En una estación de servicio, pagué $2.100 –alrededor de 1,5 dólares– por un litro de combustible. Minutos después, compré una botella de 600 ml de agua por $1.800. Estamos dispuestos a pagar casi lo mismo por el agua que por la energía que mueve nuestras economías. Y, sin embargo, sin nafta podemos vivir toda una vida; sin agua, apenas unas horas.
Esa paradoja cotidiana es el síntoma de algo más profundo. De una civilización que gestiona como infinito lo que es finito, y como abundante lo que se agota.
El informe Global Water Bankruptcy de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que hemos ingresado en la era de la “bancarrota hídrica”. No se trata solo de escasez –situación que podría revertirse–, sino de un estado estructural donde el uso del agua ha superado los límites de regeneración natural, deteriorando de forma irreversible los sistemas que la producen.
Los datos son contundentes. Cerca de tres cuartas partes de la población mundial viven en países con inseguridad hídrica. Más de 2.200 millones carecen de acceso seguro a agua potable y 4 mil millones enfrentan escasez severa, al menos un mes al año. Más de la mitad de los grandes lagos del planeta han perdido volumen desde los años 90. Los acuíferos –de los que depende gran parte del consumo humano y agrícola– se están agotando. Y los glaciares, verdaderas reservas estratégicas de agua dulce, han perdido más del 30% de su masa en las últimas décadas.
Estamos viviendo, dice el informe, “más allá de nuestros medios hidrológicos”. Como en una economía en crisis, no solo gastamos los ingresos –lluvias y caudales renovables–, sino también los ahorros: acuíferos, glaciares, humedales. Y como toda bancarrota, el problema no es solo la escasez, sino la irreversibilidad. Hay daños que ya no pueden deshacerse en escalas de tiempo humanas.
Argentina no está al margen. La crisis hídrica ya golpea en cuatro frentes simultáneos: inundaciones cada vez más intensas que descargan en pocas horas el equivalente a un mes de lluvias; estrés hídrico creciente en Cuyo, el Comahue y la Patagonia, donde la reducción del stock glaciar compromete el agua para consumo, energía y producción; competencia feroz entre agricultura, consumo humano, minería y energía por un recurso cada vez más escaso; y contaminación extendida –arsénico, agroquímicos, metales pesados, microplásticos– que ya aparece en nuestra sangre.
Las cuencas hídricas estructuran y nutren nuestro territorio. Atraviesan jurisdicciones y son, en muchos casos, fuente de conflictos entre provincias hermanas. Su gobernanza está atomizada y es difusa: más de 15 organismos nacionales tienen alguna competencia en la gestión del recurso hídrico, pero carecemos todavía de una política integral para su gestión efectiva y sostenible.
No es solo una cuestión de gestión: es un derecho. En el fallo Kersich c/ ABSA (2014), la Corte Suprema reconoció el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y condición previa para el ejercicio de todos los demás derechos. Si la Jsticia ya lo definió así, ¿qué explica que la política pública siga tratándola como variable marginal?
Frente a este cuadro, la respuesta lógica sería fortalecer la protección de los activos hídricos estratégicos. Sin embargo, avanzamos en la dirección contraria: debilitando las normas que protegen glaciares y humedales –las reservas de agua dulce que ningún presupuesto nacional puede reponer.
La historia no deja lugar a dudas. Todas las civilizaciones se asentaron en torno a fuentes de agua de calidad. Y muchas colapsaron por no saber gestionarlas. Incluso en los conflictos más extremos de nuestro tiempo, como el de medio oriente, existe un límite tácito que casi nadie cruza: no atacar las plantas de potabilización. Porque destruir el agua es destruir la posibilidad misma de la vida.
Sin agua no hay sociedad. Y sin sociedad no hay economía. No hay riesgo país, ni crédito, ni inversión, ni desarrollo posible. El agua es la infraestructura de todas las infraestructuras.
En tiempos donde discutimos todo –inflación, deuda, seguridad– el agua brilla por su ausencia en el debate público. No tiene lobby. No cotiza en bolsa. No genera titulares. Hasta que falta o sobra.
El día que el agua valga más que el oro en los mercados financieros, ya será demasiado tarde para actuar. La pregunta no es si llegará ese momento. Es cómo queremos estar cuando llegue.
*Exsecretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Docente Unsam.
