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Para el Banco Mundial, los más de 50 años en los que Argentina intentó fomentar la producción nacional de bienes en Tierra del Fuego representan el claro ejemplo de "una política industrial fallida". El organismo criticó con dureza el régimen fiscal de la provincia más austral del país y advirtió que ha estado empañado por interferencias políticas y errores de diseño básicos que han persistido durante décadas.
Creado en 1972, y modificado en 2025 por el Gobierno de Javier Milei, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tiene para el Banco Mundial "fallas fundamentales de diseño" y se vio afectado por la "interferencia política".
En un apartado de su informe semestral "Panorama Económico de América Latina y el Caribe" presentado este miércoles, el organismo presidido por Ajay Banga, destacó: "El apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia (cláusulas de caducidad) puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial".
Para el BM, aunque el régimen fueguino "buscó aprovechar la ubicación estratégica de la región estimulando el crecimiento demográfico y el empleo a través de un amplio paquete de exenciones fiscales y beneficios comerciales para los bienes fabricados", resultó en elevados costos fiscales para Argentina sin mayores resultados.
"Su estructura de incentivos mal concebida ha generado un costo fiscal sustancial para el gobierno argentino — estimado en US$ 1.070 millones anuales— sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas", subrayó.
La decisión del Gobierno de extender el funcionamiento de este régimen hasta 2038 también fue cuestionada por el organismo. Para el BM esto se hizo sin establecer condiciones claras ni un plan de transición. "Las exenciones arancelarias a las importaciones en el archipiélago brindan a las empresas participantes una ventaja de costos sobre los productores de la Argentina continental", destacó.
Al mismo tiempo, el BM destacó que la existencia del IVA, que apunta a compensar la creación de valor en Tierra del Fuego, "no fomenta la innovación en la práctica porque las empresas locales generan poco o ningún valor agregado real".
En ese sentido, el organismo redondeó: "La combinación de estos incentivos alienta a las empresas a importar grandes volúmenes de insumos libres de derechos y revenderlos al continente a precios más altos, al tiempo que reclaman los beneficios fiscales asociados. Esta estructura no solo induce distorsiones en el mercado, sino que también afianza una carga fiscal cada vez mayor sobre el gobierno".
"Las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales, más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica. Esta dinámica refuerza la dependencia del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo de mantener el régimen, lo que pone de relieve los desafíos de revertir políticas industriales arraigadas pero ineficaces", finalizó el apartado.
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