Desarrollo sostenible y Federalismo: la actualización de la Ley de Glaciares

Tras una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, se produjo la aprobación de la actualización de la Ley de Glaciares. Esto marca el triunfo de una visión federal que busca integrar la protección del ambiente con el desarrollo económico general y la producción de minerales estratégicos como el litio y el cobre.

La ley fue impulsada desde varias provincias con el objetivo de destrabar inversiones estratégicas y optimizar la protección de los recursos naturales, proponiendo una normativa que distingue entre la preservación ambiental efectiva y el desarrollo económico.

Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica. En un contexto global de transición energética, el país posee los recursos minerales necesarios para liderar la agenda verde del futuro. Sin embargo, una normativa diseñada hace años bajo criterios generales hoy actúa como un freno para el desarrollo de las provincias cordilleranas.

La reforma busca corregir estas asimetrías, devolviendo el protagonismo a quienes mejor conocen el territorio: las provincias. La nueva ley garantiza que se sigan preservando los glaciares y geoformas que efectivamente cumplen funciones hídricas, pero elimina las interpretaciones y prohibiciones automáticas sin sustento técnico.

El corazón de la reforma reside en el respeto a la Constitución Nacional focalizando en el Artículo 124, el cual es taxativo al enunciar que los recursos naturales pertenecen a las provincias. Salta, San Juan, Catamarca y Mendoza lideran este reclamo, sosteniendo que la ley vigente ha excedido sus funciones al limitar actividades en zonas que, técnicamente, no cumplen una función hídrica relevante.

Desde esta perspectiva, la reforma no busca desproteger el ambiente, sino aplicar un "uso racional" de los recursos. La meta es clara: evitar que la burocracia impida el crecimiento de infraestructuras hídricas, turísticas y mineras que son el único motor posible para sacar a vastas regiones del país de la postergación económica.

Uno de los cambios centrales del proyecto es dejar atrás un esquema de prohibiciones generales para pasar a un sistema basado en evaluaciones técnicas. En ese sentido, se plantea un inventario más preciso, que proteja únicamente aquellas áreas que realmente funcionan como reservas de agua, evitando así zonas ambiguas que hoy terminan frenando proyectos sin una justificación clara.

Además, se incorpora el criterio de “alteración relevante”, que reemplaza la prohibición total por un análisis del impacto concreto. Esto permite que ciertas actividades puedan desarrollarse siempre que no afecten de manera real los recursos hídricos. Al mismo tiempo, se refuerza el rol de las provincias, devolviéndoles la capacidad de decidir sobre sus territorios en función de su conocimiento local.

Por último, el nuevo Artículo 3° bis apunta a dar mayor previsibilidad: si un estudio técnico demuestra que un área no cumple una función clave en el sistema hídrico, el proyecto puede avanzar bajo las leyes ambientales vigentes.

La conclusión de quienes impulsan este cambio es que no hay protección ambiental posible sin desarrollo económico que la sustente. Una provincia pobre no puede proteger sus recursos de manera eficiente. La reforma de la Ley de Glaciares implica una herramienta de equidad.

Esto permite que las provincias administren sus recursos y, a su vez, se abra la puerta a puestos de trabajo y a una infraestructura hídrica moderna que podría mejorar la gestión del agua más que la simple prohibición. La propuesta actual no es un retroceso, sino una evolución hacia un desarrollo sostenible que reconoce que la ciencia y la soberanía provincial deben caminar de la mano.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín