdido en gran parte su contenido democrático.

En el otro extremo, en Estados Unidos, las tensiones políticas recientes de la actual Administración estarían demostrando que incluso las democracias más consolidadas no están inmunizadas frente a ciertas tendencias que cuestionan reglas básicas de razonabilidad en el juego político de la democracia. Pero también han demostrado algo decisivo: la importancia de la permanencia de instituciones fuertes capaces de resistir esas presiones y alentar sobre la importancia de mantener despiertas las reservas de una nación cuando el orden político se entiende erróneamente como sustituto del orden moral de la sociedad.

Esto permite esbozar una conclusión. Tal vez puede resultar incómoda para algunos: las democracias iliberales no son una alternativa superadora ni sustituta de la razonabilidad en el ejercicio del poder, sino una respuesta que, al intentar resolver la crisis, termina profundizándola. En otras palabras, al debilitar los controles y concentrar el poder, reducen precisamente aquellos mecanismos que hacen posible la legitimidad democrática en sociedades complejas, promoviendo la discrecionalidad en el funcionamiento y gobernabilidad del sistema, que por tal causa se transforma en autoritario anulando los controles y la rendición de cuentas.

La paradoja se presenta evidente. En un contexto donde los desafíos interpelan la calidad institucional de la democracia, para el cual se requieren capacidades de mayor calidad, rigurosidad y responsabilidad en la definición y aplicación de las decisiones, la solución no puede estar en el desplazamiento de la deliberación y la eliminación de los límites al poder, sino en su reformulación. En sociedades más complejas, políticamente más polarizadas y socialmente más desiguales y más atravesadas por la tecnología, la necesidad de control, deliberación y garantía de los derechos no disminuye: al contrario, aumenta.

El desafío, entonces, no consiste en reemplazar la democracia liberal, sino en repensarla. Esto implica reconstruir las formas de mediación política, adaptar las instituciones a los cambios tecnológicos y, sobre todo, encontrar modos de articular eficacia y legitimidad en la definición de las políticas públicas y formas de gestión, sin sacrificar una en nombre de la otra.

Si algo muestran las experiencias recientes es que la promesa de una democracia más simple, más directa y más eficaz puede resultar políticamente atractiva. Sin embargo, tal simplificación del modelo encierra un riesgo profundo: transformar la solución en una nueva forma del problema. En fin, la democracia, en definitiva, no se debilita solamente cuando fracasan sus respuestas, también se debilita cuando, en nombre de su crisis, se abandonan los principios que la sostienen.

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