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El fuerte aumento de los combustibles en la Argentina, impulsado el conflicto en Medio Oriente, reactivó el debate por el rol de los biocombustibles y aceleró los reclamos del sector para avanzar en una nueva ley que permita ampliar su participación en la matriz energética.
La suba internacional del petróleo impacta directamente en los precios locales. De todas maneras, este martes por la noche la cotización del barril se había desplomado tras el anunció de alto el fuego por dos semanas entre Estados Unidos, y la apertura del estrecho de Ormuz, pero la incertidumbre geopolítica continúa.
En ese escenario, distintos actores de la agroindustria coinciden en que el país cuenta con capacidad suficiente para amortiguar esos efectos mediante una mayor utilización de biodiésel y bioetanol.
Actualmente rige la Ley 27.640, sancionada en 2021 y vigente hasta 2030, que redujo el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 10% al 5% en un primer momento y hoy se ubica en torno al 7,5% y mantuvo el bioetanol en el 12%, dividido entre maíz y caña de azúcar en partes iguales.
Sin embargo, según fuentes del Congreso Nacional consultadas por Clarín Rural, el Ejecutivo todavía no ha avanzado con la nueva ley de biocombustibles.
En ese marco, el presidente de Ciara-Cec, Gustavo Idígoras, planteó la necesidad de avanzar con urgencia en una nueva normativa. “El usuario no puede estar pagando 15% más por el gasoil cuando tenemos plantas de biodiésel que podrían abastecer el mercado interno. Es una emergencia nacional”, afirmó.
Según explicó en Radio Continental, la Argentina posee una capacidad instalada de producción de biodiésel cuatro veces superior al consumo interno de gasoil, lo que permitiría sustituir importaciones sin presionar sobre los precios.
“No necesitamos importar si aprovechamos nuestra capacidad instalada. Pero para eso hace falta una ley que fomente la libre competencia”, insistió Idígoras.
En esta línea, el presidente de Carbio, Luis Zubizarreta, coincidió en la necesidad de elevar los cortes y modificar el esquema regulatorio. “Hoy el biodiésel en el mercado libre ya es más barato que el gasoil importado y hasta un 20% más bajo que el precio regulado. Eso demuestra que hay margen para bajar costos si se libera el mercado”, sostuvo.
El dirigente puso el foco en el sistema de cupos vigente, que fija volúmenes y precios para determinadas plantas. “Hay que salir de ese esquema en el mediano plazo. No todos están de acuerdo porque algunos se benefician del sistema actual, pero es una decisión política clave”, advirtió.
Cabe recordar que las empresas exportadoras de biodiesel en Argentina no pueden participar en el mercado interno, el cual está reservado para las pymes.
El frente externo, en tanto, suma presión sobre el sector. La Unión Europea avanza con restricciones ambientales que podrían bloquear el ingreso del biodiésel argentino en un mercado de 350 a 400 millones de dólares anuales, al considerar a la soja como cultivo de “alto riesgo” por deforestación. A esto se suma el cierre del mercado estadounidense desde 2017, con aranceles de hasta 150%, y las restricciones impuestas por Perú.
En tanto, desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), institución que agrupa a las empresas productoras de biocombustibles de la provincia, aseguran que el biodiesel puede desempeñar un rol clave para amortiguar el impacto en los combustibles en Argentina.
El biodiesel permite reducir la dependencia de importaciones de gasoil y generar valor agregado local, especialmente en provincias como Santa Fe, donde se concentra gran parte de la capacidad productiva del país.
“Es fundamental entender que más biodiesel obligatorio en las mezclas asegura hoy una baja en el precio del surtidor. Las promesas de las petroleras de mantener los precios por 45 días es por las mayores mezclas que puedan hacerse de biodiesel y bioetanol”, señaló Marcelo Kusznierz, presidente de CASFER.
Desde la entidad remarcan que Argentina cuenta con capacidad instalada suficiente para incrementar la producción de biodiesel y así contribuir a estabilizar el mercado interno, en un escenario internacional marcado por la volatilidad energética.
En ese sentido, advierten que la actual coyuntura representa una oportunidad estratégica para fortalecer la producción nacional de biocombustibles y avanzar en una mayor soberanía energética.
En paralelo, comienzan a delinearse algunos aspectos del nuevo marco regulatorio. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara del Bioetanol de Maíz, aseguró que trabajan junto al Gobierno para llegar al Congreso con un proyecto consensuado que apunte a desregular el sector, fomentar la competencia y elevar el corte de bioetanol al 15%, además de crear un mercado libre por encima del obligatorio mediante licitaciones por precio y volumen.
De hecho, el Gobierno ya dio un primer paso en esa dirección. A través de la Resolución 79/2026, habilitó de manera voluntaria a las petroleras a aumentar el corte de bioetanol en naftas del 12% al 15% por un ajuste técnico lleva el límite máximo de oxígeno. La medida fue respaldada por la industria, que la considera clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y mitigar el impacto de la volatilidad internacional. En el caso del biodiésel ya regía una norma que alcanza el corte hasta un 20% en el gasoil.
Desde dicha cámara y el Centro Azucarero Argentino destacaron que el país produce alrededor de 1,2 millones de metros cúbicos anuales y cuenta con capacidad disponible para crecer en el corto plazo. Además, subrayaron que el bioetanol mejora el octanaje, reduce emisiones y fortalece las economías regionales. En total, hay 6 plantas de bioetanol a base de maíz y 11 plantas de bioetanol a base de caña de azúcar
En el norte argentino, el impacto de estos cambios se vive con especial intensidad. El empresario Jorge Rocchia Ferro detalló que el sector produce cerca de 600 millones de litros anuales de bioetanol a base de caña de azúcar y que existen planes de expansión tanto en superficie como en capacidad industrial.
Sin embargo, fue claro sobre los límites actuales: “El 12% hoy se cubre con un 6% de caña y un 6% de maíz. Ese 3% adicional del corte voluntario va a ser absorbido por el maíz, porque el azúcar no tiene hoy capacidad para aumentar su producción en el corto plazo”, señaló el titular de Compañía Azucarera Los Balcanes, firma que opera tres ingenios: La Florida, Cruz Alta y Aguilares.
En ese sentido, Rocchia Ferro indicó que el crecimiento del sector azucarero requiere inversiones de mayor escala. “Hoy tenemos unas 300.000 hectáreas de caña y estamos evaluando llevarlas a 330.000 o 340.000 en Tucumán, incluso con nuevas tecnologías como la caña transgénica, pero eso lleva tiempo”, afirmó. A nivel país, sumando Salta y Jujuy, la superficie total ronda las 480.000 hectáreas.
Sin embargo, el crecimiento enfrenta obstáculos. “No hay seguridad jurídica. El precio lo da la Secretaría de Energía y tiene una polinómica que está dando valores cercanos a 1.280 pesos por litro, pero se está pagando alrededor de 1.000. Eso desalienta cualquier inversión”, cuestionó.
El empresario, quien también preside la Unión Industrial de Tucumán, describió una coyuntura compleja para el sector azucarero: precios internacionales deprimidos, caída del consumo interno, dificultades para colocar producción y plazos de pago que se estiran hasta 120 días. “Estamos sosteniendo el equilibrio entre exportaciones, mercado interno y etanol, pero la situación es muy ajustada”, indicó.
En ese contexto, insistió en la necesidad de reglas claras y previsibilidad. “Todo lo que nos dé seguridad para invertir, lo vamos a acompañar. Pero hoy no hay políticas claras y eso complica el desarrollo del norte argentino”, concluyó.
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