Este domingo 12 de abril, Perú se encamina a una de las jornadas electorales más inciertas de su historia reciente. Con 35 candidatos presidenciales en los que ninguno supera el 14% de intención de voto, la polarización más grande de Sudamérica y un porcentaje de indecisos que llega al 40%, el país andino busca romper la inercia destructiva que protagonizó los últimos años. Con un récord de 8 mandatarios en la última década, el cargo de presidente peruano es el más inestable del mundo. Así, la política peruana ha dejado de ser una disputa de proyectos para convertirse en un ejercicio de supervivencia institucional donde la legitimidad de origen es, paradójicamente, el primer paso hacia la debilidad.
De acuerdo con las encuestas, entre los principales candidatos están Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y quien lidera la intención de voto con un magro 14% después de perder 3 ballotages consecutivos. Sus propuestas incluyen la “mano dura” extrema con una militarización absoluta de las calles peruanas y un shock de desregulación económica para atraer inversiones extranjeras. A ella le sigue Carlos álvarez, quien logró posicionarse en segundo lugar en las encuestas en esta última semana con un 10% de intención de voto. El candidato por la coalición País para Todos es el outsider de esta elección y su nula experiencia política se debe a que es un reconocido comediante e imitador que dio el salto a la política capitalizando el hartazgo absoluto de la ciudadanía. Su discurso es monotemático haciendo especial énfasis en la lucha contra la corrupción bajo una narrativa populista y pragmática. En tercer lugar aparece Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, quien compitió cabeza a cabeza contra Keiko Fujimori en preferencias electorales en los meses de campaña, pero en las últimas semanas las encuestas lo ubican fuera de la segunda vuelta. López Aliaga, un admirador confeso de Nayib Bukele, propone tribunales militares para juzgar civiles, el control total de fronteras y una agenda social muy conservadora. Como opción de centro-izquierda, y recién en un cuarto lugar, está Alfonso López Chau.
Sin embargo, en Perú, la pregunta no es quien gana (o quienes pasarán al ballotage del 7 de junio), sino si ese ganador va a poder sobrevivir en el cargo.
Quien asuma el próximo 28 de julio lo hará con una representación parlamentaria minúscula en un Congreso atomizado en una decena de bancadas, lo que garantiza un conflicto de poderes inmediato. Y como si esto fuese poco, persiste el fantasma de la vacancia presidencial: un mecanismo para destituir presidentes en prácticamente unos pocos días.
En la mayoría de los presidencialismos, remover a un jefe de Estado requiere un impeachment o juicio político: un proceso largo que puede durar meses, con pruebas de delitos específicos y derecho a la defensa. Pero esto no es lo que sucede en Perú.
En el país sudamericano, por el contrario, la vacancia presidencial (especialmente por el concepto de “permanente incapacidad moral”) se ha convertido en una herramienta de control político relámpago y forma parte de uno de los tantos pilares de la inestabilidad, ya que al no estar definida jurídicamente el Congreso la interpreta de forma subjetiva. Con el argumento de la incapacidad moral durante estos años se han destituido presidentes por motivos tan diversos como corrupción, “indignidad por mentir”, “no saber distinguir el bien del mal”, la inacción ante el crimen organizado o incluso por debilidad para gobernar. Con este mecanismo, si el Legislativo (que hasta hoy es unicameral pero cambiará a partir de julio) alcanza los 87 votos necesarios, puede destituir a un presidente alegando que sus acciones afectan la dignidad del cargo. Desde 2017, esta cláusula ha dejado de ser una excepción para convertirse en algo cotidiano, permitiendo al Congreso cambiar al Ejecutivo cada vez que la tensión política llega a un punto crítico o cada vez que el Congreso no puede negociar con el presidente.
Este desequilibrio ha empujado a Perú hacia un parlamentarismo encubierto. En un sistema parlamentario, el gobierno emana del Poder Legislativo y puede ser removido si pierde la mayoría. En Perú, en cambio, el presidente sigue siendo elegido directamente pero su supervivencia depende totalmente de la voluntad de la Mesa Directiva del Congreso, que es quien gobierna de facto el país.
Esto ha provocado una interna imposible entre el Congreso y el Presidente. A la vacancia se suman la “Cuestión de confianza” y la “Censura ministerial”, las otras dos piezas de este complejo rompecabezas. El Congreso puede derribar gabinetes enteros, obligando al presidente a buscar nombres que pueda negociar con la oposición. Si el Legislativo se niega o le quita la cuestión de confianza al presidente 2 veces, el jefe del Ejecutivo puede disolver el Congreso. Sin embargo, lejos de ser un mecanismo de poder para el presidente, éste se convierte en un proceso que precipita su salida ya que cuando el Legislativo ve que la disolución está en marcha, activa la vacancia y termina adelantándose a la estrategia presidencial.
Y como si este diseño institucional no fuera suficiente como para provocar las destituciones en la última década, también tenemos que analizar cómo está constituido el sistema de partidos peruano. Hoy el país sudamericano atraviesa un sistema atomizado (y los 35 candidatos son la prueba más fehaciente de ello), en el que los partidos han dejado de ser estructuras con ideología y disciplina partidaria interna para convertirse en grupos de interés particulares. En el Congreso peruano, los legisladores actúan como unidades independientes. Hoy prácticamente no hay bloques con estructuras internas colectivas, sino que hay 130 congresistas negociando sus propios beneficios, cuotas de poder o protección judicial.
Un presidente débil, como fueron Pedro Castillo o Dina Boluarte, y como seguramente será quien gane esta elección, no tiene una mayoría con la que pactar, sino un enjambre de intereses particulares que debe satisfacer diariamente para evitar que le inicien una nueva moción de vacancia. Y dado este sistema, cuando negocie con algún bloque pequeño y llegue finalmente a un acuerdo, este bloque probablemente se disuelva, provocando que el presidente tenga más concesiones que realizar.
Esto provoca serias crisis de gobernabilidad y de inacción presidencial. Durante los últimos años los peruanos observaron cómo los mandatarios son completamente incapaces de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía (entre ellas, la provisión de seguridad ante el aumento notable del crimen organizado), provocando una caída estrepitosa en la aprobación de los miembros del gobierno. Y así, ante la primera crisis o merma en las encuestas, el Congreso activa la vacancia para oxigenar el sistema, cuando en realidad el problema no es la persona, sino la estructura. Y en esa estructura, el Congreso es gran parte del problema.
En definitiva, las elecciones de este domingo no representan el final de la crisis, sino la continuidad de una que viene de hace años. Mientras el diseño constitucional peruano siga permitiendo que la “incapacidad moral” sea un cheque en blanco para el revanchismo legislativo y los partidos operen como representantes de intereses privados, el Palacio de Gobierno continuará teniendo una puerta giratoria.
