Corrupción en la AFA: en una maniobra, el juez santiagueño rechazó el pedido del fiscal para detener a Tapia y Toviggino por lavado de dinero
El juez de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó este martes el pedido del fiscal Pedro Simón de detener al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por el presunto delito de lavado de dinero y liderazgo de una asociación ilícita para sustraer fondos a la entidad madre del fútbol argentino.
En una maniobra, el magistrado santiagueño se declaró incompetente al mediodía de este martes y le envió la causa al juez de Zárate Adrián González Charvay. Se trata de una cadena de decisiones judiciales tomadas algunas con diferencias de minutos. Argibay, quien años atrás había validado la tercera reelección de Gerardo Zamora como gobernador, notificó a las partes de su resolución a las 13.07 y la Cámara Federal de Tucumán lo apartó a las 13.55.
Argibay tomó la decisión con una rapidez inusitada justo antes que la Cámara Federal de Tucumán votara la recusación pedida por el fiscal Simón porque su hija hizo negocios con el hermano de Toviggino. De esta forma, se interpretó en fuentes judiciales, que se le dio una "ventana de tiempo" a Argibay para que mandar la causa al juzgado de Zárate-Campana.
De todos modos, el fiscal Simón apelará dentro de los próximos días la polémica decisión de Argibay a la Cámara Federal de Tucumán que le corresponde por jurisdicción judicial. Es decir, que las decisiones de Argibay no están firmes aún.
De esta forma, la misma Cámara Federal de Tucumá deberán decidir -tras la apelación de Simón- sobre su requerimiento de instrucción que incluye los pedidos de detención.
En una resolución de 39 páginas a la que accedió Clarín, el juez Argibay desestimó el requerimiento de instrucción formulado por el fiscal Simón y declaró la incompetencia territorial de su juzgado y envió la causa al juez de Zárate-Campana.
Argibay, recién llegado de vacaciones en Miami, en una resolución de 39 páginas analizó el requerimiento del fiscal de 180 páginas, afirmó que “la misma no logra traducirse en la descripción de un hecho penalmente delimitado en los términos exigidos por el ordenamiento procesal”.
“El requerimiento no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, ni describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación", agregó.
De este modo, "el relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa”, afirmó.
Argibay analizó el requerimiento de instrucción de Simón –es solo para la apertura de una causa- como si fuera un pedido de procesamiento.
Esta característica “revela una falencia estructural en el requerimiento, en tanto el proceso penal —como ya se ha señalado— no puede tener por objeto la investigación de sistemas, estructuras o dinámicas económicas en abstracto, sino únicamente la verificación de hechos concretos previamente afirmados”.
Luego Argibay afirmó que “el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que, conforme surge de las actuaciones, presuntamente tendría domicilio legal en Pilar, Provincia de Buenos Aires”, a pesar de que la Inspección de Justicia de la Nación ni ARCA convalidaron aún ese cambio de domicilio de la histórica sede de Viamonte en la CABA a Pilar. Es el mismo argumento de la AFA, igual que la estrategia los asesores políticos y judiciales escondidos detrás de esta maniobra.
Un par de horas más tarde, la Cámara Federal de Tucumán apartó a Argibay porque “el estándar aplicable en la materia impone atender no solo a la imparcialidad real del juzgador, sino también a las condiciones externas que permitan descartar cualquier sospecha razonable de parcialidad, en resguardo de la transparencia y legitimidad del proceso”. Se resolvió con el voto unipersonal de la camarista Marina Cossio, luego de más de dos meses sin resolver.
Recordó que "según surge del informe del Registro de la Propiedad Inmueble, en fecha 24/07/2024, Darío Fabián Toviggino y Rosalía Argañaraz adquirieron el Lote “W-1”, (MFR 7S- 30053), que pertenecía a María del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez federal interviniente en la causa”.
En base a ello, “sostuvo el fiscal Simón que existe una circunstancia donde un familiar directo del magistrado (hija) intervino en un negocio inmobiliario que constituiría un objeto de investigación en la presunta comisión del delito de lavado de activos”.
Minutos más tarde, el juez Gonzalez Charvay recibió la causa de manos de Argibay y destacó que “el auto que atribuyó competencia a esta judicatura fue dictado en el día de la fecha y notificado a las partes a las 13:07 horas, siendo inmediatamente después realizado el pase digital de remisión, surge palmariamente que el mismo aún no ha adquirido firmeza”.
Por tanto, “corresponde devolver las actuaciones al JuzgadoFederal de Santiago del Estero nro. 2 sin expedirse acerca de la cuestión decompetencia”, agregó Gonzalez-Charvay.
La Cámara en lo Penal Económico encabezará en los próximos días dos audiencias clave para el futuro judicial de Tapia y Toviggino, en la causa en la que están procesados junto a otros dirigentes por retención indebida de tributos al pagar fuera de plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes.
El tribunal tendrá este miércoles 22 de abril una audiencia para analizar el pedido de Toviggino de apartar de la causa al juez en lo Penal Económico Diego Amarante, y el 5 de mayo será la audiencia para analizar los procesamientos, informaron a Clarín fuentes judiciales. Ese encuentro estaba previsto para el viernes de esa semana pero fue postergado a pedido de las defensas.
Después de eso, los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quedarán en condiciones de resolver. Su decisión marcará el rumbo de la causa. Por un lado, si ratifica o no al juez Amarante. Y también si confirma los procesamientos: si lo hace Tapia y Toviggino quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.
El juez Amarante procesó a Tapia, Toviggino, al gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez; al secretario general, Cristina Malaspina; y al exsecretario general Víctor Blanco por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado.
Los dirigentes no pagaron en plazo 19.300 millones de pesos de impuestos y retención de aportes desde marzo de 2024 a septiembre de 2025 cuando la AFA contaba con fondos suficientes para hacerlo.
En el caso de Tapia, el juez destacó que como presidente de la entidad es el titular de las cuentas bancarias y quien tiene la clave fiscal de la AFA.
Las defensas de los acusados apelaron esa decisión. Sostienen que la deuda está regularizada porque parte ya se abono, inclusive con intereses, y otra está en un plan de pagos.
También que hasta mitad de año hay vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía de la Nación que impiden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles como la AFA y por si no se pueden ejecutar, tampoco reclamar.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
