Crisis de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas
La cobertura de salud de los integrantes de las Fuerzas Armadas, en actividad o retirados, y sus familias es uno de los componentes esenciales de una política de Defensa Nacional. Como tal es responsabilidad directa del Presidente de la Nación y Comandante en Jefe y del Congreso.
Ese servicio, esencial para la cohesión y disciplina de las fuerzas militares y de seguridad de cualquier país, viene deteriorándose muy rápidamente en los últimos años, hasta llegar ahora a un nivel alarmante y urgente por la supensión de servicios.
Es obvio cómo afecta la falta o insuficiencia de atención médica y provisión de medicamentos a los soldados destinados en la cordillera, el monte norteño, las aguas territoriales o en lejanas misiones de paz, a ellos mismos, sus familiares directos y a los cuadros retirados de las FFAA.
Cabe subrayar que la protección que debería brindar la obra social es muy distinta de la sanidad militar específica, que protege sólo a los efectivos en actos de servicio, siendo ésta última responsabilidad primaria de los mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El déficit real -y difícil de explicar- acumulado en los dos últimos años por lo que era el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) supera los 260 mil millones de pesos -según acaba de precisar el Jefe del Estado Mayor del Ejército ante público militar, el 31 de marzo - y crece aceleradamente por los intereses. La consecuencia inevitable es la creciente suspensión de servicios por los prestadores. Tres días después se hicieron formalmente anuncios de vagas negociaciones con los prestadores, sin precisiones.
La insostenible actual situación comenzó a gestarse con una ley deficiente del último gobierno de Cristina Kirchner, aplicada con deficiencias adicionales durante la gestión de Mauricio Macri. Durante los dos últimos dos años, siempre bajo control civil del Ministerio de Defensa, el entonces Instituto de las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas (IOSFA), acumuló el déficit precisado y el consecuente grave deterioro de los servicios. Durante todo este proceso, debe reiterarse, la autoridad y el control fue de las jerarquías políticas.
En los últimos meses, el Poder Ejecutivo eliminó el IOSFA, creando por decreto una organización para tratarlo en forma residual, básicamente el déficit heredado, y dividió en forma tajante los servicios de salud de los cuadros, familiares y retirados de las Fuerzas Armadas de los de las Fuerzas de Seguridad, creando dos organizaciones independientes.
El decreto aludido y anuncios posteriores formularon complejos enunciados, sin medidas concretas que deberían ser precisadas en futuras reglamentaciones del decreto. Una expresión coloquial sintetiza adecuadamente la situación: mucho ruido (confuso) y pocas nueces. Lo único cierto es que se trasladó la responsabilidad de la crisis al actual Ministerio de Defensa puesto por el Presidente bajo responsabilidad casi exclusiva del Ejército Argentino.
Así como es obvio el daño a personas y el daño institucional que provoca la actual situación, es evidente que el peso de las soluciones, ya ni siquiera de la mitigación, no puede ser aportado por las propias Fuerzas Armadas debido a su imposibilidad presupuestaria. Los gobiernos generaron el problema y la autoridad política actual debería crear la solución.
El “supuesto implícito” que es el Presupuesto Nacional 2026, presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, contempla un gasto en Defensa algo menor al 4 % del gasto total del Estado. De esa proporción , el 85-86% de se destina a sueldos.
El escaso remanente (el 15% de menos del 4 %) hace muy dificil o casi imposible un adecuado nivel Adiestramiento y Mantenimiento de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas. Debe tenerse en cuenta, además, que la Argentina destina a su Defensa Nacional una proporción de su PBI sustancialmente menor -no llega a la mitad- que los países de la región y menos de la tercera parte de los que gastaban las democracias europeas antes de Ucrania, ahora gastan más.
En este contexto evidente, suenan muy extraños los anuncios más o menos rimbombantes sobre adquisiciones de equipos que están siendo reemplazados o descartados por otras naciones, aunque sean más modernos que los nuestros.. No es explicable hasta ahora de dónde saldrán los fondos para su compra, el mantenimiento y utilización.
De debemos considerar, además y quizás en primer término, que los saltos tecnológicos y el ejemplo de las guerras en curso, imponen revisar conceptos que amenazan convertirse en arcaicos y condicionar los futuros desarrollos en materia de Defensa Nacional.
Volviendo a la cuestión hoy principal de los servicios de salud sectoriales, en el caso de las Fuerzas Armadas de casi todos los países del mundo, se trata de sistemas universales y solidarios (para el cabo y el general, el retirado y los familiares directos). Se nutren de los aportes del Estado, como empleador, y de quienes tienen estado militar.
Pues bien, en nuestro caso, pese a representar más de las tres cuartas partes del presupuesto total asignado a las Fuerzas Armadas, las remuneraciones de los cuadros son muy bajas, con más de la mitad bajo la línea de pobreza oficial. Por supuesto, esa pobreza implicó desde hace años aportes menores que contribuyeron a desfinanciar los servicios de salud.
Debe tenerse en cuenta, además, que pese a las promesas sucesivas, los sueldos remuneraciones militares son inferiores, como promedio alrededor del 30%,a los de los integrantes de las Fuerzas de Seguridad.
Es evidente que no hay soluciones mágicas para esta crisis, pero debería haber una asignación de responsabilidades concretas por lo ocurrido e intentar desarrollar consensos democráticos que permitan decisiones adecuadas, considerando la Defensa Nacional como una responsabilidad básica del Estado, por encima de políticas de facción.
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