Los empresarios se entretienen especulando con 2027
En los círculos empresarios no se habla de otra cosa. Las elecciones 2027 ya coparon la agenda. No importa que falte más de un año y medio. Todo se lee en clave electoral. Y los interesados en probar suerte ya comenzaron su proceso de seducción. Al final del día, difícil pensar en tener chances en política si no hay detrás quien las financie.
Así, mientras el expresidente de la Cámara de Diputados durante la gestión del Pro, Emilio Monzó, busca convencer al banquero Jorge Brito de jugar dentro del peronismo, previa interna para medirse fuerzas contra Axel Kicillof, el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac, que tendría un primer aval del kirchnerismo, aprovechó unos días en Buenos Aires para empezar a tejer redes con jugadores pesados del sector privado. Son todos globos de ensayo en un momento en el que el Gobierno da pelea por recuperar la agenda con buenas nuevas, aunque Javier Milei sigue siendo un candidato firme para reelegir en 2027.
“Hay reuniones de industriales, con gente insultada, con gente que se está fundiendo, donde se habla incluso de recuperar la figura de Sergio Massa”, reconoció otro empresario industrial. “Si bien fue un desastre, algunos lo ven como un tipo viable, con buena relación con Estados Unidos… un profesional de la política. Está claro que no hay margen para locuras”, siguió.
Son todas conversaciones que probablemente no sobrevivan en los próximos meses. Pero que reflejan también el momento en el que está transitando la economía, con claros ganadores y perdedores. Es entre estos últimos que ganan espacio muchas de estas conversaciones. Pero La Libertad Avanza (LLA) lejos está de perder atractivo. En algún punto, es la Argentina de la grieta eterna. La que explica en gran medida por qué el riesgo país sigue en niveles de 500 puntos cuando los números de la macro están mucho más ordenados que los de otros países de la región, o que todavía no termina de atraer a los inversores extranjeros de forma masiva, más allá de lo que sucede en sectores puntuales como el de la minería. Hay algo del relato oficialista que también tiene parte de verdad.
Entre quienes tienen la responsabilidad de gestionar territorio, sin embargo, prima el pragmatismo. La mayoría de los caudillos provinciales están preocupados hoy por conservar su influencia territorial. Es en el interior donde el oficialismo está más fuerte. Según el Indicador de Consumo Familiar de Poliarquía Consultores, en el primer trimestre del año, el consumo en el interior creció un 6%, mientras el Gran Buenos Aires se desplomó un 17%. La brecha entre ambas zonas alcanzó su máximo desde que Milei asumió.
Es en este escenario que varios gobernadores empiezan a acercarse en son de colaboración con LLA. Los números de Hacienda muestran la respuesta oficial. Desde que se firmó el decreto 219 que habilitó a la Nación a adelantarles a las provincias fondos de la coparticipación por hasta $400.000 millones en cada caso para poder hacer frente a necesidades urgentes, tres recibieron ya los fondos: Tucumán, Chaco y Catamarca. Mientras que Salta, Mendoza, Corrientes, Chubut y Santa Cruz están en trámite.
Las provincias con acceso al mercado de capitales, en tanto, están aprovechando estos días para volver a probar suerte entre inversores internacionales. La primera de esta nueva ronda sería Chubut, pero hay varias más con emisiones en gateras. Hay un gran esfuerzo por recuperar en el interior el impulso de la obra pública. Cemento y elecciones van siempre de la mano.
El Gobierno, por su parte, ya consiguió en Washington, en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), avanzar con dos cuestiones clave: por un lado, la aprobación por parte del equipo técnico del Fondo de la revisión del programa vigente con la Argentina, y por el otro, avanzar con el Banco Mundial en las conversaciones para conseguir financiamiento más barato (que el del mercado de capitales) para cubrir los vencimientos de deuda de julio. El Banco Mundial ya dijo que daría garantías por US$2000 millones para que la Argentina pueda financiarse con bancos y entidades privadas a un costo menor. También hay conversaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero todavía no están cerradas.
