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Productores y cooperativas yerbateras de Misiones pidieron a la Justicia Federal que declare la inconstitucionalidad de los cinco artículos del DNU 70/2023, que desregularon la actividad, provocando una brutal pérdida de rentabilidad para el sector primario. Con esta medida buscan que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere la facultad de fijar los precios mínimos para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin molienda).
En un escrito de 134 páginas, Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Edgar Gustavo Hein, presidente de Federación De Cooperativas Agrícolas De Misiones Limitada; y Antonio Rodríguez Franza, presidente de la Asociación de Productores y Tareferos del Alto Uruguay, pidieron a la Justicia Federal que se “declare la inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad” de los artículos 164, 165, 166, 167 y 168 del 70/2023, que podaron las facultades que la Ley 25.564 le confirió al Instituto Nacional de la Yerba Mate hace más de dos décadas.
Ante la Justicia sostuvieron que los decretos presidenciales generaron “un cambio de naturaleza jurídica en el INYM, pasando de un órgano de concertación de los distintos actores del sector yerbatero, a un apéndice de la industria”. Y que los decretos generaron una “incertidumbre jurídica” en el sector.
En ese sentido, los yerbateros afirmaron que a través del decreto 70/2023 se eliminaron “instrumentos regulatorios esenciales previstos por la ley para garantizar la sustentabilidad económica de la producción primaria, se suprimieron mecanismos institucionales de concertación sectorial y desarticularon las herramientas de intervención pública destinadas a corregir las asimetrías estructurales existentes dentro del mercado yerbatero”.
"El organismo creado por el Congreso de la Nación resulta desprovisto de las facultades necesarias para cumplir la finalidad institucional que justificó su creación, alterándose de manera sustancial la naturaleza jurídica del régimen legal vigente”, generándose “afectación actual y directa sobre los derechos e intereses legítimos de los productores primarios de yerba mate y de los trabajadores de la actividad”, señalaron.
Esta nueva presentación se realizó porque en su momento el Juzgado Federal de Posadas declaró inadmisible el recurso de amparo que habían planteado los productores y decretó la caducidad de la medida cautelar dispuesta en un primer momento. Desde la Justicia les recomendaron a los yerbateros “readecuar la acción judicial conforme el artículo 322 del CPCCN”.
En forma paralela se presentó una medida cautelar que busca la “inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación” de los decretos cuestionados para “evitar la profundización de los daños ya verificados sobre el sector productivo primario, la consolidación de un proceso de descapitalización económica y el deterioro de las capacidades del organismo yerbatero”.
En ese escrito, los yerbateros también pidieron que se suspenda los alcances de la resolución 152 del INYM, por la cual se desvinculó a más de 20 empleados técnicos del Instituto.
Los productores estimaron que el precio de la hoja verde debería estar en 700 pesos por kilo para tener un margen de rentabilidad. Actualmente el sector industrial abona en promedio 240 pesos.
Teniendo en cuenta que el año pasado se procesaron 890 millones de kilos de materia prima, los yerbateros resignaron ingresos por casi 410 mil millones de pesos.
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