CÓRDOBA.− María Virginia Carmona concursó para el cargo de juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba. Quedó primera entre todos los postulates, pero después de la entrevista fue relegada al punto de quedar afuera de la terna en el dictamen de mayoría que aprobó hoy el Consejo de la Magistratura.
Antes de que el plenario del Consejo de la Magistratura resuelva, Carmona hizo un planteo público, según aclaró, ”a los fines de preservar la confianza en el sistema de elección de magistrados".
Carmona es fiscal federal de La Rioja, se desempeñó como fiscal coadyuvante en la megacausa “La Perla”, en Córdoba, y, en 2014, la Cámara Federal de Córdoba ratificó su nombramiento como fiscal subrogante en Villa María, revocando fallos previos y respaldando el proceso de la Procuración General de la Nación.
Carmona denunció que en el concurso 477, tras “el examen de oposición en forma anónima y los antecedentes curriculares e impugnaciones”, quedó en primer lugar como aspirante a ocupar el tribunal oral. “Pero en la entrevista personal se decide por mayoría bajarme 41 puntos y se me ha excluido de la terna, no fundamentando adecuadamente conforme establece el artículo 141 último párrafo".
Carmona subrayó que hay dos dictámenes: el de la mayoría, que la excluye de la terna, y el de minoría, que la mantiene en primer lugar. Pidió a los consejeros tener en cuenta esa situación en el plenario. Su pedido no encontró eco.
Además de ella, concursaron para el cargo María Soledad Mancini, Hugo Germán Burgos, Gustavo Javier Zapata, Carlos Eduardo Saltor, Carlos Facundo Trotta y Ana María Busleiman.
En la votación del plenario, Carmona quedó afuera, ya que se impuso el dictamen de la mayoría, con 13 votos entre 19. La terna de ese dictamen está integrada por Mancini, Burgos y Zapata. Carmona encabeza la lista complementaria.
El reclamo se produce en medio del debate iniciado por la Corte Suprema, luego de que los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti propusieron un nuevo reglamento para la selección de los jueces que busca estandarizar los criterios de evaluación en los concursos y reducir la discrecionalidad política, precisamente, durante la entrevista personal.
El mecanismo que impulsa la Corte Suprema limita el puntaje que se pueda dar durante esa entrevista, que en la práctica puede desvirtuar el órden de mérito que los candidatos lograron en los concursos.
El proyecto fue remitido al Consejo de la Magistratura para actualizar el proceso de selección de magistrados. También propone realizar concursos antes de que se produzcan las vacantes, para evitar que el proceso quede atado a coyunturas políticas, e instrumentar una doble instancia de evaluación con anonimato absoluto, un legajo digital único y tabulación estricta de antecedentes.
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