CAMBRIDGE— Las economías africanas no podrán alcanzar sus objetivos de desarrollo a menos que logren movilizar sus propios recursos. Pero para lograrlo, los responsables de formular políticas deben enfrentar una pregunta fundamental: ¿dónde están las plataformas de inversión necesarias para canalizar eficazmente el ahorro interno hacia la inversión productiva?
El problema de África no es la escasez de ahorros. En todo el continente, los fondos de pensiones, las aseguradoras, los fondos soberanos y los bancos ya poseen cerca de un billón de dólares en capital a largo plazo, y esos fondos crecen de manera constante. Tampoco se trata de una falta de interés: los inversores institucionales africanos acogerían con agrado oportunidades creíbles y bien estructuradas para invertir en sus propios países. Lo que falta son las vías que conecten el ahorro con la inversión productiva. Sin ellas, el capital gravita hacia los instrumentos más sencillos disponibles, lo que en la mayoría de los mercados africanos se traduce en bonos soberanos a corto plazo. Por muy ambiciosos que sean los inversores, sus opciones siguen limitadas por la arquitectura financiera.
Esta distinción es importante. Gran parte del debate sobre la movilización del ahorro interno supone que el capital debe ser, de alguna manera, "desbloqueado". Pero estos ahorros no están inactivos; se canalizan principalmente hacia la deuda pública, representando aproximadamente del 60 al 70% de las carteras de los fondos de pensiones en muchos países africanos porque no existen alternativas escalables. Las normas prudenciales, los marcos regulatorios rígidos y la ausencia casi total de instrumentos diversificados y con mejora crediticia a largo plazo dejan a los fondos de pensiones con poca otra opción que invertir fuertemente en valores gubernamentales.
Con el tiempo, esa dinámica crea una vulnerabilidad estructural profunda. Cuando el ahorro interno financia principalmente los déficits públicos, los balances de las instituciones financieras y los gobiernos quedan estrechamente entrelazados. El estrés fiscal se convierte rápidamente en estrés financiero. Un deterioro en la solvencia soberana repercute entonces en las carteras de pensiones, las tenencias bancarias y las reservas de seguros, concentrando el riesgo en lugar de dispersarlo.
La soberanía financiera no es simplemente la capacidad de endeudarse internamente. Requiere balances nacionales diversificados que canalicen los ahorros a largo plazo hacia activos productivos en lugar de amplificar la fragilidad sistémica. Una economía donde el ahorro circula principalmente entre el gobierno y las instituciones financieras no es verdaderamente soberana. Romper ese patrón requiere un diseño institucional deliberado. Los bancos de desarrollo están en una posición única para liderar este esfuerzo, ya que trabajan simultáneamente con ministerios de finanzas, bancos centrales, reguladores, gestores de activos globales y financiadores de proyectos. Ese punto de vista les permite alinear las condiciones regulatorias, fiscales y financieras bajo las cuales pueden surgir nuevas clases de activos.
Cumplir con ese mandato requiere actuar en tres frentes. El primero es la alineación regulatoria. En gran parte de África, los marcos prudenciales se redactaron en una época en la que los bonos soberanos eran el único activo realista a largo plazo disponible, y la mayoría de los países aún no se han puesto al día. El problema no es el trato preferencial para la deuda soberana, sino la creación de nuevos instrumentos antes de que las categorías regulatorias puedan adaptarse. Sin clasificaciones claras, incluso instrumentos de grado de inversión bien estructurados compiten en términos desfavorables con los bonos gubernamentales que los reguladores ya saben manejar. Trabajando junto a reguladores y ministerios de finanzas, los bancos de desarrollo pueden ayudar a garantizar que los marcos regulatorios sigan el ritmo de los nuevos instrumentos y que los activos con mejora crediticia resulten tan familiares como los bonos soberanos. Este trabajo es precisamente lo que separa a los mercados de capitales funcionales de los superficiales.
El segundo desafío es la construcción de plataformas. Los inversores institucionales no invierten en proyectos individuales, sino en activos que sean reconocibles, estandarizados y escalables, con perfiles de riesgo claros. Un solo proyecto de infraestructura no constituye una clase de activo; una plataforma programática que agregue proyectos bajo estándares comunes y estructuras de riesgo compartidas sí lo hace. Esa es la diferencia entre una transacción única y un mercado.
La Dhamana Guarantee Company de Kenia ofrece un modelo útil. Establecida como una institución no bancaria de capital privado —con participación del Banco Africano de Desarrollo, el Private Infrastructure Development Group respaldado por el Reino Unido y el Fondo de Pensiones del Condado de Nairobi—, Dhamana ofrece garantías de crédito irrevocables e incondicionales para bonos de infraestructura en moneda local en África Oriental. Al mejorar la solvencia de los bonos, estas garantías ayudan a situarlos en el rango de grado de inversión requerido por las regulaciones de pensiones y seguros. Fundamentalmente, estas garantías son instrumentos privados y no soberanos diseñados para reducir la dependencia de los balances gubernamentales. La presencia de un fondo de pensiones nacional entre los accionistas fundadores es una señal: si se cambia el instrumento, se cambia el flujo de los ahorros.
Menos visible, pero igualmente limitante, es la brecha analítica que enfrentan los inversores nacionales. El administrador de un fondo de pensiones ghanés o una aseguradora marfileña no cuenta con la infraestructura de investigación de un gestor de activos global. No pueden suscribir de forma independiente bonos de infraestructura o realizar pruebas de resistencia a bonos verdes en moneda local frente a escenarios macroeconómicos. Ante la falta de esa capacidad, los bonos soberanos —familiares, calificados y líquidos— se convierten en la opción predeterminada. Los bancos de desarrollo pueden actuar como infraestructura analítica compartida para los mercados nacionales. Pueden producir evaluaciones crediticias estandarizadas y publicar marcos de riesgo sectoriales que los inversores institucionales puedan utilizar como anclajes de suscripción. Al reducir los costos de transacción, esta "fontanería" institucional canaliza los flujos de capital hacia activos productivos.
Sin duda, la alineación regulatoria, la construcción de plataformas y la capacidad analítica compartida dependen de la disciplina macroeconómica. El riesgo soberano influye en los costos de capital, pero cuando las instituciones financieras poseen un gran volumen de bonos gubernamentales, el estrés fiscal se propaga rápidamente. Las garantías o los instrumentos de financiación combinada, si se diseñan aislados de la gestión de la deuda soberana, corren el riesgo de trasladar la fragilidad en lugar de reducirla. Por lo tanto, es esencial integrar la disciplina del balance soberano con el diseño del mercado de capitales nacional. Los bancos de desarrollo tienen una clara ventaja comparativa en este punto, ya que pueden reunir a economistas, responsables políticos e inversores bajo un marco unificado donde el éxito se juzgue por la calidad, escala y resiliencia del capital movilizado.
La cuestión, entonces, no es si África puede movilizar el capital necesario para financiar su desarrollo económico. Gran parte de ese capital ya existe dentro de su propio sistema financiero. La tarea por delante es construir la arquitectura institucional que permita que el ahorro interno fluya hacia donde más se necesita.
Gomez Agou, ex representante residente del Fondo Monetario Internacional en Gabón de 2021 a 2025, es becario en Harvard Kennedy School.
