Intendentes del conurbano alertan por la caída de la recaudación y la mayor demanda de asistencia, pero aseguran que no hay riesgo de estallido

Con encuentros, una marcha al Ministerio de Economía y advertencias sobre posibles presentaciones judiciales, intendentes del peronismo y otros partidos profundizaron en las últimas semanas los reclamos al Gobierno por una creciente “asfixia financiera” de los municipios por la caída de la recaudación en consonancia con el aumento de la demanda de asistencia. Sin vislumbrar por el momento un eventual estallido -en lugar de explosión los jefes comunales hablan de implosión-, potenciaron las alarmas por el deterioro de la situación económica y social en todo el país y en especial en el Gran Buenos Aires y otros centros urbanos.

Más allá de cierta heterogeneidad en los indicadores de actividades por sector, con datos positivos en intermediación financiera, minería y agro -áreas que no generan tanto empleo-, el desplome de la construcción, la industria y el comercio, la baja sostenida en el consumo y el impacto en la recaudación de las provincias y municipios agravan el panorama social.

La provincia de Buenos Aires acumula desde fines de 2023 un declive de 4,4% en la actividad económica -sin contar el agro y la intermediación financiera-, números negativos en todas las ramas de la industria salvo productos químicos y refinación de petróleo, el peor enero de la década en utilización de la capacidad instalada en las fábricas (53,6%), 5.832 empresas cerradas y más de 164.915 nuevos desocupados, la mayoría (142.540) en el conurbano.

En cuanto a la recaudación, la coparticipación cayó 11% en el primer trimestre de este año, sumado al freno de transferencias a las provincias por otros conceptos. De acuerdo con los cálculos de Axel Kicillof, en el caso de Buenos Aires la pérdida total de recursos para el distrito desde diciembre de 2023 asciende a más de 22 billones de pesos y a un billón para los 135 municipios. El gobernador convocó a fines de marzo a los intendentes -asistieron cerca de la mitad- para transmitir el diagnóstico.

“Es una triple caída de ingresos: coparticipación de Nación, de Provincia por Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene municipal. La situación es de asfixia, estamos asfixiados financieramente. Se caen los ingresos y a la vez sube el gasto social, porque hay mayor demanda de alimentos y medicamentos, en las escuelas y los hospitales públicos”, resumió un intendente peronista alineado con Kicillof.

“Estamos todos muy cagados a palos. La cosa se pone cada vez más picante, fundamentalmente en la recaudación”, coincidió un jefe comunal de la Primera Sección. En un reclamo motorizado por el matancero Fernando Espinoza -titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM)- y Gabriel Katopodis -ministro de Infraestructura bonaerense-, unos 150 intendentes entregaron un documento en el ministerio de Economía para cuestionar a Luis Caputo por no destinar lo recaudado por el impuesto a los combustibles (unos 3,5 billones de pesos) a obras viales ni a morigerar el precio de la nafta y el gasoil.

En la nota consignaron que la demanda de ayuda social se duplicó y que en muchas ciudades volvió el trueque en las plazas. La asistencia alimentaria en el municipio de La Matanza, el más populoso del conurbano, pasó de las 80 mil a las 160 mil familias. La presencia de intendentes de 14 provincias hizo que la protesta no se limitara al Gran Buenos Aires. “Cuando la crisis llega a este punto, desde La Quiaca a La Paz en Mendoza o Río Grande, tiene un carácter federal que hace que no se pueda esconder. No hay relato que valga”, apuntó un integrante del Gabinete bonaerense. Los jefes comunales agrupados en la FAM preparan una denuncia a Caputo por presunta malversación de caudales públicos.

Las dificultades de los grandes centros urbanos se potencian con la crisis del tejido industrial y el derrumbe del consumo. Según el INDEC, ya en el cuarto trimestre de 2025 la desocupación en los partidos del GBA había trepado a 9,5%, la cifra más alta del país compartida por el Gran La Plata, Mar del Plata y Río Gallegos. La última medición de pobreza en los 24 distritos que rodean la Capital marcó 32,6% y la de indigencia 8%.

“La construcción está 22% abajo de noviembre de 2023, un año que ya venía con recesión, la industria 7%, el comercio anda por ahí... Lo que compite con importaciones y depende del mercado interno, como el sector textil o insumos para la construcción, va a estar muy complicado”, consideró Federico Rodríguez Couto, coordinador macroeconómico de la consultora Empiria.

El índice de consumo del Banco Provincia, en base a los gastos de sus clientes en tarjetas de débito, crédito y en la cuenta DNI, registró en febrero una retracción interanual de 9,5%. El informe de ese mes, el último publicado, también reflejó una merma en el número de usuarios de productos bancarios y en las transacciones.

De acuerdo con el indicador de consumo familiar de Poliarquía, en el primer trimestre de 2026 hubo una baja de 3% respecto al último de 2025 y de 10% comparado con el mismo período del año pasado. “La contracción se explica por una fuerte caída en el Gran Buenos Aires y en los sectores de menores recursos. La brecha entre los niveles de consumo de los habitantes del interior y los del conurbano bonaerense alcanza el valor más alto del gobierno actual”, explicó el director Alejandro Catterberg.

La consultora Reyes-Filadoro también registró en los últimos trabajos de grupos focales el incremento de los síntomas de deterioro social y económico en los sectores de clase media y media-baja. “Vamos notando que cada vez más personas tienen dos, tres y hasta cuatro trabajos. El uso de la tarjeta para comprar comida y el endeudamiento con familiares o amigos para evitar los intereses. A los que apoyan al Gobierno les empiezan a surgir preguntas”, consignó Florencia Filadoro.

Aun con el panorama preocupante reflejado tanto por los intendentes como por las consultoras, los jefes comunales del peronismo descartaron al menos por el momento la hipótesis de un estallido social como en 2001. En parte porque, a diferencia del final de la convertibilidad, el gobierno mantiene la asistencia a los sectores más vulnerables más allá de haber cortado este mes el programa Volver al Trabajo.

“El problema es que también se cae la clase media”, coincidieron intendentes y funcionarios bonaerenses, que a su vez tampoco perciben un clima de predisposición a la protesta en las calles. “Lo que hay ahora es una implosión. La descarga es para adentro, en las casas, las propias familias”, remitieron al crecimiento de la violencia, las adicciones y los trastornos de salud mental.

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