“Mi situación va de mal en peor”, comentó a PERFIL Graciela, quien en marzo de 2024 también fue contactada por PERFIL para consultarle acerca de su situación económica. Es jubilada, cobra la mínima, tiene 78 años y hoy –como en ese entonces– sigue haciendo trabajos particulares para poder subsistir.
Según el Indec, la pobreza entre las personas de más de 65 años cayó considerablemente: pasó del 17,6% al 9,7% entre el segundo semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025. El indicador se mide por capacidad de compra de los ingresos: el 68,3% de los jubilados del país, según las mismas estadísticas oficiales, cobra un haber equivalente a la mínima. El Boletín Estadístico de la Seguridad Social informaba que, para diciembre de 2025 (último dato disponible), 3,9 millones de jubilados recibían un promedio de $ 416 mil mensuales, y 534.279 pensionados un importe de $ 361 mil. Un adulto necesitó ese mes (de acuerdo con la canasta que mide el Indec) $ 423.532 para no caer bajo la línea de pobreza.
La UCA actualizó su informe sobre el haber mínimo jubilatorio real durante la posconvertibilidad con datos a febrero de 2026 y concluyó que, desde mediados de 2025, estos haberes vienen perdiendo cada vez más poder adquisitivo.
“En febrero de 2026 el haber mínimo jubilatorio fue de $ 359.254 sin bono compensatorio, y de $ 429.254 incluyendo el bono compensatorio de $ 70 mil. Esto representa una caída del 8,1% del haber bonificado en términos reales respecto del monto de junio de 2024, el punto más alto después del pico inflacionario de 2023-2024”, destacan. “En un contexto más amplio, el haber mínimo bonificado de febrero de 2026 fue un 20% superior a los $ 356.750 otorgados en febrero de 2024, el punto más bajo en los últimos años, y representó un 75% del haber mínimo promedio de 2018, último año sin bonos compensatorios”.
Fernando Gallegos Piderit, autor del documento de la UCA citado, aclaró a PERFIL que la medición de la evolución del valor del haber mínimo se mide con respecto al nivel de precios, tal como lo mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC). “El tema es que el IPC y la Canasta Básica Total (CBT), que es la que se utiliza para calcular el índice de pobreza, no tuvieron la misma evolución en ese período ya que hubo cambios en los precios relativos; la CBT aumentó menos entre mediados de 2024 y mediados de 2025 que el IPC”.
Por otro lado, aclaró que “la construcción de la Canasta Básica Total que se usa actualmente en el cálculo del índice está basada en la información de la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGho) de 2004-2005”. Esto significa, concluyó, “que los ingresos de los hogares se están juzgando según un patrón de gastos que se encuentra desactualizado y que, por lo tanto, se puede ver afectada la correspondencia entre el índice y la experiencia de los hogares en cuanto a su capacidad de consumo”.
Si la pobreza se mide por ingresos, la caída “no se entiende”, comentó en comunicación con PERFIL Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. En lo que a su experiencia y casos diarios atendidos respecta, la realidad es “totalmente lo contrario”, expresó. “Claro que es mucho más que el dato oficial. No está correcta la estimación. La pobreza no es ni remotamente del 9,7%”.
A la oficina de la Defensoría llegan todo tipo de casos, algunos relacionados con la pobreza por ingresos, otros tantos con lo que, salvo estimaciones privadas, no se mide: la pobreza de carácter multidimensional. El acceso a la salud es uno de los factores que debería entrar en esas estimaciones. “Hoy mismo llegaron casos de personas que debían operarse de temas serios esta semana, y cuyas intervenciones fueron suspendidas un día antes porque desde los sanatorios denuncian que el PAMI tiene una deuda importante con los insumos para poder realizarlas”, afirmó el gerontólogo.
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“Los proveedores nos confirmaron que efectivamente es así, que tienen una deuda de siete meses con ellos”, dijo Semino.
PERFIL se comunicó con fuentes del PAMI, quienes respondieron que “se está cumpliendo con los cronogramas de pagos establecidos con los prestadores” y que “más allá de alguna demora puntual que pueda existir, no hay deuda precedente ni existe una condición de cesación de pagos”. A la repregunta sobre la duración de las demoras puntuales señaladas respondieron que “no saben con exactitud, pero está dentro de los márgenes esperados”.
Además de las demoras y la falta de camas en lugares de internación, Semino aseveró que en el interior del país tienen muchas denuncias que afirman que, en lugar de ir a las viviendas, los pañales –cuyo sistema cambió de entrega en las farmacias al sistema puerta a puerta– son entregados por la empresa de transporte a los centros de jubilados. E incluso en los pueblos más chicos, con poca demanda, “como tienen que ir a un lugar que está a 30 kilómetros de donde está la empresa de logística por tres bolsones los dejan colgados”. Desde PAMI aseguraron a este medio no tener registro “sobre retrasos o cambios en la dispensa”.
