El reciente apoyo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal al nuevo reglamento impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina para la selección de jueces se ve ahora fortalecido por un dato institucional de singular relevancia: 15 universidades también expresaron su respaldo a la iniciativa, consolidando así un consenso cada vez más amplio en favor de actualizar los mecanismos de designación judicial y reducir márgenes de discrecionalidad en un proceso clave para la República.
Toda sociedad evoluciona, y con ella deben evolucionar también sus instituciones. Los sistemas de selección de magistrados no pueden permanecer ajenos a los cambios culturales, sociales y jurídicos que atraviesan a una democracia moderna. No se trata de descalificar modelos anteriores, que respondieron a contextos distintos, sino de reconocer que las exigencias actuales reclaman mayores niveles de transparencia, objetividad y trazabilidad en cada etapa del proceso.
La ciudadanía demanda hoy instituciones más confiables, reglas más claras y procedimientos menos expuestos a márgenes de discrecionalidad que puedan afectar la percepción de legitimidad. En ese marco, revisar y perfeccionar el sistema de selección judicial no es una confrontación con el pasado: es una adaptación razonable a estándares contemporáneos que exigen fortalecer la confianza pública.
El nuevo reglamento apunta precisamente a ese objetivo: reforzar criterios verificables, jerarquizar la idoneidad técnica y otorgar mayor previsibilidad al proceso mediante pautas más claras y transparentes. En una república, la independencia judicial no depende sólo de la conducta del juez una vez designado, sino también de la solidez y credibilidad del procedimiento que lo llevó a ocupar ese lugar.
Existe además una dimensión menos visible, pero decisiva: la legitimidad de origen de un magistrado condiciona la autoridad institucional de sus decisiones futuras. Un juez cuya designación nace de un procedimiento percibido como objetivo, transparente y fundado en mérito ejerce su función con una fortaleza republicana distinta a la de aquel cuyo acceso aparece rodeado de opacidad o discrecionalidad. La calidad de una sentencia no depende sólo de su contenido jurídico; también descansa en la confianza pública sobre la legitimidad del proceso que llevó a ese juez a ocupar su cargo.
El valor del respaldo del Colegio de la Abogacía radica en que se suma a una corriente institucional cada vez más amplia. Cuando a las voces de organizaciones civiles y sectores especializados se agrega ahora la representación de la abogacía organizada, el debate adquiere una densidad distinta: deja de ser una propuesta aislada para transformarse en una reforma acompañada por actores centrales del sistema judicial.
Ese consenso progresivo es saludable. Demuestra que el país está en condiciones de construir reformas sin antagonismos innecesarios, entendiendo que modernizar no significa desautorizar lo anterior, sino perfeccionar herramientas para responder mejor a los desafíos del presente.
La selección de jueces define, en gran medida, la calidad institucional futura. Por eso, cuando múltiples organizaciones coinciden en que ha llegado el momento de adecuar las reglas a una nueva realidad, lo que emerge no es una disputa reglamentaria, sino una convicción compartida: que fortalecer la Justicia empieza, necesariamente, por mejorar el modo en que se elige a quienes la integran.
