Kicillof fue a la Corte por la deuda de Anses y aseguró que el Gobierno debe presentar una oferta de pago
En el segundo encuentro entre los gobiernos nacional y bonaerense convocado por la Corte Suprema de Justicia en el marco de un reclamo provincial por fondos adeudados desde la Anses para las cajas jubilatorias bonaerenses no transferidas a la Nación, se acordó que la gestión del presidente Javier Milei hará una oferta concreta de pago a la administración del gobernador Axel Kicillof, el próximo 10 de junio. Así lo informó el mandatario bonaerense, que participó del encuentro en los tribunales de la calle Talcahuano, en el centro porteño.
“Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y la Anses deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, resaltó Kicillof al finalizar la audiencia.
En el acta que se firmó tras la audiencia en la Corte, a la que accedió LA NACION, consta que “los representantes de la Anses y del Estado Nacional se comprometen a continuar con las auditorías respectivas y a realizar una propuesta de solución en la nueva audiencia que se convoca para el día 10 de junio del corriente año a las 11 horas”.
En un comunicado, el gobierno bonaerense señaló que su reclamo judicial se debe a “la suspensión de las transferencias de fondos que la Anses debe realizar de manera obligatoria a las cajas provinciales que no hayan sido derivadas al Estado nacional”.
“La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, completó Kicillof.
El gobernador bonaerense estuvo acompañado en la audiencia por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Bocco Proietti.
Los representantes del gobierno nacional en la reunión convocada por la Corte (fijada desde el 17 de marzo, cuando se realizó el primer diálogo entre las partes impulsado por el máximo tribunal) fueron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario legal y técnico del Ministerio de Economía, José García Hamilton; la subsecretaria de coordinación Fiscal Provincial del Palacio de Hacienda, Valeria Sánchez; la directora de Asuntos Jurídicos de la Anses, María Virginia La Bruna, y el director de Planeamiento, Estudios y Estadísticas de la Anses, Matías Balliard. La audiencia se desarrolló ante la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte, y rubricaron el acta Alejandro Rodríguez (secretario de la Corte) y Juan Francisco Galmarini (secretario letrado del máximo tribunal).
En la primera audiencia, que se realizó el 17 de marzo, el máximo tribunal había exigido que ambas administraciones compartieran información. En la reunión de este martes, debían informar “acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”.
El gobierno de Kicillof reclama deudas que se remontan a 2020 y argumenta una falta de pago total desde Nación a partir de 2024. Pide fondos que el Estado nacional debería transferir a la Provincia en virtud de una simulación que marca cuánto cobraría un jubilado de la caja provincial si se hubiera jubilado dentro del régimen nacional, cálculo por el que se pagan adelantos a cuenta de una auditoría, que el gobierno nacional afirma que no está finalizada.
En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.
El lunes, el gremio docente Suteba -que conduce Roberto Baradel, un aliado de Kicillof- marchó a sedes de la Anses en la provincia de Buenos Aires, junto a representantes de otros sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense y de otros rubros. En un comunicado, el Suteba informó que se manifestó “para exigir la inmediata devolución de los fondos retenidos por el gobierno nacional, pertenecientes al Instituto de Previsión Social y a los trabajadores bonaerenses”.
“Ante esta situación y en la antesala de la audiencia que la Provincia y Nación mantendrán el martes 21 de abril en la Corte Suprema de Justicia, denunciamos que el gobierno nacional y la Anses están violando la normativa vigente al interrumpir las transferencias. Este accionar irresponsable encubre un objetivo mayor: avanzar sobre las condiciones de acceso a la jubilación, poniendo en riesgo los derechos adquiridos de los jubilados y de los que se jubilarán”, se subrayó en el comunicado del gremio docente difundido ayer.
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