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Cuando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G20 en 2024, convirtió una pregunta largamente postergada en una prioridad política. La propuesta —en la que tuve el honor de participar— planteaba un impuesto mínimo efectivo del 2% para los individuos con patrimonios superiores a USD 100 millones. Por primera vez, las principales economías del mundo reconocieron conjuntamente que los superricos no están pagando su justa cuota de impuestos y que era necesario considerar formas de abordar la situación.
Desde entonces, el tema ha escalado rápidamente en la agenda política global. Países como Francia, España, los Países Bajos, Dinamarca y Suecia debaten sobre una tributación más justa para las grandes fortunas. En Estados Unidos, California podría someter a referéndum un impuesto a los ultrarricos en noviembre, mientras que en Nueva York Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios. Brasil, por su parte, recientemente aprobó una reforma tributaria histórica para los superricos. Lo que hace apenas unos años parecía políticamente inalcanzable hoy está sobre la mesa como una posibilidad real.
Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, junto con Medio Oriente y el Norte de África. El 10 % más rico posee alrededor del 50 % del ingreso nacional, mientras que la mitad más pobre se queda con solo el 8%. En Argentina, los milmillonarios concentran una fortuna de más de USD 6 mil millones y, si se amplía el umbral a los centimillonarios, la riqueza acumulada asciende a cerca de USD 14 mil millones.
Este resultado no es inevitable; es fruto de decisiones políticas. Un nuevo análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, en nombre de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina (PTLAC), muestra que la política fiscal es parte central de esta historia.
En toda la región, los sistemas tributarios hacen poco para reducir la desigualdad y, en muchos casos, la agravan. El 50% más pobre de la población latinoamericana paga cerca de un tercio de sus ingresos, principalmente mediante gravámenes al consumo. En contraste, el 1% más rico paga, en promedio, alrededor del 22%. Este patrón no es exclusivo de la región: en varios países, los multimillonarios enfrentan tasas efectivas más bajas que las del resto de la población, porque pueden estructurar su riqueza para generar pocos ingresos imponibles.
Por eso se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los súper ricos. La lógica es sencilla: dado que la renta imponible puede manipularse fácilmente, ese mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza, que es mucho más difícil de ocultar. La regla se aplicaría solo a personas con activos por encima de un límite determinado, por ejemplo, de 100 millones de dólares.
A diferencia de los impuestos sobre la fortuna tradicionales, el impuesto mínimo, por ejemplo, del 2 % sobre el patrimonio, funciona como un “piso”. Si los impuestos ya pagados sobre la renta y el patrimonio no alcanzan ese 2 %, se cobrará la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el 2 %, no se deberá ningún importe adicional. La propuesta simplemente garantiza que los multimillonarios contribuyan, en relación con su riqueza, al menos tanto como los ciudadanos comunes.
En el informe encargado por Brasil, mis colegas muestran que un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a USD 100 millones recaudaría alrededor de USD 24.000 millones al año —aproximadamente el 0,6% del PIB de las siete economías más grandes de la región. Con una tasa del 3%, los ingresos alcanzarían los USD 36.000 millones. En Argentina, a una tasa del 2%, los ingresos ascenderían a cerca de USD 450 millones y, con una tasa del 3%, a unos USD 700 millones, lo que permitiría financiar servicios públicos como salud y educación a lo largo del país.
La propuesta es viable. En la última década, la cooperación internacional transformó la transparencia sobre la riqueza global. El intercambio automático de información redujo drásticamente la opacidad de los activos offshore. Además, muchas formas de riqueza —como inmuebles, acciones cotizadas y herencias— ya se declaran o tributan, y los métodos de valoración de empresas privadas se utilizan ampliamente en finanzas y en la administración tributaria.
La relación media entre impuestos y PIB de la región es baja, ya que apenas alcanza el 21,3 %. Argentina supera esta media (27,8 %), pero se sitúa por debajo de la de los países miembros de la OCDE (34,1 %). El país enfrenta la misma tensión de fondo: los Estados necesitan recursos para invertir en salud, educación, adaptación al cambio climático y transformación productiva.
Pero también necesitan legitimidad. Un sistema tributario pierde legitimidad cuando los trabajadores, los profesores y los pequeños empresarios pagan más proporcionalmente que las grandes fortunas. Datos de la OCDE muestran que sólo el 20% de los argentinos cree que el sistema los grava de forma justa, frente al 23% en promedio en América Latina. Cuando el poder económico se acumula sin una contribución correspondiente al bien público, las instituciones democráticas comienzan a erosionarse.
América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado el camino al poner el tema en el escenario internacional. Pero los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, construyendo sobre el creciente consenso de que la desigualdad extrema no es ni inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla no está fuera de alcance. Lo que falta es la voluntad política para actuar.
Gabriel Zucman es profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley, además de ser el director fundador del Observatorio Fiscal Internacional (International Tax Observatory).
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