Transparentar sin ajustar

La decisión de eliminar los planes sociales, anunciada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, bajo el argumento de “terminar con la intermediación”, es necesario enmarcarla en el acuciante contexto económico y social.

Toda forma de superar los viejos esquemas de clientelismo y establecer una relación directa entre la persona y el Estado es positiva, siempre y cuando no encubra una política de desinversión, cuyo objetivo central sea el mero ajuste de los recursos.

Según se informó, el nuevo programa planteará su instrumentación con capacitación y empleo orientado al logro de la autonomía, relacionará a los beneficiarios con las empresas, y permitirá monitorear la trazabilidad del gasto, de modo tal de evitar desvíos de demandas.

Además, observamos que contempla una transición de un año hasta terminar con el actual esquema, que alcanza a cinco mil personas, y también se anuncian dos criterios para el acceso: residencia y situación socioeconómica. Este mecanismo de revisión de la permanencia de los beneficiarios, debería ajustarse al criterio que subyace a lo largo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que garantiza derechos a todas las personas, no solo a quienes residen, incluyendo a quienes trabajan, estudian o transitan la ciudad. Agitar el fantasma de la incorporación de criterios más estrictos de residencia en este nuevo esquema, parece más un mecanismo de congraciarse con el discurso instalado de que los servicios son utilizados por población bonaerense, que con criterios de gestión.

Con una suba lenta y persistente de la tasa de inflación, en los últimos diez meses, preocupa la creciente masa de personas desempleadas que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a fines de 2025, se ubicó en torno al 6,9 por ciento a nivel nacional. A esto se suma un deterioro en la calidad del empleo, con crecimiento del trabajo informal y de la subocupación, así como de quienes tienen dos o hasta tres actividades para complementar ingresos. El pluriempleo se transformó en una nueva realidad.

Desde ya que compartimos toda iniciativa que tienda a eficientizar el manejo de la inversión de los recursos estatales. Sin embargo, lo deseable es que todo ello no encubra un ajuste de los fondos destinados a las políticas sociales, menos aún en el preocupante contexto social que atraviesa la población, y en especial los sectores más vulnerables. Con un dato objetivo preocupante, la continua caída del consumo, en especial, en el rubro alimentos.

Un dato a sumar, tiene que ver con los cambios experimentados en la política de seguridad alimentaria. La implementación de controles en los comedores que sostiene el Gobierno de la Ciudad permitió la detección de irregularidades en una cantidad considerable de raciones, y hasta el cierre de espacios.

La lógica de gestión basada en mayor control debe orientarse también en la calidad de los insumos que llegan a las organizaciones sociales, que no alcanzan a sostener una dieta mínima saludable. Cabe resaltar que sin el entramado de contención que ellas realizan, decenas de miles de personas perderían la posibilidad de acceder a, por lo menos, una ración diaria de comida.

En ambos casos, reitero que concordamos en el criterio de superar el repudiable esquema clientelar, en la medida que no se atente contra la solidaridad social que es un valor comunitario fundamental.

Por último, recientemente, el Ejecutivo nacional instrumentó una medida anunciada hace dos años: el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo-ANSES), lo que implicó el cese del pago de la transferencia mensual de $ 78.000 (setenta y ocho mil pesos) para unas 900.000 personas. Según se anunció, el Estado implementará un sistema de vouchers de capacitación laboral con el objetivo de vincular el recurso público exclusivamente a la formación demostrable, acompañado por criterios de capacitaciones laborales obligatorias dentro de una red federal, y articulación con el sector privado. Sin embargo, no parece que las personas con dificultades estructurales sean alcanzadas por la medida.

Es clara la convergencia discursiva y de gestión entre Nación y Ciudad. No obstante, en los últimos meses, se hizo visible el incesante deterioro económico y social que tensiona el equilibrio entre eficiencia, cobertura y demanda social. Ajustar sin medir las consecuencias sociales no parece ser la mejor de las respuestas.-

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