El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso eliminar, a partir de hoy, una exigencia adicional de capital que encarecía el crédito destinado a grandes productores agropecuarios. La medida deja sin efecto una penalización -establecida en el gobierno de Alberto Fernández- que obligaba a las entidades financieras a multiplicar por cuatro el riesgo de esas financiaciones cuando los clientes mantenían acopio de granos.
La decisión fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8418, en la que la autoridad monetaria establece “dejar sin efecto las disposiciones que refieren a la mayor exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito sobre las financiaciones a clientes con actividad agrícola no MiPyME que mantienen acopios de su producción superiores al 5% de su capacidad de cosecha anual”.
La normativa implicaba que los bancos debían aplicar un factor de multiplicación de 4 sobre el capital exigido para este tipo de préstamos. En la práctica, esto encarecía el acceso al financiamiento para grandes productores que retenían parte de su cosecha, ya que elevaba el costo del crédito o directamente restringía su disponibilidad.
La exigencia adicional ya había perdido vigencia en los hechos, ya que el BCRA no la había renovado, por lo que los productores podían acceder al crédito sin las restricciones previas, según aclararon en el sector de la producción. En este marco, la Comunicación “A” 8418 viene a formalizar su eliminación definitiva dentro del esquema normativo. “Había quedado pendiente y ahora se pudo dar de baja”, aclararon fuentes consultadas.
La regulación alcanzaba a productores no considerados MiPyME que mantuvieran acopio de granos por encima del 5% de su capacidad anual de cosecha. Según el texto ordenado de la normativa, esta penalización venía aplicándose sobre financiaciones otorgadas desde mayo de 2020 y se mantuvo vigente —con distintos alcances— hasta abril de 2026.
La eliminación de este requisito del BCRA apunta a facilitar el acceso al crédito en el sector agropecuario y, al mismo tiempo, quitar distorsiones que podían influir sobre las decisiones comerciales de los productores, particularmente en lo referido a la venta o retención de granos.
La normativa establecía que la penalización sobre el crédito a grandes productores agropecuarios con acopio de granos comenzó a regir para financiaciones otorgadas desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 31 de octubre de 2024, y luego fue actualizada para continuar aplicándose —ya específicamente sobre créditos en pesos— desde el 1° de noviembre de 2024 hasta el 10 de abril de 2026. A partir de esta fecha el BCRA dispuso su eliminación definitiva.
La exigencia que ahora se elimina obligaba a los productores a vender sus granos en lugar de recurrir al financiamiento bancario. Es decir, funcionaba como un mecanismo indirecto para incentivar la comercialización.
Luego de conocerse la noticia, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, uno de los que había pedido al gobierno nacional su eliminación, señaló: “Hoy tenemos una noticia fundamental para el motor productivo de Santa Fe y del país. Con la publicación de la Comunicación ‘A’ 8418 del Banco Central, el gobierno nacional le pone fin a una normativa profundamente distorsiva y discriminatoria. A partir de hoy, se elimina definitivamente la exigencia que encarecía artificialmente el crédito a nuestros productores”.
En esa línea remarcó: “Venimos de años donde el Estado decidió tratar al campo como a un enemigo. A través de normativas como las Comunicaciones 7600 y 7931, que se prorrogaban sistemáticamente, se le imponía una sobretasa de hasta el 20% a quienes tenían más del 5% de su soja en acopio. Era un castigo directo a la administración natural del riesgo agrícola. Se penalizaba al productor por cuidar su moneda de cambio, su reserva de valor y el respaldo de su trabajo frente a las inclemencias del clima y la economía”.
“Este es el momento exacto donde el productor santafesino necesita sentarse a planificar la próxima siembra, adquirir tecnología, renovar su flota y reponer capital de trabajo. Enterrar esta sobretasa hoy significa que el crédito deja de ser un mecanismo de asfixia y vuelve a ser lo que siempre debió ser: una palanca para el desarrollo”, observó.
Según dijo, en Santa Fe celebran esta medida porque devuelve la normalidad financiera. “Un productor que hace bien las cosas, que gestiona sus granos de manera eficiente, no puede tener un banco cobrándole un peaje extra. Al remover estas trabas absurdas, logramos que el esfuerzo del campo vaya directo a la inversión, a la compra de maquinaria y a generar más trabajo en nuestra provincia”, afirmó.
Vale recordar que la Sociedad Rural Argentina (SRA) había señalado que las autoridades actuales han hecho una serie de movimientos positivos hacia políticas de Estado fundamentales, junto con la última actividad legislativa y los postulados del Pacto de Mayo. “Se han eliminado fideicomisos y restricciones a la importación y a la exportación, ha habido una apertura en el mercado, se han reducido aranceles, se ha prorrogado la quita de las retenciones al sector lácteo, y se ha eliminado la sobretasa en los préstamos financieros a los tenedores de soja”, afirmaron.
Por otra parte, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Luis Picat, señaló que la eliminación de esta Comunicación es parte de un proceso más profundo. “Durante años, el sector agropecuario no solo enfrentó una presión impositiva descomunal, sino también una arquitectura regulatoria que utilizaba al sistema financiero y administrativo como herramientas de presión política de un gobierno que buscaba un enemigo en los sectores del agro”, apuntó.
Por otra parte, agregó que la formalización de la eliminación de la mencionada comunicación desmantela un sistema de castigos financieros, eliminando definitivamente el recargo de capital para los productores con acopio de granos, y sepultando una herramienta de presión que distorsionó el mercado crediticio durante años. “El primer gran paso de la desregulación se dio el año pasado, cuando el BCRA eliminó la prohibición que impedía a los bancos otorgar financiamiento en condiciones normales a productores que conservaran más del 5% de su cosecha. Aquella medida permitió que el productor volviera a ser sujeto de crédito sin ser forzado a liquidar su stock de manera compulsiva”, dijo.
Lo que restaba era la penalización indirecta. “Aunque el productor ya podía pedir prestado, la normativa obligaba a los bancos a cuadruplicar el riesgo de esas operaciones. Esto encarecía la tasa de interés ya que el banco debía inmovilizar más recursos propios para prestar el mismo peso. Su eliminación es la culminación de un giro de 180 grados en la política monetaria respecto al campo, mantenerla en el esquema normativo era dejar una puerta abierta a la discrecionalidad futura. Es un triunfo del federalismo productivo, el sector agropecuario recupera la previsibilidad necesaria para encarar las próximas campañas sin el peso de una mochila regulatoria arbitraria", cerró.
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