Durante 16 años, la Hungría de Viktor Orbán encarnó una idea inquietante: que la "democracia iliberal" podía estabilizarse y atrincherarse en el poder. Al combinar el dominio electoral con el debilitamiento sistemático de los controles institucionales, Orbán pareció resolver un dilema central del autoritarismo moderno: cómo ganar repetidamente en las urnas mientras se vacía la democracia liberal. Y debido a que su modelo inspiró a admiradores en todo Occidente, alimentando una narrativa de declive democrático, su humillante derrota electoral tiene implicaciones que van mucho más allá de Hungría.
La victoria del partido Tisza de Péter Magyar representa no solo la reversión de un sistema aparentemente consolidado, sino que también señala que tales regímenes pueden ser más frágiles de lo que parecen. La lección no es simplemente que los regímenes iliberales pueden perder; es que la propia lógica que los sostiene puede conducir a su ruina.
Los líderes iliberales han justificado durante mucho tiempo su concentración de poder invocando el éxito de los estados desarrollistas de Asia Oriental. Argumentaban que, al debilitar las restricciones institucionales, los gobiernos podrían actuar con decisión, coordinar inversiones y generar crecimiento económico.
Pero esta analogía siempre fue engañosa. Los regímenes de Park Chung-hee en Corea del Sur o de Lee Kuan Yew en Singapur fueron eficaces no porque enfrentaran menos restricciones, sino porque enfrentaban más presión. La inseguridad geopolítica y el riesgo constante de agitación interna los obligaron a generar beneficios generalizados o arriesgarse al colapso. La menor rendición de cuentas no produjo complacencia, sino disciplina.
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En términos generales, una capacidad estatal eficaz depende de restricciones que disciplinen a quienes están en el poder. En las democracias liberales, los controles constitucionales imponen esa disciplina; en las autocracias desarrollistas, la vulnerabilidad externa e interna cumplía esa función.
Los regímenes iliberales contemporáneos operan bajo condiciones muy diferentes. Ante la ausencia de presiones comparables, el debilitamiento de la rendición de cuentas no genera capacidad de desarrollo, sino que crea oportunidades para la búsqueda de rentas y el clientelismo. El poder se convierte en un recurso para mantener coaliciones políticas en lugar de para proveer bienes públicos.
Con el tiempo, esta lógica erosiona los cimientos económicos del gobierno iliberal. Cuando la lealtad política es el criterio principal para asignar recursos, la eficiencia y la innovación sufren, y la contratación pública recompensa a los allegados en lugar de a las empresas más productivas. Las estrategias de crecimiento basadas en la inversión extranjera a menudo no logran generar aumentos sostenidos de la productividad.
Eso es lo que le ocurrió a Hungría bajo Orbán. A medida que el rendimiento económico se debilitaba, también lo hacía la capacidad del régimen para sostener su coalición. El crecimiento más lento redujo los recursos disponibles para la redistribución y la inversión en educación, salud y movilidad social se estancó. Los húngaros experimentaron lo que se les presentó como un sistema de estabilidad como un sistema de clausura.
Al inicio del largo reinado de Orbán, estas dinámicas internas fueron enmascaradas por las transferencias financieras de la Unión Europea. Pero el acceso a estos recursos se volvió condicional a la transparencia y la independencia judicial, precisamente las formas de rendición de cuentas que Orbán resistía. Al rechazar la supervisión externa, el régimen limitó su propio acceso a la financiación.
A medida que estas restricciones se apretaban, Orbán recurrió a socios aún más iliberales, como Rusia y China, cambiando la autonomía regulatoria por nuevas formas de dependencia geopolítica. Un proyecto que comenzó en nombre de la soberanía terminó arriesgándose a la vulnerabilidad absoluta.
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Más ampliamente, Orbán ha demostrado que incluso los sistemas altamente capturados pueden quedar políticamente expuestos. El modelo húngaro dependía de una coalición tenue entre firmas multinacionales, élites conectadas políticamente y votantes que buscaban estabilidad. Al ralentizarse el crecimiento, las tensiones dentro de esta coalición se intensificaron y los votantes enfrentaron futuros bloqueados.
Derrotar a Orbán fue posible cuando el descontento encontró organización: cuando un retador creíble unió a los votantes fragmentados. Esto requirió un liderazgo capaz de transformar los agravios sociales en un movimiento político de base amplia que se movilizara a través de las divisiones de clase e institucionales.
Eso es lo que lograron Magyar y su partido Tisza. Durante años, Hungría sirvió como prueba de que el retroceso democrático podía institucionalizarse; la victoria de Magyar demuestra que estos sistemas no son irreversibles.
Sin embargo, la derrota de Orbán no marca el fin del iliberalismo. Las condiciones estructurales que impulsaron su ascenso —la inseguridad económica y la fragmentación social— persisten. Pero su caída desafía la sensación de inevitabilidad que rodeaba el alejamiento global de la democracia liberal.
Ahora comienza la tarea más difícil: desmantelar las redes de patronazgo, restaurar la autonomía institucional y reconstruir la capacidad del Estado sin reproducir los fallos que permitieron el iliberalismo. Construir una democracia liberal resiliente tras el desastre puede ser incluso más duro que ganar en las urnas, pero las democracias de todo el mundo estarán observando de cerca.
(*) László Bruszt, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Europa Central, fue rector y presidente interino de la CEU en 1996-1997.
