El Gobierno en la disyuntiva sobre el futuro comercializador del GNL de invierno
La apertura de sobres para definir al agente comercializador-agregador de GNL dejó un escenario de paridad técnica y económica que no termina de convencer al Palacio Hacienda a pesar de la mejora de ofertas recibida este miércoles por las multinacionales Naturgy y Trafigura.
Tal como se preveía, la Secretaría de Energía convocó a las oferentes a una instancia de mejora de oferta económica, en la cial Naturgy tomó una leve ventaja con una propuesta de 4,50 USD/MMBTU, seguida de cerca por Trafigura, que marcó 4,57 USD/MMBTU.
Si bien estas cifras representan una corrección respecto a los niveles iniciales, la brecha de apenas siete centavos y el piso de precios alcanzado obligaron a las autoridades a plantear la alternativa de un Plan B que siempre estuvo en la mesa.
El objetivo inicial de privatizar la gestión del gas licuado para la próxima temporada invernal, es decir la importación y la comercializador a clientes locales que hasta hoy cumple Enarsa, chocó con una realidad de mercado que, por ahora, resulta más onerosa que la gestión estatal.
En los pasillos oficiales comenzó a ganar peso la posibilidad de declarar desierto el proceso. Los argumentos que manejan los técnicos de la Secretaría de Energía se basan en el impacto fiscal que significara en las actuales circunstancias internacionales desplazar a Enarsa, lo que implicaría convalidar costos de intermediación que el Gobierno no está dispuesto a absorber en un año de continuidad de ajuste.
Por otro lado, con las ofertas actuales, la estructura propia del Estado para la importación y regasificación de GNL en Escobar se perfila, paradójicamente, como la opción menos costosa para las arcas públcas, y la decisión de privatizar la gestión del GNL invernal se pasaría a 2027.
La decisión de dar marcha atrás no solo respondería a una cuestión de precios, sino también a la necesidad de garantizar el suministro sin sobresaltos. Si el Gobierno determina que la gestión privada no garantiza un ahorro real frente a la operatividad de la empresa estatal, la licitación podría cerrarse sin adjudicatarios en los próximos días.
La intención de sumar un actor privado que centralice las compras de GNL fue una de las banderas de la desregulación energética, pero el pragmatismo económico parece imponerse ante la urgencia de cuidar los dólares en el período de mayor demanda de combustible.
El proceso de desregulación del mercado del gas establece la fgura de un "agregador-comercializador" privado que reemplazará el rol histórico que cumplía la estatal Enarsa en la compra de cargamentos. Esta empresa a licitar debe gestionar la logística y el financiamiento de los buques regasificadores, asumiendo riesgos de mercado que hasta el año pasado recaían exclusivamente en el Tesoro Nacional.
La convocatoria tiene como objetivo principal que un actor privado asuma la responsabilidad de importar el fluido y comercializarlo como gas regasificado. La operatoria se concentrará en la terminal de Escobar, punto estratégico para el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el Litoral durante los meses de mayor consumo.
El proceso se inscribe en el esquema de privatización de actividades de ENARSA, conforme a lo establecido por la Ley Bases. El Gobierno nacional busca avanzar en la desvinculación de funciones comerciales que el sector privado puede realizar con mayor eficiencia, limitando la intervención directa del Estado en el mercado energético.
El Gobierno nacional decidió avanzar con esta etapa de desregulación del sistema a pesar del contexto crítico que atraviesa el sector energétco global, con fuerte repercusión en el país, en particular en las compras de GNL que deberá afrontar el nuevo operador a partir de este mes.
Los riesgos son grandes en medio de un contexto internacional de crisis. El conflicto armado en Medio Oriente no solo disparó señales de alerta sobre los precios del crudo que en el caso del Brent se acerca peligrosamente a la barra de los u$s100 por barril, sino que se extiende al comercio global del Gas Natural Licuado (GNL), del cual el país es aún comprador estacional.
En este contexto, la intención era cubrir el pico de demanda invernal bajo una modalidad inédita en dos décadas a partir del traspaso del control de las importaciones de GNL hacia manos privadas, mediante esta licitación pública internacional en marcha. Este giro en la política energética local ocurre en un momento de fragilidad logística internacional.
Estos incidentes bélicos impactaron de forma directa en un nuevo salto del precio internacional, afectando particularmente al índice Dutch TTF. Este indicador europeo es la referencia central utilizada por la Argentina para la planificación de sus compras de metaneros, esenciales para cubrir el incremento del consumo durante los meses de baja temperatura.
Desde el viernes 27 de febrero, día previo al primer ataque armado, el precio de TTF pasó de su$31,9 la tonelada a u$s43,3 en el cierre de este miércoles, lo que representa un incremento de más de 35% en los últimos 45 días, un gap que llegó a arañar el 70% en momentos más criticos de la situación externa. Ese incremental es el que deberá enfrentar el país para aprovisionarse del combustible necesario hasta septiembre.
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