El Gobierno evalúa modificar el máximo tribunal penal del país
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, por debajo de la Corte Suprema, que tiene la función de revisar las condenas de funcionarios y exfuncionarios por corrupción, podría pasar de 13 a 9 miembros.
Así se lo propusieron sus actuales integrantes al Gobierno, que se mostraron a favor de dejar sin cubrir la cuatro vacantes que tiene y seguir funcionando con los nueve jueces que la ocupan actualmente.
Esta iniciativa se dio a pesar de que ya se realizaron en el Consejo de la Magistratura los concursos para elegir a los reemplazantes y hay candidatos seleccionados que esperan ascender.
La propuesta de quedar con nueve integrantes se comentó en la última reunión que mantuvieron los jueces con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuando los visitó el 23 de marzo pasado.
Allí estuvieron el presidente Diego Barroetaveña, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques, Javier Carbajo y Angela Ledesma. Aquel día no estuvo Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal. Del lado del Poder Ejecutivo estaban Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, y el viceministro, Santiago Viola.
Mahiques, según revelaron a LA NACION fuentes judiciales y del Gobierno- les dijo que lo hablaran entre ellos y que, si había consenso, se podía avanzar. “En principio, el ministro está abierto a esa posibilidad; no está acá para nombrar jueces porque sí”, dijo una alta fuente del Ministerio de Justicia.
En la cartera argumentan que la cantidad de jueces que integran cada tribunal no es uniforme, ya que depende de lo que establezca la ley específica para cada fuero y la carga que tengan.
El argumento del Gobierno a favor del planteo de cambiar la conformación fue más allá: “Si un tribunal funciona bien y está siendo eficiente, ¿cuál es el apuro en nombrar jueces ahí? ¿Deberían nombrarse más jueces? ¿Es necesario? ¿Responde a una necesidad funcional o se trata de una necesidad política?”.
En esa reunión, los jueces de Casación explicaron al ministro que ocurre lo mismo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia, que tiene actualmente tres del total de cinco jueces.
También les dijeron que con nueve jueces estaban bien y que no era necesario cubrir las vacantes que dejaron la salida de los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Ana María Figueroa, jubilados, y Juan Carlos Gemignani, quien recientemente renunció al tribunal.
Hablaron de las estadísticas que revelan que la productividad de las diferentes salas es buena y que no está afectada por las vacantes, según reconstruyeron fuentes del tribunal de Casación. Todos los argumentos iban en línea con dejar sin integrar el tribunal.
Los jueces funcionan en salas de tres jueces cada uno, que se reparten las diferentes causas que deben revisar. Cuando en una sala hay una o dos vacantes, se sortea a un juez de otra sala. Por eso es que todos los jueces están trabajando en diversas causas y así se lo explicaron al ministro.
El otro argumento que se comentó, ya fuera de la reunión y en conversaciones posteriores de pasillo entre los magistrados, es que los jueces, de este modo, ya funcionan como lo prevé el nuevo Código Procesal Penal acusatorio.
Este sistema manda que la Cámara de Casación tiene la forma de un “colegio de jueces”, donde cada magistrado es sorteado para cada caso. Los camaristas señalaron que al actuar como subrogantes, funcionan prácticamente con la misma modalidad que el colegio de jueces.
Tras la reunión, en el comunicado oficial dijeron que el Gobierno y la Cámara de Casación “ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad jurídica, optimizar el funcionamiento de los tribunales federales y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.
Ninguno de los magistrados se arroga la paternidad de la idea de no cubrir las cuatro vacantes, que circuló entre los jueces y que llegó a tomar incluso la forma de proyecto de ley. Hay dos borradores.
Es que para que la Cámara Federal de Casación pase de tener 13 a 9 jueces, se debe reformar la ley orgánica para la justicia nacional y federal.
Hay dos proyectos que empezaron a circular en los tribunales de Comodoro Py y hasta en el Palacio de Justicia, dijeron fuentes judiciales. En la Cámara de Casación negaron el detalle de los proyectos, que otras fuentes dijeron haber tenido en sus manos.
Claro que para aprobarlos es necesario un acuerdo político que requiere que un sector de los aliados del Gobierno lo apoye. Un esfuerzo demasiado grande con un alto costo. El otro problema surge porque el Consejo de la Magistratura ya realizó el concurso para cubrir las vacantes.
Los mejor posicionados son Gabriela López Iñiguez, la primera postulante, jueza de un tribunal oral federal. Obtuvo 166,75 puntos en el concurso, compuesto de 86,75 en el examen de oposición y 80 puntos por antecedentes.
Le siguieron el juez José Michilini, con 95,95 puntos por antecedentes y 70 en el examen de oposición, lo que hace un total de 165,95 puntos, y el fiscal Leonel Gómez Barbella, con 154,5 puntos (84,5 en antecedentes y 70 en el examen de oposición).
Deben celebrarse audiencias personales entre los primeros 20 candidatos y seguramente cambiarán de nuevo los lugares.
Además, rige el cupo de género: en este caso debe haber tres ternas y una lista complementaria. En cada terna debe haber una mujer, con lo que la candidata que está décima, por ejemplo, Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal y candidata por la lista Compromiso Judicial, tiene opciones de integrar una terna.
Lo mismo ocurre con la siguiente candidata mujer, la defensora oficial Pamela Bisserier. El requisito es que deben tener al menos 50 puntos en el examen de oposición.
La lista de mérito está integrada, además, por el juez Fernando Machado Pelloni, Marcelo Ferrante, Fernando Bellido y Mariano Pérez Roller.
También está entre los posicionados, Jorge Gorini, que condenó a Cristina Kirchner, Diego Amarante, juez en lo Penal Económico, que proceso a Claudio Tapia y trabajó 15 años en la Casación.
A ninguno de los concursantes le hace gracia la idea de que no se cubran las vacantes, después de participar en esta selección que arrancó en 2022 y que aún resta concluir.
“La única razón que se me ocurre es favorecer la concentración de poder en pocas manos”, dijo uno de los concursantes indignado por esta iniciativa.
Otro señaló que las estadísticas no respaldan esta idea y otro mencionó que “no se entiende cuál sería la ventaja para la sociedad de tener menos jueces, pero pagando lo mismo en sueldos. Menos gente trabajando y ni siquiera hay un ahorro”, en alusión a una versión, confirmada en la Casación, que los magistrados propusieron mantener el presupuesto y repartirlo no entre 13, sino entre 9 camaristas.
Los perfiles de algunos de los concursantes que están mejor posicionados no son del agrado del Gobierno y eso podría ser uno de los argumentos determinantes en la Casa Rosada para apoyar la idea de reducir la cantidad de cargos en el tribunal.
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