La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este jueves que marchará a la Plaza de Mayo el próximo 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. El anuncio se concretó tras una reunión del consejo directivo en la sede de Azopardo 802, donde la plana mayor de la central obrera coincidió en advertir un “aumento del malestar social” a raíz del rumbo económico del Gobierno.
“Hemos decidido, en conmemoración con el próximo Día del Trabajador, que vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril a las 15 horas, en la cual también se va también a llevar una celebración religiosa ecuménica, conmemorando al Papa Francisco y la relación que ha tenido en defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales”, confirmó el triunviro Jorge Sola.
La convocatoria de la CGT confluirá con sectores de la Iglesia, según anticiparon dirigentes sindicales a LA NACION. “La idea es hacer una misa y una movilización por paz, pan y trabajo a Plaza de Mayo”, aseguraron fuentes al tanto de las conversaciones.
El foco de la demostración estará nuevamente apalancado en la situación económica del país, bajo el argumento de que “cada vez menos trabajadores llegan a fin de mes” y la retracción del sistema productivo por “el cierre de más de 21 mil empresas en dos años”, según argumentaron los sindicalistas.
“Hay malestar social porque los trabajadores no llegan a fin de mes, no pueden mantener la la educación de sus hijos, o comienzan a consumir más hidratos de carbono antes que carne, porque efectivamente no le alcanza la guita, o porque ya la búsqueda no es en la góndola de más arriba, sino en la góndola de más abajo, donde están los precios más bajos. Eso genera mal humor social”, sostuvo Sola.
En el Salón Ubaldini, ubicado en el cuarto piso del edificio, la cumbre duró casi cuatro horas y estuvo integrada por una treintena de dirigentes. La encabezó el triunvirato conformado por Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), y participaron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Maia Volcovinsky (Judiciales) y Juan Carlos Schmid (CATT).
En la CGT evalúan que la inflación no registra una caída desde hace 9 meses, lo que ha sumado presión sobre una de las banderas de la gestión libertaria. Paralelamente, la Casa Rosada atraviesa una sangría de su capital político, desatada hace un mes por el avance de la causa judicial sobre el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y bienes.
Consultado por el caso Adorni, Sola afirmó que “no hubo tratamiento sobre la situación del jefe de gabinete” durante la reunión del consejo directivo, pero marcó que el funcionario “tiene que explicar su situación” y exigió que brinde “mayores conferencias de prensa, como hacía antes”.
Si bien la economía argentina cerró el año pasado con un crecimiento acumulado de 4,4%, como lo informó el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), el aumento estuvo apalancado en sectores puntuales, como es el caso del campo. Mientras que el sector industrial, base de los principales sindicatos de la CGT, viene en caída.
En la última actualización del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), dependiente de la Secretaría de Trabajo, en los últimos dos años se perdieron 192.328 puestos de asalariados privados y 79.620 públicos. En paralelo, según datos del Indec, en diciembre de 2025 la capacidad instalada industrial cayó al 53.8%, más de tres puntos respecto al mismo mes en 2024.
En la cumbre se repasaron los últimos avances sobre la reforma laboral tras la decisión de la Justicia de pausar numerosos artículos. Tras la derrota en el Congreso, donde el oficialismo logró la aprobación de la reforma, aunque con diversas concesiones en la conformación del texto final, la CGT dio un paso adelante en el ámbito judicial a finales de marzo, cuando el juez Raúl Horacio Ojeda, del juzgado del Trabajo N° 63, le dio lugar a una medida cautelar para suspender 82 artículos.
“Tenemos un fuerte convencimiento de la inconstitucionalidad que estamos reclamando. Primero, por la violación del principio protectorio del derecho del trabajo, donde en una relación contractual siempre el trabajador es la parte más débil y es la que debe protegerse, cuestión que esta ley no hace. Este convencimiento lo hemos llevado adelante, el juez Ojeda lo ha tenido en cuenta, y creemos que la Cámara de Apelaciones también lo va a sostener”, remarcó Sola.
La decisión, apelada por el Gobierno, traba puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo.
La reunión de la CGT se desarrolló en un escenario de creciente tensión en el sector del transporte, atravesado por una combinación de factores económicos y laborales que afectaron el funcionamiento del sistema en los últimos días. El aumento sostenido del precio del combustible —con subas cercanas al 25% en el último mes—, junto con demoras y recortes en los subsidios estatales, profundizó el desfasaje entre costos e ingresos y derivó en una crisis financiera para las empresas. En ese marco, las cámaras del sector avanzaron con una reducción de hasta el 30% en la frecuencia de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En paralelo, los gremios intensificaron sus medidas de presión y dispusieron retenciones de tareas desde la madrugada del martes, lo que agravó el impacto sobre el servicio. Entre ellos, se destacó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de unas 300 líneas en la región metropolitana y mantiene una relación distante con la actual conducción de la central obrera. El mayor sindicato de colectiveros denunció incumplimientos en el pago de salarios del último mes, una situación que terminó de resentir la prestación y profundizó el foco de conflicto en un sistema que atraviesa un momento de alta tensión.
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