Junto con $Libra, la causa ANDIS, en la que se investigan presuntas maniobras de corrupción por más de 75.000 millones de pesos, es la investigación por corrupción que más complica a funcionarios del gobierno nacional. La instrucción del expediente avanza con celeridad y ya hay 19 personas procesadas. Esta semana, a partir de una nueva línea de investigación, los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez le requirieron al juez federal Ariel Lijo 29 nuevas indagatorias. El magistrado deberá ahora resolver si autoriza las declaraciones.
La causa nació cuando se conocieron una serie de audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que hablaba con detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal. En esas grabaciones mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, sobre un supuesto 3% de coimas. En uno de los audios, se escuchaba: “Lule me lo puso a Garbellini para chorear”. Se refería a Daniel Garbellini, que estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS. Hasta el momento hay 19 personas procesadas. Spagnuolo está procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
También están procesados Garbellini y el lobista externo Miguel Ángel Calvete. Este último manejaba las adjudicaciones desde afuera del organismo: beneficiaba a sus propias empresas y se llevaba cerca del 20% de todos los contratos que conseguía. Uno de los mensajes incorporados al expediente es elocuente: Garbellini le escribió a Calvete “ofrendas de esta semana” y adjuntó una lista de empresas con los montos correspondientes, por un total de $2.021.451.649. Sobre el funcionario de ANDIS, la fiscalía señala que fue clave para operativizar el direccionamiento y determinar qué firmas participarían del proceso y cuáles no. También firmaba las órdenes de pago una vez efectuadas las adjudicaciones, y presenta un incremento patrimonial que no se refleja en sus declaraciones juradas.
De acuerdo al expediente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habría desarrollado un esquema de direccionamiento de contrataciones que permitió beneficiar a un grupo específico de proveedores, con maniobras que habrían implicado la erogación de $75.478.149.019 del Estado. Los insumos involucrados son las denominadas PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia): prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas, todos destinados a personas con discapacidad o enfermedades graves.
Esta semana además se incorporaron nuevos audios. En uno de ellos, atribuido a Pablo Atchabahian, se escucha una indicación que pareciera mantener la cohesión entre los involucrados. El mensaje está dirigido a Calvete y fue interpretado como una alerta interna cuando la estructura comenzaba a quedar expuesta: “Estamos todos alineados, hay que cerrar filas”, se lo escucha decir a Atchabahian. En el mensaje aparecen menciones a “el Pelado” -Spagnuolo-, “Caputito”, “Rioja” y “el Helvético”, además de referencias a Garbellini. Y una advertencia: evitar “una torpeza”.
Hay otro audio atribuido a Claudio Kahn, gerente de la Ortopedia Alemana. “Lo tengo preparado todo en pesos, si lo vas a querer en verde voy a tener que ir a una cueva”, dice en el mensaje, también dirigido a Calvete. Otra prueba de cómo se organizaban los pagos y señala las dificultades para conseguir dólares.
Fue a partir de estos elementos que Picardi y Rodríguez pidieron ampliar las indagatorias de Spagnuolo, Calvete y otras 27 personas. El dictamen fiscal define el funcionamiento del organismo con una frase precisa: la ANDIS operó como “una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado”. En la casa de Calvete además se hallaron cuadernos que funcionaban como registros internos de la operatoria: nombres de empresas, montos detallados, cálculos de diferencias. En varias anotaciones, además, se identifican porcentajes que indicarían cómo se repartían esas ganancias. Audios y cuadernos permiten reconstruir no solo los hechos, sino también el modo en que se organizaban. La hipótesis es que existía una estructura coordinada entre funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones dentro de la ANDIS.
El fiscal pidió llamar a indagatoria a Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella y Hernán Darío Rasmussen, entre otros. Entre los citados aparecen integrantes de las familias Sagués y Bernat, lo que sugiere que el negocio de proveer insumos a la ANDIS con sobreprecios era, en algunos casos, una empresa familiar. Para la fiscalía, más de 20 empresarios con más de 30 firmas habrían integrado el entramado, un dato que habla de la escala industrial de la corrupción investigada.
Lijo recibió el expediente con 19 procesamientos cuando asumió como subrogante del Juzgado Federal 11. Hasta febrero pasado tenía a cargo otro juez que actuaba como suplente, Sebastián Casanello. Además de las indagatorias, Lijo deberá evaluar si concede el pedido de inhibición general de bienes de un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, incluidas varias empresas vinculadas al rubro de insumos médicos.
