El Gobierno nacional avanza en la licitación de más de 1.900 kilómetros de rutas clave bajo un esquema de inversión privada, al tiempo que excluyó del proceso a Aubasa, la empresa controlada por la provincia de Buenos Aires, por incumplimientos técnicos y financieros.
El proceso, que según la secretaría de Transporte, se ejecuta bajo criterios de transparencia y rigor técnico, busca modernizar la red vial sin recurrir a subsidios estatales, consolidando contratos a largo plazo y reglas estables para los operadores privados.
Uno de los ejes de la Etapa II A de la Red Federal de Concesiones consiste en los 1.325,17 kilómetros del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, que incluye la Ruta Nacional (RN) 3 desde el conurbano bonaerense hacia el sur provincial, la RN 205, la RN 226 y accesos como la Autopista Ricchieri, la Ezeiza-Cañuelas y la Newbery. En este tramo específico, la licitación recibió 10 ofertas: seis resultaron admitidas y cuatro desestimadas. Entre las propuestas rechazadas figura la de Aubasa, cuyos argumentos de exclusión se detallan por primera vez en esta instancia.
Para ser admitido en el concurso, el pliego exige que las compañías acrediten la capacidad de ejecutar directamente las obras, condición que se verifica a través de experiencia comprobable, estructura y recursos propios. Según expuso el Gobierno nacional a través de la secretaría de Transporte, la documentación presentada por Aubasa “únicamente respaldó tareas de operación, pero no incluyó pruebas de ejecución material de obras viales con recursos y personal propio”. La entidad encargada de la compulsa consideró que se trata de un incumplimiento sustancial conforme a los criterios establecidos para el proceso.
En el plano financiero, el escenario de la licitación impone ratios claros de endeudamiento y solvencia. Según el comunicado de Transporte, Aubasa superó el techo de endeudamiento permitido —fijado en 1,50— con una relación de 3,75, lo que, de acuerdo con el texto, demuestra “una fragilidad incompatible con las exigencias que demanda el control estatal sobre el riesgo de la concesión”.
Frente a esta noticia, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la medida como “ridícula” y anticipó una impugnación formal. En una conferencia de prensa en La Plata, Bianco sostuvo: “La veíamos venir”. Además, remarcó que Aubasa sería la “empresa mejor capacitada para llevar adelante el mantenimiento, la operación y cobro de peajes en las rutas nacionales bonaerenses”. Bianco insistió en que el Gobierno nacional, al limitar la competencia a empresas constructoras, restringe de manera artificial el universo de oferentes aptos, excluyendo a quienes gestionan concesiones viales.
Del otro lado, el Ejecutivo nacional subrayó que Aubasa no impugnó en ningún momento los pliegos durante la etapa correspondiente, lo que se interpreta como aceptación plena de las condiciones. Cuando fueron observadas las ofertas de otros participantes, la empresa recurrió a normativas ajenas al procedimiento y, de acuerdo a la información oficial, no presentó el balance contable-financiero requerido para despejar dudas sobre viabilidad económica.
La Secretaría de Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la SIGEN, la Oficina Nacional de Contrataciones y una comisión evaluadora independiente supervisaron el procedimiento para garantizar la objetividad y la seguridad jurídica. Todas las ofertas, incluidas las de otras empresas privadas, fueron sometidas a los mismos parámetros técnicos y financieros, resultando en la exclusión de siete propuestas de un total de 19 por no cumplir los requisitos.
El proceso está orientado a consolidar un sistema donde “la inversión privada asuma el riesgo de la operación y el sistema vial avance hacia estándares de mayor eficiencia, calidad y previsibilidad”, según la posición oficial. El objetivo declarado es evitar futuros costos para el Estado y los usuarios ante eventuales incumplimientos, trasladando la totalidad del riesgo económico y operativo a los concesionarios.
El procedimiento tiene como meta central que los corredores estratégicos de la red vial nacional —más de 9.000 kilómetros en total, según el esquema federal previsto— sean gestionados sin asistencia estatal, bajo contratos transparentes y predecibles que aseguren la ejecución de obras y el sostenimiento operativo en el tiempo.