El visto bueno del FMI no viene sin condicionamientos. Todavía falta conocer la letra chica. Hay quienes adjudican a la acción del organismo el relanzamiento del corredor de tasas que hizo ayer el Banco Central. La Argentina es para el organismo de crédito todavía un alumno a quien hay que terminar de reencauzar. En el directorio del organismo, conformado por los representantes de los países miembros del Fondo, la Argentina tiene un problema de reputación. El acuerdo que se selló esta semana con la línea técnica del FMI será sometido a votación en la segunda semana de mayo. Según confiaron fuentes al tanto de las conversaciones -el viernes pasado hubo, de hecho, un encuentro informal del Board del FMI para tratar el caso argentino- fue una vez más la ayuda de Estados Unidos la que habría terminado por destrabar las negociaciones. Otra vela más que habrá que encenderle al amigo Trump.
“El mayor tema vino por la nueva meta de reservas internacionales -confió una fuente del mundo diplomático-. Había muchos países decepcionados de ver que la Argentina continuaba tan lejos de la meta establecida el año pasado. Pero Estados Unidos dijo que iba a apoyar un waiver [perdón]”, admitió. Los Estados Unidos tienen 16% de los votos del FMI y además son el único poder de veto. Está claro en este frente que Trump es quien define cuándo empieza y cuándo termina un diferendo.
Ya con el FMI solucionado, el Gobierno podrá concentrarse en las próximas semanas en avanzar con medidas que permitan darle aire a la economía. Este jueves el Banco Central (BCRA) siguió modificando su política de encajes, en un intento por mejorar las condiciones de liquidez de los bancos y así, fomentar más el crédito. No son medidas de alto impacto, pero marcan un sendero. El financiero es el canal más claro que tiene el oficialismo para inyectarle oxígeno a la economía.
En el terreno fiscal sigue sin tener grandes márgenes de acción. El indicador que más inquieta sigue siendo el del empleo. En este caso, como en el fiscal, los deberes no son solo nacionales. Las provincias también tienen mucho por hacer para contribuir a bajar el “costo argentino”. No solo desde el punto de vista de la carga tributaria, sino específicamente en lo que hace a la litigiosidad laboral, que al final del día es un costo clave para el empleador.
El mapa de la litigiosidad laboral en la Argentina es un escándalo que se paga en dólares. Según el informe de abril 2026 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al que accedió LA NACION, los juicios laborales le cuestan al país US$2140 millones al año, el equivalente a 2 millones de salarios mensuales. Pero la foto no es pareja: mientras Salta tiene un índice de judicialidad de apenas 6 puntos y un sobrecosto estimado de US$10 por trabajador, San Luis llega a 337 de judicialidad y US$837 por trabajador, Chubut a 371 y US$328, y Jujuy a 238 y US$461. Tal vez con algunos de estos números en mente, las empresas empiecen a definir radicarse en una provincia y pagar el traslado de sus empleados a otra. Tener un empleado minero radicado en Salta implicaría, de acuerdo con el informe, asumir un sobrecosto de US$10,1, muy por debajo de lo que sale un empleado en Jujuy. Tampoco las provincias están acostumbradas a competir, no solo el empresariado.
Lo más llamativo, según el informe, no es solo la cantidad de juicios, sino su calidad: en Mendoza, el 92,9% de los expedientes corresponde a casos rechazados, con 0% de incapacidad o no denunciados previamente, lo que en la jerga del sector se llama, sin eufemismos, juicios especulativos. La Corte argentina, recordó el juez Horacio Rosatti ante empresarios en el AmCham Summit, resuelve 15.000 causas por año, mientras la de Estados Unidos resuelve apenas un centenar.
El problema, entonces, no es solo de costos para las empresas: es de un sistema judicial desbordado, donde la falta de uniformidad en la aplicación de los fallos puede poner en riesgo proyectos económicos enteros. La solución, dice el propio informe de la SRT, no requiere nueva legislación: alcanza con cumplir la que ya existe. Rosatti dijo casi lo mismo. Pero en la Argentina estamos acostumbrados a buscar soluciones mágicas, extremas, cuando algo se pone difícil, ya sea en la política o en los negocios.
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