Para disfrutar los contenidos de Clarín es necesario que actives JavaScript en tu navegador.
El Gobierno nacional bajó la orden a los ministerios de que achiquen el gasto en un contexto de caída constante de la recaudación tributaria en los últimos ocho meses. La Casa Rosada busca asegurarse de que el superávit no corra riesgo, mientras mira la exigente meta fiscal pactada con el FMI.
Según trascendió en las últimas horas del domingo y confirmaron fuentes oficiales este lunes por la mañana, habrá una nueva pauta presupuestaria para el gabinete, que incluiría un recorte adicional de 2% del gasto corriente y de 20% del gasto de capital. Desde Balcarce 50 confirmaron la información a Clarín.
No hubo precisiones, aún, respecto a cuánto es el ahorro que precisa Hacienda con ese nuevo techo más bajo al gasto de los ministerios.
Los datos acumulados hasta marzo, de acuerdo a información oficial que procesó la consultora Analytica, mostraban una poda del gasto de 3,3% en rubros presupuestarios decisivos como obra pública, transferencias a provincias y salarios de la administración pública.
El deterioro persistente de los ingresos tributarios —que ya suma ocho meses consecutivos hasta marzo— llevó a la Casa Rosada a avanzar con una nueva ronda de recortes del gasto.
El año, además, está atravesado por otros dos factores. Por un lado, una serie de proyectos de ley que podrían implicar mayores erogaciones (como la iniciativa opositora de financiamiento universitario) o bien afectar la recaudación, como en el caso de la reforma laboral. Por otro, el cumplimiento de una exigente meta acordada con el FMI.
Según datos oficiales recopilados por Analytica, algunas partidas registraron fuertes ajustes en lo que va del año. Entre ellas, sobresale la de salarios públicos por su peso dentro del presupuesto: en el primer trimestre cayó 6,1%, al pasar de $3,9 billones a $3,7 billones a precios actuales.
En montos más bajos, el gasto en Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró una baja de 3,7%, desde $3,2 billones a $3 billones. Más atrás, aunque con recortes proporcionales más profundos, se ubicaron otros Programas Sociales (-29,8%) y las Transferencias a provincias (-50,9%).
De forma llamativa, los subsidios económicos —que incluyen el aporte estatal al precio de los servicios públicos— quedaron al margen del ajuste y registraron un fuerte incremento de casi 67% interanual.
Esto ocurrió incluso pese a que, desde comienzos de año, la Secretaría de Energía avanzó con una reducción de subsidios. La consultora Outlier señaló que este comportamiento podría explicarse por la cancelación de deudas que el Gobierno mantenía con el sector energético y que fueron saldadas a inicios del año.
La meta fiscal acordada con el FMI también condiciona el programa económico. En la última revisión técnica del año pasado, se fijó como objetivo un superávit primario —sin contabilizar intereses de deuda— equivalente al 1,5% del PBI. Hasta febrero, último dato oficial a disposición, el Ministerio de Economía acumulaba un 0,4% del Producto.
Hay otra cuenta que suele observar el staff del Fondo Monetario y que viene en crecimiento en los últimos meses. Se trata de lo que conoce como la deuda flotante, es decir los pagos postergados o atrasados del Gobierno nacional. En términos prácticos, es la diferencia entre el gasto devengado (es decir, comprometido) y lo efectivamente pagado.
De acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), con datos hasta marzo, ese pasivo creció hasta 3,3 billones de pesos. Casi el 10% del gasto comprometido no fue abonado y registra algún tipo de demora por parte de la administración nacional.
Los gastos de capital (típicamente obra pública) registra una deuda flotante equivalente al 41,8% del total comprometido de pago. Otras partidas presupuestarias como Bienes y Servicios y Remuneraciones alcanzan el 29,8% y 11,3%, respectivamente, midió la ASAP.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
