“Parece que los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón”, afirmó el expresidente Alberto Fernández en los tribunales de Comodoro Py ante los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal para pedir que se revoque su procesamiento en la causa seguros y se lo absuelva.
Fernández está procesado en esta causa por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal (con los votos de Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia de Eduardo Farah), que también falló en su contra, en febrero pasado.
Esto a pesar de que el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe había pedido dictarle la falta de mérito, pero los camaristas federales desestimaron su opinión y siguieron adelante con la acusación.
Justamente la defensa técnica del expresidente se basó en esa contradicción, a pesar de que el fiscal ante la Casación dejó de lado la postura de Agüero Iturbe y pidió dejar firme el procesamiento.
La audiencia ocurrió en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, en la Sala IV.
El tribunal debe decidir si confirma el fallo de la Cámara Federal o si lo revoca y comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del jefe del Estado.
En la audiencia estuvieron Fernández y su abogada Mariana Barbita, pero el expresidente llevó la voz cantante.
“Hagan justicia y revoquen el procesamiento”, les dijo Fernández a los jueces, y entendió que el juez Casanello firmó el procesamiento sin advertir lo que ocurría. “Firmó el fallo que le llevó el antiguo equipo del juez [Claudio] Bonadio y no advirtió lo que estaba pasando”, dijo el expresidente.
Fernández cargó contra el juez que llevó adelante la investigación, Julián Ercolini, a quien recusó y logró apartar de la causa que le inició su exmujer Fabiola Yañez por violencia de género. Pero el expresidente se quejó de que no hubiera ocurrido lo mismo con este caso.
“Es el enemigo público mío”, dijo Fernández ante la Casación, que decidió abrir el recurso para analizar su caso. Otros procesados en la causa adhirieron a sus planteos y sus abogados ayer los defendieron.
“Acá sigo maravillosamente violado por la Cámara Federal,nunca me dejaron defender por el hecho que me imputaron…María Cantero era mi secretaria desde hacía 30 años, ella no manejaba mi agenda, es una falacia absoluta", se quejó Fernández.
Por eso, dirigiéndose a los jueces les dijo: “No sé cuánto simpatizan conmigo, pero parece que acá los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón”. Y les reclamó: “Señores jueces, les pido que hagan justicia, revoquen el fallo”.
El fiscal Raúl Plee argumentó para mantener el procesamiento firme, más allá de que su colega de la instancia anterior hubiera postulado que se declare la falta de mérito.
Dijo Pleé que Agüero Iturbe basó sus conclusiones en un estándar más exigente que el usado en esta etapa del proceso y transcribió que su colega también habló de indicios sobre la supuesta maniobra.
“La posición asumida por mi antecesor durante el trámite de apelación no posee el alcance que le otorga la defensa, quedando así vacío de contenido el agravio que motivó la apertura de la queja”, escribió Pleé en unas “breves notas” presentadas al comienzo de la audiencia.
Dijo que “la confirmación del procesamiento de Fernández no conlleva ninguna afectación constitucional”.
Mencionó que “existen una multiplicidad de indicios, concordantes, unívocos y de singular fuerza convictiva, que no solo permiten descartar la teoría del caso ensayada por la defensa, sino también otorgar sólido sustento a la conclusión de que el imputado, valiéndose del cargo que ostentaba, se involucró en el esquema de recaudación y distribución de fondos estatales que es materia de investigación, priorizando intereses particulares en el entramado de negociaciones en desmedro de los públicos por los que debía velar”.
Por eso concluyó que “el pedido del fiscal de la instancia previa de que se adopte un temperamento expectante respecto de Fernández se muestra inmotivado y contradictorio”.
En esta causa, Fernández está procesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario. Para procesarlo, se consideró probado que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Fernández en favor del broker de seguros Héctor Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica del expresidente, María Cantero.
El procesamiento del expresidente incluye un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283 y una prohibición de salir del país.
Cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Fernández, su abogada, Mariana Barbitta, sostuvo que esa decisión no correspondía porque “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.
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