En un marco en que los productores agropecuarios denuncian la falta de inversión en caminos y por ende, el mal estado de éstos, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás falló contra el municipio de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, para que informe el uso de los fondos provenientes de la tasa vial que cobra a los productores rurales, que ascienden a $1.000 millones.
El pedido de información pública fue realizado por la Sociedad Rural de Baradero, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidieron recurrir a la vía judicial. Según precisa el fallo de los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, el municipio, encabezado por Esteban Sanzio, deberá proporcionar el listado de cheques, de transferencias y la matriz de costos de la tasa.
El presidente de dicha entidad, Pablo Roller, contó que “durante años no se hizo nada. Hay caminos que se encuentran completamente intransitables: no se puede transportar hacienda, hay chicos que no pueden asistir al colegio y personas que viven en el campo sin posibilidad de salir. Se trata de una red de 600 kilómetros, de los cuales, en los últimos siete años, no se han reparado ni mantenido siquiera 200 kilómetros”.
“La verdad es un desastre y además del cobro de la tasa vial, el municipio recibe el aporte que le hace el fisco provincial por el impuesto inmobiliario”, resaltó.
“Los municipios no recaudan en función del servicio que te prestan, sino que en función de lo que necesitan para pagar sueldos y otras cuestiones que nada tienen que ver con esta tasa”, consideró.
A su vez, Roller aseguró que el pago “es un chino porque la tasa es variable de acuerdo a, por ejemplo, la cantidad de hectáreas del campo”.
Baradero no es un caso aislado: productores de varios municipios de la provincia de Buenos Aires están exigiendo transparencia sobre la recaudación y el gasto de este cargo, utilizando el acceso a la información pública.
Es el caso de Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson, donde se presentaron pedidos a las autoridades y, tras negativas, recurrieron a la Justicia, obteniendo fallos favorables en varios casos que les permiten acceder a la información solicitada.
Pablo Abdon, abogado a cargo de estas causas, señaló: “Con la herramienta republicana del pedido de acceso a la información pública, se solicita rendición de cuentas sobre tres ejes fundamentales vinculados a la tasa vial: en primer lugar, cuánto se recauda por este concepto; en segundo lugar, cuánto se destina efectivamente al mantenimiento y mejora de los caminos rurales; y, en tercer lugar, cuál es la matriz de costos utilizada para su determinación”.
“Estos tres puntos son esenciales para evaluar la razonabilidad de la tasa. Dado que se trata de un tributo cuya naturaleza implica la contraprestación de un servicio, los productores de distintos municipios sostienen que, para poder cobrarla, es imprescindible calcular previamente cuánto costará brindar ese servicio. Y ese cálculo, necesariamente, debe estar debidamente elaborado y disponible”, explicó.
En el caso puntual de Baradero, Abdon indicó que en primer lugar, lo que se busca es que se rindan cuentas. En efecto, esto puede formar parte de una estrategia de más largo plazo y funciona, en cierta medida, como un adelantamiento de prueba.
Una vez que se cuente con la información y los números concretos, se evaluarán los pasos a seguir. Por un lado, podría solicitarse la devolución de la tasa vial si se detectan inconsistencias o desvíos. Ante la eventual verificación de una indebida utilización de fondos, también podría impulsarse una acción en la justicia penal.
Recientemente, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen sentó un precedente al resolver que el municipio de Daireaux debe reintegrar a productores rurales sumas percibidas en concepto de tasa vial.
La decisión se fundamentó en la verificación de graves deficiencias en el mantenimiento de los caminos rurales, así como en el desvío de fondos hacia finalidades ajenas al sistema vial.
El fallo, dictado por el juez Pablo Cristián Germain, puso el foco en la ausencia de una contraprestación efectiva del servicio y en el uso indebido de los recursos recaudados.
El informe presentado en el juzgado arrojó que el 96% de la red analizada presentaba deficiencias relevantes, entre ellas acumulación de agua y ahuellamientos, lo que impedía la circulación.
