El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa aplicar un recorte del 20% en los presupuestos de todos los ministerios del Ejecutivo nacional. La medida busca reforzar la meta de superávit fiscal prevista en el Presupuesto 2026.
El planteo ya circula entre distintas dependencias del Gobierno, aunque todavía no fue formalizado. Según trascendió en ámbitos oficiales, el ajuste apunta a reducir partidas vinculadas a gastos administrativos en cada cartera.
La información fue difundida por el periodista Luis Majul. De acuerdo con su versión, el pedido fue transmitido recientemente a todas las áreas del Ejecutivo, independientemente de que los presupuestos ya se encuentren asignados para el ejercicio en curso.
Un recorte del 20% significa que cada ministerio deberá reducir en un quinto sus partidas administrativas, lo que incluye gastos operativos, mantenimiento de edificios, compra de insumos y servicios básicos de funcionamiento.
La decisión se enmarca en un contexto de caída de la recaudación fiscal. Ese fenómeno representa uno de los principales desafíos para el cumplimiento de los objetivos financieros del Gobierno.
La reducción de ingresos fiscales también impacta directamente en las provincias y municipios. El régimen de coparticipación federal distribuye automáticamente menos recursos cuando la recaudación nacional cae.
La posible decisión de Caputo se inscribe en la estrategia económica del gobierno de Javier Milei. El Presidente ratificó en declaraciones recientes los lineamientos centrales de su gestión.
"No voy a resignar el equilibrio fiscal, la motosierra sigue encendida", afirmó el mandatario. En ese marco, destacó el rol del ministro Federico Sturzenegger en el proceso de desregulación.
Milei señaló que se llevaron adelante más de 15.000 reformas estructurales. Según indicó, estas medidas permitieron alcanzar la eliminación del déficit fiscal en un mes y del déficit cuasifiscal en seis meses.
El Presidente también respaldó la política del Banco Central, al sostener que la entidad debe mantener una orientación monetaria restrictiva para reducir la inflación y consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.
En relación con la evolución de los precios, el mandatario reconoció que el primer trimestre de 2026 presentó dificultades en materia inflacionaria. Sin embargo, consideró que se trata de una situación transitoria.
Milei proyectó una desaceleración en la tasa de inflación a partir de abril. También anticipó una mejora de los indicadores económicos en los próximos meses.
El Presidente señaló que espera una recuperación de la actividad económica, junto con una mejora en el empleo y en los salarios reales. Hizo referencia a los efectos de la caída de la actividad sobre la población, al remarcar su impacto más allá de los promedios estadísticos.
Consultado sobre el tipo de cambio, el Presidente rechazó las advertencias sobre un posible atraso cambiario. Defendió la política cambiaria actual del Gobierno.
En cuanto a la dolarización, Milei explicó que la medida no avanzó debido a la falta de demanda por parte de la población. El Gobierno habilitó mecanismos para operar en dólares, aunque sostuvo que la mayoría de los ciudadanos continúa utilizando pesos.
En ese marco, el mandatario mencionó la implementación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Esa norma forma parte del paquete de medidas económicas impulsadas desde el inicio de la gestión.
Desde sectores gremiales, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que una reducción presupuestaria de estas características podría tener efectos en el funcionamiento de distintas áreas del Estado.
Los servicios públicos serían una de las áreas más afectadas, según advirtió el gremio, ya que el recorte del 20% en gastos administrativos puede impactar en la operación cotidiana de oficinas, delegaciones y centros de atención ciudadana.
En paralelo, algunas entidades vinculadas a la salud manifestaron dificultades en el financiamiento de prestaciones. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) informó que existen pagos pendientes por parte del PAMI correspondientes a meses anteriores.
Según datos difundidos por la entidad, la situación involucra deudas con farmacias en distintas regiones del país. El problema afecta principalmente a las provincias del interior.
El desarrollo de esta iniciativa y su eventual formalización continuarán siendo evaluados en función de la evolución de los ingresos fiscales. También dependerá de las necesidades presupuestarias del sector público en los próximos meses.
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