De Vido seguirá preso: el juez de ejecución Basílico volvió a rechazar la domiciliaria pese a los reclamos por su salud
La familia reclama que sus múltiples enfermedades no pueden ser tratadas en el penal. El magistrado que denegó la solicitud fue nombrado por Patricia Bullrich en una comisión de Seguridad. Sospechan que la decisión se basa en razones más políticas que jurídicas.
La Justicia volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, pese a los reclamos de su defensa y de su familia por el agravamiento de su estado de salud. La decisión quedó en manos del juez de ejecución Ricardo Ángel Basílico, quien resolvió que el exfuncionario continúe detenido en el penal de Ezeiza.
De Vido cumple una condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa vinculada a la tragedia ferroviaria de Once. Su defensa había solicitado que la pena pudiera cumplirse bajo arresto domiciliario en una chacra ubicada en Zárate, con monitoreo electrónico, alegando problemas cardiovasculares, diabetes e hipertensión.
Sin embargo, Basílico sostuvo que el Servicio Penitenciario Federal está en condiciones de garantizar el tratamiento médico necesario dentro del penal. En su resolución ordenó reforzar los controles médicos y el seguimiento clínico, pero descartó que el cuadro de salud configure una situación excepcional que justifique el traslado a un domicilio particular.
La decisión judicial fue cuestionada por el entorno del exministro. La familia denunció un agravamiento de su estado de salud y puso en duda las condiciones de atención médica dentro del sistema penitenciario, al advertir que se trata de un paciente con múltiples patologías crónicas.
La resolución también volvió a poner en el centro de la escena al juez Basílico, cuya figura excede el expediente judicial.
El magistrado, además de actuar como juez de ejecución penal, preside el comité creado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich para coordinar tareas de monitoreo y análisis digital vinculadas al denominado “ciberpatrullaje”.
Ese rol en estructuras vinculadas a la política de seguridad alimentó cuestionamientos desde sectores del kirchnerismo y del entorno de De Vido, que sostienen que el problema detrás del rechazo de la domiciliaria es más político que jurídico.
En ese contexto, remarcan que la decisión judicial llega en medio de un clima de fuerte polarización política y de una relación históricamente conflictiva entre el exfuncionario y los sectores del macrismo que impulsaron las investigaciones judiciales por hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
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