Para disfrutar los contenidos de Clarín es necesario que actives JavaScript en tu navegador.
Cada vez que una agresión grave ocurre en una escuela, la reacción se repite: conmoción, búsqueda de responsables y una rápida circulación de explicaciones. Sin embargo, cuando los hechos comienzan a reiterarse en distintos contextos, con rasgos similares y señales previas que luego se confirman, ya no alcanza con hablar de episodios aislados.
Lo que hoy aparece en aulas, patios, pasillos y redes sociales es el reflejo de una transformación social más amplia. La escuela no es la única causa de estas violencias, pero si el lugar donde se vuelven visibles. Vivimos en una región atravesada por altos niveles de inestabilidad política y económica, crimen organizado y violencia social, familias tensionadas por múltiples exigencias, niños y adolescentes cada vez más solos, salud mental deteriorada, consumos problemáticos, discursos de odio, ciberacoso y entornos digitales que muchas veces convierten el dolor, la humillación o el resentimiento en refugio e identidad.
La violencia en las escuelas cambió, pero muchas veces seguimos interpretándola con categorías que ya no alcanzan. Reducirla a indisciplina o a conflictos entre estudiantes impide comprender su verdadera dimensión.
Hoy lo que aparece en las instituciones educativas es, en gran medida, la expresión de un entramado social más amplio: vínculos debilitados, mayor exposición a formas de agresión en la vida cotidiana y en entornos digitales, dificultades en la regulación de la afectividad (emociones y sentimientos), experiencias tempranas de frustración mal elaboradas y una presencia insuficiente de adultos disponibles para acompañar procesos de desarrollo cada vez más exigentes y complejos.
En este contexto, distintos estudios sobre convivencia escolar en América Latina y Argentina muestran la persistencia de hostigamientos, agresiones hacia docentes, amenazas y situaciones de ciber-acoso que ya no se limitan al espacio físico de la escuela. La violencia no ocurre solo en el aula o en el patio: se extiende, se amplifica y se sostiene en el tiempo a través de redes sociales y dispositivos digitales.
Este cambio no es menor, porque modifica de manera sustantiva las condiciones en las que la escuela debe prevenir, intervenir y cuidar, y exige respuestas institucionales más sofisticadas que las disponibles hasta hace algunos años.
A este escenario se suma un aspecto que exige ser abordado con seriedad y sin alarmismos. Algunos de los factores de riesgo identificados en investigaciones internacionales sobre violencia grave en contextos escolares, como el aislamiento social, la acumulación de experiencias de humillación, el sufrimiento psíquico, la ideación suicida, la pérdida de sentido de pertenencia o la exposición reiterada a contenidos violentos, comienzan a aparecer también en casos analizados en nuestra región.
Esto no implica trasladar modelos externos ni generar pánico social, pero sí reconocer que ciertas condiciones están presentes y que requieren una atención preventiva sostenida, basada en evidencia y no en reacciones espasmódicas.
En este punto, la salud mental deja de ser un tema periférico. Distintos estudios advierten un aumento de síntomas como ansiedad, irritabilidad, desesperanza, dificultades en la autorregulación y problemas en la construcción de lazos de pertenencia en niños y adolescentes.
Cuando estos procesos no son detectados ni acompañados a tiempo, pueden derivar en retraimiento, autolesiones o conductas de riesgo, entre ellas la agresión hacia otros. Comprender estas trayectorias no es justificar la violencia, sino anticiparla con responsabilidad, evitando que el malestar se transforme en daño.
Sin embargo, muchas instituciones educativas siguen enfrentando estos desafíos con herramientas limitadas. La convivencia escolar, en no pocos casos, continúa siendo abordada de manera reactiva, con escasa formación específica, protocolos poco operativos y débil articulación con el sistema de salud.
La evidencia muestra que la prevención efectiva requiere otra lógica: atención sistemática a señales tempranas, registro sostenido de incidentes, análisis institucional del Clima Escolar, trabajo interdisciplinario y construcción deliberada de entornos protectores que reduzcan riesgos y fortalezcan vínculos significativos.
También es necesario considerar un dato que dejamos invisibilizado en el debate público. La violencia en la escuela no es ejercida exclusivamente por estudiantes. Existen situaciones crecientes de agresión hacia docentes por parte de adultos, lo que debilita la autoridad pedagógica, erosiona la legitimidad institucional y transmite modelos inadecuados de resolución de conflictos. Este aspecto no es marginal ya que forma parte del problema y boicotea cualquier estrategia de prevención que pretenda ser efectiva.
Lo que está en juego no es solo la gestión de la convivencia, sino la posibilidad de sostener a la escuela como un espacio de cuidado, aprendizaje y socialización democrática. Y eso no puede depender únicamente del compromiso individual de los actores escolares, por más valioso que este sea.
Requiere políticas públicas consistentes, formación continua, alertas tempranas, protocolos claros, sistemas de registro confiables y una articulación efectiva entre educación, salud, seguridad y comunidad (OSC) que permita actuar de manera temprana y sostenida.
Hablar de “hechos aislados” puede resultar tranquilizador, pero es insuficiente frente a la reiteración de señales que la evidencia viene mostrando. Cuando los síntomas se repiten, la responsabilidad es comprenderlos y actuar en consecuencia. La pregunta ya no es si estos hechos preocupan, sino si estamos dispuestos a abordarlos con la seriedad, la evidencia y la anticipación que el problema exige. Porque, en materia de prevención, llegar tarde también es una forma de no haber llegado.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
