Abril arrancó con una mala noticia para el Gobierno: el petróleo volvió a superar los u$s100 y reabrió la duda sobre algo que necesitaba mostrar cuanto antes, una inflación más baja que la de marzo. El nuevo salto del crudo llegó después de que el Brent ya hubiera tocado los u$s104,35 y reinstaló el temor a otro shock energético global con impacto en combustibles, costos y precios.
Las consultoras privadas estiman que marzo habría cerrado con un IPC de entre 2,7% y 3%, en línea con los últimos meses. En ese número, los combustibles volvieron a jugar un papel central: EcoGo calculó una incidencia directa de 0,4 puntos y otra indirecta de 0,2 puntos sobre el índice general.
El problema ahora pasa por abril. Varios economistas creen que podría mostrar una desaceleración respecto de marzo, pero advierten que todo depende de la nafta. FMyA, por ejemplo, proyecta 2,4%, aunque aclara que con el petróleo en u$s101 todavía hay atraso en combustibles y una eventual corrección podría sumar otros 0,2 puntos a la inflación.
Ese es el punto delicado del mes. Si el nuevo salto del crudo vuelve a trasladarse a surtidores, el alivio que esperaba el oficialismo puede quedar bastante más acotado.
Ese riesgo llega, además, con los hogares ya muy exigidos. Un grupo de bancos de primera línea empezó a contactar a clientes con atrasos de al menos 90 días para renegociar créditos al consumo, con esquemas que incluyen alargamiento de plazos y, en algunos casos, una baja del costo financiero.
La señal de fondo es más preocupante que la medida puntual. La mora de las familias trepó al 11,2% en febrero, encadenó su mes número 16 de suba y alcanzó el nivel más alto desde 2004. En las entidades no financieras, el deterioro fue todavía mayor: la irregularidad escaló al 29,9%.
Detrás de ese deterioro hay una combinación cada vez más pesada: ingresos reales debilitados y préstamos personales con tasas cercanas al 70% TNA, mientras el costo financiero total puede superar el 250% anual.
Frente a ese cuadro, la respuesta oficial sigue pasando por el ajuste. El Gobierno evalúa aplicar un recorte del 20% en las partidas administrativas de todos los ministerios, con el objetivo de reforzar la meta de superávit fiscal prevista para 2026.
La iniciativa todavía no fue formalizada, pero ya circula entre distintas áreas del Ejecutivo. El recorte abarcaría gastos operativos, mantenimiento, insumos y servicios básicos de funcionamiento, en un contexto de caída de la recaudación fiscal.
Esa decisión confirma que, aun con más tensión en precios y mayor desgaste en el crédito, el Gobierno no planea correrse de su ancla principal: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo.
En síntesis, abril debía traer algo de alivio, pero el petróleo volvió a meter incertidumbre justo cuando el bolsillo ya muestra muy poco margen. El frente de precios vuelve a complicarse, la mora de los hogares sigue escalando y la respuesta oficial, por ahora, sigue siendo más ajuste.
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