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El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) rechazó el pedido del fiscal general Diego Velasco que tenía un único objetivo: que se imprima celeridad al proceso y se fije la fecha de inicio del juicio que tendrá en el banquillo de los acusados a Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros, por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas. El ex contador de la familia Kirchner había solicitado que se comience con el debate.
El 5 de marzo, Velasco pidió al Tribunal que con "premura" se avance hacia el debate público.
"La trascendencia pública y el interés ciudadano por esclarecer estos hechos tornan necesaria la premura en definir la situación procesal de los aquí imputados con todas las garantías que el debate oral y público les confiere sino hasta el 2026, pese a que la Corte Suprema reabrió el caso en diciembre pasado", había manifestado Velasco en aquella ocasión.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que "el retraso responde a una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces que no ingresará sino hasta el próximo año. Además, habrá cambios en la conformación del Tribunal que tendrá a cargo el debate oral y público".
Efectivamente, el TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, aguarda la culminación de una pericia contable sobre una de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado.
El fiscal entiende que, pese a que ese trabajo pendiente ha sufrido varios traspiés -documentación faltante, peritos contables que se corrieron del cargo, pedidos a la provincia de Santa Cruz que no fueron respondidos- el juicio podría iniciar de todas maneras.
A estos argumentos adhirió el abogado Roberto Herrera, defensor de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner. Ante la consulta de Clarín, señaló que es importante dar inicio al debate oral y público, porque “lleva más de ochos años, además porque la imputados están con un procesamiento, inhibición, embargos. Si olvidar que Manzanares estuvo preso. ¿Qué más se puede esperar?, la única forma de demostrar las cosas es en el debate”.
El defensor también recordó que “no se aplicó una misma vara en este caso, Manzanares estuvo dos años preso, Cristina y Máximo ni un solo día”.
Pese a los argumentos esgrimidos, el TOF 5 rechazó fijar la fecha de inicio del debate oral y público.
En su argumentación, el juez Michilini retomó una de las premisas de la fiscalía respecto al interés ciudadano y la trascendencia pública del expediente por lavado de dinero, “no son factores o índices de premura y no pueden ir en detrimento de las condiciones necesarias que establece nuestro código de rito para la fijación de un debate, máxime cuando la norma procesal tiene el interés de proteger el derecho de defensa en juicio”.
En esa línea argumental, entendió que las medidas pendientes “pueden influir y determinar la estrategia de defensa a emplear, sobre todo en el inicio del debate, donde se prevé el planteamiento de cuestiones preliminares y se llama a indagatorias a los acusados”.
Debe señalarse -amplió el magistrado- que la trascendencia pública que puedan tener este caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner “no debe trasladarse al proceso de toma de decisiones por parte de los firmantes en detrimento a las garantías procesales que rigen nuestra materia”.
Acceder a lo peticionado por el fiscal, se indicó, “resultaría violatorio de las normas procesales vigentes, y además implicaría poner eventualmente en riesgo la validez de estas actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas”.
La prioridad, enfatizó el TOF 5 con el voto del juez Machado Pelloni, es el “control de legalidad del procedimiento, observando con particular celo el cumplimiento estricto de las formas y garantías previstas por el ordenamiento ritual”.
El Tribunal resolvió esperar que terminen las medidas de prueba preliminares ordenadas cuando la Corte Suprema -a finales de 2024- ordenó la realización del juicio a los 16 imputados.
Por ese motivo, los jueces “no autorizan a flexibilizar las exigencias normativas, sino que imponen reforzarlas, pues la legitimidad de la actuación jurisdiccional se asienta, de modo insoslayable, en el respeto de las reglas que estructuran el debido proceso”.
De otro modo, versa la resolución, “se correría el riesgo de sacrificar garantías esenciales en aras de una pretendida celeridad o utilidad, invirtiendo indebidamente la lógica del sistema, cuyo eje no es otro que la tutela efectiva del derecho de defensa en juicio y la preservación de un proceso regular, válido y constitucionalmente adecuado”.
Al concluir la explicación en la que funda la decisión de no iniciar aún el juicio, los integrantes del TOF 5 señalaron que resultaría “por demás inapropiado iniciar un debate, recibir las correspondientes declaraciones indagatorias e incluso iniciar la prueba testimonial sin que se hayan culminado las medidas de prueba pendientes, pues estas no solo pueden influir en la estrategia y teoría del caso que escoja cada una de las partes, sino que a su vez, limita un correcto control de la prueba que se produzca en el debate”.
El expediente se concentró en las empresas de la familia Kirchner Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó "con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario", según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para "devolver" a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral tienen condena firme.
Los imputados también están acusados por haber recibido dádivas, ya que Cristina era la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado, pero se unificaron en la instancia de elevación a juicio oral, y es el TOF 5 el responsable de realizar el debate.
Velasco, que será el fiscal del juicio, solicitó una batería de medidas de cara al debate público, que se cursaron a lo largo de varios meses. Pero una de ellas le otorgó más tiempo a Cristina Kirchner.
Son dos las pericias contables que se requirieron. La primera de ellas ya fue entregada, tal como reveló Clarín. El trabajo sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera con Valle Mitre SRL. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista.
La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces. Lo que ocurrió, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, es que algunos peritos cambiaron y el informe final no ingresará al TOF 5 antes de marzo próximo.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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